EN LA SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES

Pablo Sánchez tiene pendientes 14 denuncias

Lo acusan desde conformar una organización ilícita hasta haber puesto en peligro la vida de un colaborador eficaz.

  • Fecha Lunes 14 de Enero del 2019
  • Fecha 6:05 am




La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales analizará cada una de las 24 denuncias contra los miembros del Ministerio Público, de las cuales 14 fueron presentadas en contra del ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, así como de varios fiscales supremos desde el año 2017.

Entre los fiscales supremos cuyo destino depende de la decisión de los integrantes del grupo especial congresal, están Víctor Raúl Rodríguez Monteza, Tomás Aladino Gálvez Villegas, Pedro Chávarry Vallejos y los ex fiscales de la Nación José Peláez Bardales y Gladys Echaíz Ramos.

Las acusaciones contra Pablo Sánchez fueron presentadas desde agosto de 2017 y continuaron hasta el 2018. Lo mismo sucedió con las denuncias en contra de los demás representantes del Ministerio Público que se fueron acumulando en la subcomisión y durmieron el sueño de los justos, hasta que las bancadas pidieron revisar los casos de Pedro Chávarry.

Lo que sorprende es que la mayoría de bancadas y en especial la oficialista y las de tendencia izquierdista, pidan la cabeza de Pedro Chávarry, pero quien más cuestionamientos tiene es su antecesor Pablo Sánchez, por quien dichos parlamentarios guardan un silencio casi sepulcral.

¿ORGANIZACIÓN CRIMINAL?

Entre las denuncias pendientes de calificación está la Nº 136 presentada el 25 de agosto de 2017 y hecha por el ciudadano Vicente Díaz Arce contra el entonces fiscal de la Nación Sánchez por la presunta omisión del ejercicio de la acción penal, estipulada en el artículo 424º del Código Penal (CP).

¿La razón? Supuestamente haber omitido su función de persecutor del delito desconociendo su deber de ejercitar la acción penal.

Le sigue la acusación Nº 157 del ciudadano Eber Humberto Cabañas López en contra de Sánchez, presentada el 1 de diciembre de 2017, por la presunta infracción constitucional de los principios de independencia, imparcialidad y tutela de la recta administración de Justicia, señaladas en los artículo 139º y 159º y artículo 39º sobre la buena administración y de prescripción de la corrupción. Ello al supuestamente no haber tomado las acciones necesarias en la lucha contra la corrupción.

También se encuentra la denuncia constitucional Nº 161 hecha doce días después, el  13 de diciembre pasado, por los ciudadanos Vicente Díaz Arce y Elizabeth Amanda Palomino Córdova en contra de los entonces ministros del Interior y el fiscal de la Nación, Carlos Basombrío y Pablo Sánchez, respectivamente.

Esto por la presunta infracción constitucional, artículo 2º inciso 24, y la supuesta comisión del delito contra la administración de justicia en la modalidad de abuso de autoridad, artículo 376º del Código Penal.

El motivo es el haber presuntamente afectado el derecho a la presunción de inocencia y declarado que los denunciantes son parte de una organización criminal sin existir una sentencia firme.

Un día después, el 14 de diciembre del mismo año, ingresa la denuncia constitucional del ciudadano Fernando Villarreal Zavala, apoderado de Vigilancia Integral Corporativa SAC, contra Sánchez por la presunta comisión del delito de crimen organizado, tipificado en la Ley Nº 30077, artículo 2.

Asimismo por los delitos de secuestro, contra la fe pública, estafa agravada, cohecho activo específico, prevaricato, abuso de autoridad y lavado de activos, artículos 152º, 427º y 428º, 196º y 196º-A, 395º,  418º y 376º del Código Penal.

Lo denuncian por supuestamente integrar una organización criminal y concertar con un estudio de abogados y dejar en la impunidad graves delitos.

Luego, seis días después, el 22 de diciembre, se presenta la denuncia Nº 164 rubricada por la ciudadana Rocío Estefanía Saavedra Duarte, siempre contra Pablo Sánchez y el fiscal adjunto supremo titular, Jorge Bernal Cavero, por la supuesta infracción constitucional a los artículos 39º, 138º, 139º incisos 3, 5, 8 (7 y 20) y 2º del CP.

Saavedra Duarte lo acusa por el hecho de que habría dejado de emitir un pronunciamiento de ley al formular una resolución en perjuicio de la denunciada.

Pero las denuncias continúan. El 26 de diciembre de 2017, cuatro días después, ingresa la denuncia constitucional Nº 167 del ciudadano Raúl Arca Araníbar contra el citado fiscal por la presunta comisión de encubrimiento de los delitos de traición a la patria, crimen organizado y espionaje.

Solicita al entonces fiscal de la Nación que se oficie para que responda al Congreso de la República por qué no resuelve sus múltiples denuncias.

TAMBIÉN EN 2018

El 27 de febrero de 2018, lo denuncia constitucionalmente el ciudadano Jorge Virgilio Chimpay Caja al presuntamente no haber fiscalizado a sus colegas del interior del país.

Al igual que en el 2017, las acusaciones contra Sánchez no cesan. El 1 de marzo de 2018, el ciudadano Humberto Armando Rodríguez Cena le presenta la denuncia Nº 183 en su contra, pero también incrimina al juez supremo Luis Alberto Cevallos Vegas por la presunta infracción constitucional al artículo 146 inciso 3.

También por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, omisión de funciones, malversación y peculado, asociación ilícita para delinquir, tráfico de influencias, encubrimiento real y encubrimiento personal.

Todo al supuestamente haber sufrido una persecución política y judicial por el Ministerio Público en represalia de sus denuncias contra otro familiar de Pablo Sánchez Velarde.

El 23 de marzo del mismo año ingresa la acusación Nº 191 del ciudadano Aureliano Pascacio Ángeles Bonilla contra Sánchez Velarde por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal agravado y omisión del ejercicio de la acción penal artículo 404º y 424º del Código Penal.

Lo denuncia porque habría dispuesto que su solicitud de colaboración eficaz sea vista por un fiscal de Chiclayo, poniendo en riesgo su vida.

OTRAS DENUNCIAS

La denuncia constitucional Nº 238 fue hecha por la ciudadana Virginia Delgado Berlanga y Jesús Linares Cornejo. El documento ingresó el 21 de agosto, pero esta vez acusa a Pedro Chávarry, fiscal supremo; Alan García Pérez, expresidente; Raúl Rodríguez Montesa, vocal supremo, y Pablo Sánchez, fiscal supremo.

Ello, por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal contra la fe pública, falsificación de poder y procesos judiciales, encubrimiento agravado, omisión de denuncia y prevaricato, al haber presuntamente una organización ilícita conformada por los denunciados con la finalidad de robar una empresa inmobiliaria, Oropesa S.A., y su activo el edificio de la avenida Tacna y Emancipación del Cercado de Lima desde el año 1982 hasta la fecha.

Casi dos meses después, la congresista Yeni Vilcatoma lo acusa (denuncia Nº 266) de la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales (artículo 377º del CP), al presuntamente haber omitido realizar diligencias tendientes a evitar que el vocal supremo Hinostroza Pariachi rehuyera a la acción de la justicia.

El 17 de diciembre, ingresa la denuncia constitucional (Nº 281) de la ciudadana Emiliana Estelita Vázquez Livia en contra del exfiscal y la fiscal adjunta Patricia Benavides Vargas por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora y actos funcionales, artículo 377º del CP, al presuntamente haber retardado u omitido un acto, no obstante su promesa de investigar a una fiscal provincial.

Todas estas denuncias están listas para dar cuenta y obvio que pendientes de calificación.

DENUNCIAS EN PROCESO

El 7 de diciembre de 2017, el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez emitió su descargo ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego que el entonces congresista fujimorista Daniel Salaverry lo acusara por la presunta infracción constitucional a los artículos 39º, 139º y 59º porque habría cometido grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción.

Ese mismo día Sánchez dio explicaciones ante el grupo especial, pero esta vez por la denuncia de la parlamentaria Yeni Vilcatoma por la presunta infracción constitucional, artículo 159º incisos 4 y 5, al haber afectado con sus decisiones administrativas las atribuciones del Ministerio Público.

También Rodríguez

Monteza y Tomás Gálvez

Un total de cuatro denuncias constitucionales pendientes de calificación en el Congreso tiene el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, las cuales ingresaron en diciembre de 2017 y no se sabe por qué razón no se procesaron.

La primera de ellas es la del 18 de agosto del 2017, presentada por Raúl Clemente Flores Díaz por la presunta comisión de los delitos de prevaricato y encubrimiento personal previstos en los artículos 418 y 404 del CP.

Lo acusa de presuntamente proteger y encubrir a un vocal superior de la Corte Superior de Áncash.

El 22 de noviembre del mismo año, ingresa a la subcomisión otra acusación, pero esta vez presentada por José Gregorio Flores Torres en contra del mismo fiscal supremo por presunto delito de prevaricato en agravio del Estado al haber supuestamente rechazado una denuncia en contra de la fiscal superior Mirian Herrera Velarde.

Otra acusación fue la presentada por César Jordán Boleje e ingresada dos días después por la presunta comisión de los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes, al supuestamente haber omitido denunciar penalmente a la magistrada de Lima, Irma Díaz Livaque por haber retardado más de 7 meses una queja de derecho.

La cuarta acusación ingresó el 6 de diciembre de 2017 y fue presentada por José Gregorio Flores Torres por la presunta comisión del delito de prevaricato, al supuestamente haber tramitado erróneamente un recurso de apelación del denunciante.

TOMÁS ALADINO

Pero el fiscal supremo Tomas Aladino Gálvez Villegas tampoco se escapó de ser denunciado ante la subcomisión en donde tiene dos acusaciones para dar cuenta.

La primera fue ingresada por el 26 de junio de 2018 y presentada por Alipio Palomino Prado por la presunta comisión del delito de prevaricato, al haber presuntamente emitido un dictamen cuyo argumento basa su conclusión, omitiendo el texto expreso de una ley de desarrollo constitucional.

La segunda denuncia constitucional fue hecha por las congresistas Maritza García y Lizbeth Robles quienes lo acusan de presuntamente haber cometido el delito de organización criminal, abuso de autoridad, peculado doloso, cohecho activo específico, tráfico de influencias, omisión de denuncia, fraude procesal y uso de documento privado falso.

Todo ellos por el presunto irregular manejo de los fondos del Ministerio Público en el año del 2013. La denuncia ingresó el pasado 27 de agosto de 2018.

SEGÚN INFORME DE CALIFICACIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA

La Subcomisión recomienda declarar procedentes denuncias contra Chávarry

Acusaciones también incluyen a los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez, así como a Duberlí Rodríguez Tineo.

Los informes realizados por la Secretaría Técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomiendan declarar procedentes las seis denuncias constitucionales presentadas contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos.

De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso EXPRESO, la primera denuncia que será revisada según la agenda de la subcomisión, es la Nº 239, la cual fue formulada por el parlamentario Gino Costa (Liberal) el 20 de agosto de 2018.

Dentro de esta acusación, Costa imputaba a Chávarry haber cometido infracción constitucional de los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Carta Magna, por “carencia de transparencia e integridad (impedimento de fiscalización – Favorecimiento Irregular y Direccionamiento de la Opinión Pública)”,  “mentiras arteras a la ciudadanía”, “Notas Adulteradas – ratificación cuestionable” y “plagio de tesis”.

Sin embargo, de acuerdo al documento revisado por EXPRESO, la Secretaría Técnica de la Subcomisión recomienda declarar procedente solo las acusaciones por “Notas Adulteradas – ratificación cuestionable” y “plagio de tesis”, mientras que recomienda declarar improcedente las acusaciones por “carencia de transparencia e integridad” y “mentiras a la ciudadanía”.

La segunda denuncia es la Nº 248, presentada por Gloria Montenegro (APP) el 3 de septiembre de 2018, acusando a Chávarry por una infracción constitucional contra los artículos 158 y 146, inciso 2 de la Constitución, así como por la comisión de los delitos de promoción, constitución o integración de una organización criminal y encubrimiento real, tipificados en los artículos 317 y 405 del Código Penal.

Cabe precisar que en esta denuncia, Montenegro también acusó al fiscal supremo Tomás Gálvez de infracción constitucional al artículo 146° inciso 2, y supuesta comisión de los delitos de promoción, constitución o integración de una organización criminal y encubrimiento real, tipificados en los artículos 317 y 405, respectivamente, del Código Penal.

En este punto, la Secretaría Técnica recomienda declarar procedente solo la acusación contra Chávarry por infracción constitucional al artículo 146, inciso 2, y por los delitos 317 y 405 del Código Penal, pero declara improcedente la imputación de infringir el artículo 158 de la Constitución. En el caso de Tomás Gálvez, también se declara la procedencia de su acusación.

En la agenda también figura la acusación Nº 262, formulada por el procurador Amado Enco el 1 de octubre de 2018, y en la cual se acusa a Pedro Chávarry, a los fiscales supremos Tomas Gálvez, Víctor Rodríguez, y a los jueces supremos Aldo Figueroa Navarro, Martín Hurtado Reyes, Duberlí Rodríguez Tineo y Ángel Romero Díaz, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y el delito contra la tranquilidad pública – organización criminal, tipificados en los artículos 400, 385 y 317 respectivamente del Código Penal.

De acuerdo al informe del área técnica, se recomienda que la acusación se declare procedente. Cabe precisar que el procurador Enco no puede presentar una denuncia constitucional, por lo que los congresistas Gino Costa, Patricia Donayre, Alberto de Belaunde, Gloria Montenegro y Richard Arce hicieron suya esta denuncia.

El siguiente punto es la denuncia Nº 270, también presentada por el procurador Amado Enco el 29 de octubre de 2018, contra los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura Iván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe, Guido Aguila Grados, Orlando Velásquez Benites, y el fiscal supremo Pedro Chávarry, “por la comisión del delito contra la tranquilidad pública – organización criminal – artículo 317 del Código Penal.

El informe técnico recomienda declarar procedente esta acusación, pero solo en el caso de Pedro Chávarry, mientras que en el caso de los exconsejeros del CNM se recomienda la improcedencia de la denuncia. Al igual que la acusación anterior, los parlamentarios Gino Costa, Patricia Donayre, Wilbert Rozas, Sonia Echevarría, Jorge Meléndez, Richard Arce, Gloria Montenegro y Edmundo del Águila hicieron suya la denuncia.

El penúltimo punto es la acusación  Nº 285, formulada por los congresistas del Nuevo Perú, Marisa Glave, Katia Gilvonio, Alberto Quintanilla y Manuel Dammert, presentada el 4 de enero de este año, acusando a Chávarry de haber infringido los artículos 39, 41 y 43 de la Constitución.

Además, la última denuncia de la agenda es la Nº 288, formulada por Gino Costa el 8 de enero de este año, en la que le imputa a Pedro Chávarry los delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real, contemplados en los artículos 404 y 405 respectivamente del Código Penal, así como haber infringido los artículos 39°, 44°, 139° inciso 3, 158° y 159° inciso 2, de la Constitución.

En ambos casos, la Secretaría Técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomienda declarar procedentes las denuncias contra Pedro Chávarry.

MARÍA TERESA GARCÍA / JOSÉ M. CARMEN MORÁN

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