DEBE RESOLVER RECURSO DE AGRAVIO PRESENTADO POR ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES

Peajes en manos del Tribunal Constitucional

Municipio de Lima acuerda renegociar contratos firmados con Odebrecht y OAS.

(Foto: Gerald Suárez/EXPRESO)
  • Fecha Martes 21 de Mayo del 2019
  • Fecha 6:00 am



Desde el 17 de abril, el Tribunal Constitucional tiene en sus manos la posibilidad de anular el cobro de los peajes en nuestra ciudad capital. Ese día la Tercera Sala Penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima le elevó un recurso de agravio constitucional.

¿En qué consiste este proceso? En responder con un hábeas corpus por presunto atentado al derecho al libre tránsito, así como por el interés económico de los limeños, ya que las casetas de Rutas de Lima y de Lamsac obstruyen las salidas y entradas a la capital. Es decir, si un vehículo no paga el peaje, no entra ni sale de la ciudad.

La demanda es a nombre de la Asociación de Consumidores Instituto del Derecho Ordenador del Mercado (IDOM) y de la Asociación de Consumidores Proyecto Solidaridad Global.

Paul Castro García y de Jorge Pinto Rossi, representantes de estas asociaciones, piden declarar “la nulidad de la resolución del 18 de enero, ordenar la admisibilidad” de su demanda o alternativamente emitir un pronunciamiento de fondo, declarándola fundada.

Originalmente, el hábeas corpus se basaba en la violación a la libertad personal y de libre tránsito, protegidos por el artículo 2, inciso 11 de la Constitución Política.

El Expediente 6174-2018 responsabilizaba a la Municipalidad de Lima, a Luis Castañeda Lossio, al consorcio Línea Amarilla y su gerente Laurent Cavrois, a Rutas de Lima y su ejecutivo Jaime Daly, al Ministerio de Transportes y a la Procuraduría de este sector, así como al Organismo Supervisor de la Inversión en Transporte (Ositran) junto a su procurador.

“La trascendencia constitucional está presente en el hecho de que se viene violando el derecho al libre tránsito de millones de personas, siendo que las empresas demandadas, amparándose en ilegalidades e irregularidades, intentan cobrar derechos que no les corresponden”, se indica.

INTENSA SESIÓN

Entretanto, el alcalde de Lima Jorge Muñoz aseguró que conformará una comisión de alto nivel integrada por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Municipalidad de Lima, así como las empresas que integran los consorcios Línea Amarilla y Rutas de Lima, con la finalidad de renegociar los contratos que se firmaron durante la gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio.

Esto, luego que se debatiera por más de tres horas y media su aprobación durante la sesión ordinaria del Consejo Regional de la comuna limeña. El documento obtuvo los 19 votos de los regidores de Acción Popular.

La regidora Martha Moyano (Fuerza Popular) no participó en la votación al considerarla irregular. Ella reclamaba la anulación del contrato, junto con Jorge Valdez (Somos Perú), entre otros regidores de oposición.

“Los contratos de concesión de Rutas de Lima y Línea Amarilla ahora sabemos con certeza que están manchados con el cáncer del aprovechamiento personal y la mentira. No pueden seguir como están”, dijo el burgomaestre en conferencia de prensa.

En ese sentido, consideró que la corrupción ha golpeado duramente a Lima y a los intereses de sus ciudadanos, por lo que su gestión se vio obligada a “actuar con prontitud, firmeza, prudencia y responsabilidad” en los hechos que ya son materia de investigación por la Fiscalía.

Opinó, además, que los ciudadanos actuaron “de buena fe” en las condiciones que en ese momento se establecieron porque, según argumentó, proponían mejoras en modernidad y servicio público que contenían “objetivos subalternos inaceptables”.

Recalcó además que como autoridad edil es consciente “de preservar la importancia jurídica para la inversión privada”; sin embargo, señaló que es mucho más importante “defender el interés de los ciudadanos”.

Lamentó, también, las actitudes de algunos regidores durante el debate, dado que se trataba de un tema delicado en el que estaban involucrados “grandes intereses”.

“Me hubiese gustado que tenga la altura del caso [el concejo], lamentablemente algunos regidores con actitudes poco maduras [lo] han manchado. Pero nos hemos reunido democráticamente (…). No se trata de patear el tablero para la foto de hoy, se trata de ejercer autoridad, privilegiar el mejor interés del vecino y generar ambiente para la inversión pública, con la fuerza de la inversión privada pero justa y limpia que mejore la rentabilidad social”, añadió.

EL ACUERDO

El acuerdo de concejo municipal aprobado precisa que se debe activar el Proceso de Evaluación Conjunta de los contratos que fueron firmados en los años 2009 y 2013, tal como lo establece el Decreto Legislativo N° 1362 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 240-2018-EF, “sin perjuicio de las investigaciones fiscales y las posibles consecuencias que de ello se deriven”.

“Exhortar que la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima active el Proceso de Evaluación Conjunta, respecto a los contratos de concesión de los proyectos Vías Nuevas de Lima y Línea Amarilla (…) sin perjuicio de las investigaciones fiscales y posibles consecuencias que de ello se derive”, indica el artículo uno.

Asimismo, en el segundo párrafo señala que se debe declarar de interés institucional la intervención de la Contraloría General de la República en el Proceso de Evaluación Conjunta, que será gestionado por la MML, para “salvaguardar el derecho de todos los peruanos”.

Mientras que el último plantea “disponer la intervención de la Procuraduría Pública Municipal para que en el marco de sus competencias coadyuve con la labor que viene realizando la Procuraduría Pública Especializada en delitos de corrupción de funcionarios para las acciones legales que correspondan”.

Establece también en sus consideraciones que en el marco de las investigaciones que se sigue por el caso Lava Jato, a las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, el Poder Judicial dictó detención preventiva contra la exalcaldesa Susana Villarán, así como para exfuncionarios de su gestión municipal por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos, por lo que las medidas en mención forman parte de acciones que se realizarán sobre el caso.

“La gravedad de la situación antes expuesta demanda la inmediata intervención del Concejo Metropolitano de Lima, en su condición de órgano máximo de gobierno, a efectos de disponer acciones para evitar que sigan afectando los intereses de la municipalidad y millones de ciudadanos”.

DEBATE PREVIO

Durante el debate para la aprobación del acuerdo, los regidores de oposición plantearon en más de una oportunidad que sus funciones como concejo no consistían en aprobar o no la renegociación o anulación de los contratos en mención, pues eso le correspondía directamente al alcalde Muñoz.

Además se pidió la conformación de una comisión investigadora donde se evalúen los pagos que se han realizado hasta el momento, el costo beneficio de las obras, así como un análisis legal de los contratos y adendas firmadas en las tres últimas gestiones.

“Sugiero crear una comisión ajena con la finalidad de revisar estos pagos que se han realizado desde un punto de vista financiero para ver si el costo beneficio es positivo o negativo, si las obras valen lo que dicen, o si las obras realmente tienen interés para la ciudadanía”, comentó la regidora del PPC, María del Rosario Payet.

De otra parte, el regidor Marco Álvarez se mostró a favor de la negociación planteada por el alcalde de Lima, no obstante precisó que las tarifas de los peajes deberían bajar mientras dura el proceso. Consideró importante, también, que la MML comience la construcción de las rutas alternas.

“Vamos a negociar, pero suspendamos el pago de peaje en el lugar más crítico que es Puente Piedra. Segundo, empezar a construir las rutas alternas que les permitan a los vecinos transitar libremente en el territorio nacional. Luego, reducir los montos que están en los peajes a fin de negociar”, detalló.

Al margen de los debates en la escena oficial, lo cierto es que la gran mayoría de los ciudadanos están inconformes con las tarifas que deben pagar para entrar y salir de la ciudad y consideran que los contratos nacieron en forma perversa y que estarían deslegitimados y con olor a corrupción.

CRONOLOGÍA

-Marzo de 2014. La Policía Federal el Brasil realizó el primer operativo Lava Jato a consecuencias de una investigación empezada el año anterior.

-19 de junio de 2015. Marcelo Odebrecht fue imputado por la Operación Lava Jato en el marco de sospechas de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.

-2 de noviembre 2015. Se instala Comisión Lava Jato del Congreso presidida por Juan Pari.

-8 de marzo de 2016. Marcelo Odebrecht fue sentenciado a 19 años en prisión por el caso Lava Jato.

-5 de agosto de 2015. Leo Pinheiro, expresidente de la constructora OAS, y a Agenor Franklin Magalhães, director de la misma empresa, fueron sentenciados a 16 años de prisión.

-24 de junio de 2016. Odebrecht vendió el 57 % de sus acciones en Rutas de Lima al fondo canadiense Brookfield.

-Diciembre de 2016. Vinci Highways compró el 100 % de Lamsac a Invepar. Antes compró el 25 % de activos que tenía OAS en el proyecto Línea Amarilla.

CONGRESISTAS EXIGEN NULIDAD DE CONTRATOS

Legisladores de diferentes bancadas se pronunciaron al respecto, y señalaron que la mejor opción era anular los contratos con las empresas. La congresista de Fuerza Popular, Nelly Cuadros, sostuvo que culminó un proyecto de ley que establece que mientras dure la negociación legal y técnica en las instancias correspondientes, se suspenda el cobro de peajes.

“Estamos pagando peajes con base en un contrato lleno de vicios legales y técnicos. Hay evidencias totalmente respaldadas por la aceptación de quien fue alcaldesa de Lima [Susana Villarán] que estos contratos tenían contraprestación ilegal. El cálculo para la contraprestación de los peajes no es el real. Estamos pagando un monto que empezó con 3 soles y ha ido aumento de manera rápida en poco tiempo”, comentó.

Señaló que se tendría que evaluar mejor si conviene anular los contratos, dado que esto podría llevar a las empresas a un arbitraje contra la municipalidad, para sacar mayores beneficios económicos de los que ya vienen recibiendo.

Por su parte, César Vásquez (APP) indicó que la acción que ha tomado la municipalidad brinda la esperanza de que se pueda llegar a una solución sobre los pagos excesivos que vienen realizando los ciudadanos para trasladarse dentro de Lima; sin embargo, consideró que los contratos debieron ser anulados.

“Es una esperanza de que se termine, pero yo hubiese preferido que tomen el toro por las astas y decidieran anular los contratos para estar en sintonía con la población”, apuntó.

Norte y sur de Lima protestan

Cientos de personas se manifestaron contra los peajes de Rutas de Lima en Lurín y en Puente Piedra, en protestas que tuvieron el apoyo de sus alcaldes distritales, quienes exigieron a su colega metropolitano, Jorge Muñoz, que ya no se apliquen cobros a los vehículos.

En el distrito sureño, cientos de policías rodearon el peaje San Pedro e impidieron que la movilización, encabezada por el burgomaestre Jorge Marticorena, llegue a ese punto.

“Más allá de que divide a nuestros vecinos, no se han hecho las obras correspondientes al peaje. No existen los retornos, los semáforos no funcionan, los puentes peatonales son innecesarios, las vías alternas que necesita el distrito no existen, las auxiliares de la Panamericana tampoco las han trabajado”, reclamó la gerente municipal de Puente Piedra, Fanny Flores.

La Mancomunidad de Lima Norte (Puente Piedra, Comas, Santa Rosa, San Martín de Porres, Carabayllo, Los Olivos, Ancón, Canta e Independencia) publicó una carta abierta a Muñoz, anunciando que, si no se anulan los contratos con los brasileños, harán marchas multitudinarias.

SCARLET REYES/ CÉSAR ROJAS

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