Peritaje confirma 5 adulteraciones en el fallo del TC

Evaluación técnica de la PNP deja en evidencia las irregularidades en la resolución del TC del 16 de julio de 2013, que afectaría económicamente a 50,000 personas.

El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén, en su presentación del pasado 18 de marzo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no entregó a sus colegas parlamentarios el informe del peritaje de la Policía Nacional ni el dictamen fiscal que confirma que hubo cinco adulteraciones e irregularidades en la resolución del Tribunal Constitucional (TC), del 16 de julio de 2013, que afectaría económicamente a unos 50,000 bonistas.

Al ser consultado por EXPRESO sobre esta omisión, el legislador Javier Velásquez Quesquén respondió: “Eso no podía estar en el informe porque eso está en un proceso judicial en curso. En el Parlamento nadie lo ofreció como prueba. Lo mencionaron, pero no lo ofrecieron como prueba”.

¿Por qué era importante que los congresistas conocieran el peritaje que el mencionado legislador no les mostró? Se trata de un detallado informe de 29 páginas, elaborado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la PNP, fechado el 14 de agosto de 2015, que arriba a diez conclusiones.

Cabe precisar que el peritaje fue entregado a EXPRESO por el abogado de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA), Mario Seoane.

En cinco de las conclusiones, se encuentran adulteraciones en las hojas impresas del fallo del TC, en las que en casi todas se utilizó el conocido corrector “liquid paper”.

El peritaje Nº 12439-12454/2015 fue solicitado por la Fiscalía, como parte de las investigaciones, para corroborar no solo si hubo falsificaciones de firmas, sino también adulteraciones y manipulaciones de textos en el fallo del Tribunal Constitucional.

 LA VERDADERA HISTORIA

Nos remontaremos al 16 de julio de 2013. Ese día el exmagistrado Carlos Mesía, en un documento enviado a la Fiscalía el 23 de julio de 2015, explica que una semana antes de esa fecha, es decir el 9 de julio de ese mismo año, se realizó un pleno en el TC donde se debatió una sentencia de inconstitucionalidad referida al pago de los bonos de la reforma agraria.

El magistrado que actuó en calidad de ponente fue Gerardo Eto Cruz, quien había elaborado un proyecto de resolución. “El proyecto inicial de (Eto Cruz) declaraba fundado el pedido de ejecución de sentencia y ordenaba disponer el pago de los bonos de la deuda agraria, empleando el índice de precios al consumidor como factor de actualización del valor”, señala el testimonio de Mesía, al que EXPRESO tuvo acceso.

En el documento al que se hace mención, Mesía asegura que, al estar de acuerdo con el sentido del referido proyecto, firmó ese documento, sin saber que después la hoja que había firmado iba a ser utilizada por el TC, según su denuncia, para ser incluida en el fallo del 16 de julio para presuntamente justificar su votación.

Sin embargo, el 16 de julio Eto Cruz cambió su proyecto de resolución y ordenó que el factor de valorización de la deuda de los bonistas ya no sea el índice del precio del consumidor peruano, sino el método de conversión a dólares americanos, o sea, de acuerdo a la tasa del tesoro de Estados Unidos. Esta decisión, según los bonistas, los perjudicó.

Debido a ello, Mesía señala que su posición era la que había decidido en el primer proyecto de Eto Cruz y que, por lo tanto, le correspondía, conforme al artículo 44 del reglamento normativo del TC, presentar por escrito al secretario relator los fundamentos con su voto firmado a través de un documento, es decir, emitir su “voto singular” conforme al argot del TC.

Sin embargo, ese mismo 16 de julio se colgó en el portal web del TC, según Mesía, el contenido del fallo del TC con los votos de cada uno de los magistrados.

“Uno de los documentos que recogía el fundamento de los votos me fue atribuido de forma inconsulta, para lo cual se usó una versión manipulada de la versión inicial redactada por el señor Eto Cruz, a la cual me adherí y suscribí días previos”, añade Mesía en su demanda.

Seis días, después, el 22 de julio de 2013, Mesía dirige una carta al entonces presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, en la que presenta enmendaduras y adulteraciones que no había autorizado, por lo que la certificación del secretario relator no se condecía con la verdad.

El 2 de agosto, Urviola le responde rechazando su solicitud de nulidad “sin pronunciarse en relación con las adulteraciones realizadas sobre el documento” que se le atribuía.

Después de presentar el 7 de agosto su voto singular, dos días posteriores a esa fecha, el 9 de agosto, Urviola le responde a Mesía, según añade en su declaración, que ya ese caso era “cosa juzgada”, es decir, la resolución del 16 de julio de 2013, y que, por lo tanto, no tenía lugar a reclamo.

Como ya explicamos anteriormente, de las diez conclusiones del informe pericial, cinco de ellas resuelven que hubo adulteraciones en el fallo de la resolución del 16 de agosto de 2013 y, por ello, le dan la razón a Mesía.

Si bien el peritaje señala que “no puede emitir un pronunciamiento categórico de la firma” por falta de muestras de rúbricas de comparación, se debe enfatizar que la denuncia de Mesía no es por la falsificación de su firma, sino porque un documento que firmó con anterioridad fue adulterado e incorporado a una resolución del Tribunal Constitucional.

Es decir, hubo lo que se llama en los casos de estafa: un «cambiazo».

El abogado de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA), Mario Seoane, explicó a EXPRESO que lo que se produjo exactamente el 16 de julio de 2013 fue una falsificación del voto de Mesía, pero no de su firma, y “eso es lo que se tiene que investigar”.

No obstante, este hecho es investigado actualmente en el 37 Juzgado Penal de Lima y, en este proceso, solo está acusado el secretario relator Óscar Díaz, pues Urviola tenía, en ese momento, derecho a antejuicio, o sea, inmunidad (esto fue lo que se vio en el Congreso, el pasado 18 de marzo, para que se le levante su derecho a antejuicio y pueda ser investigado penalmente).

 LO QUE DICE EL PERITAJE

 Primera adulteración: la tercera conclusión del peritaje señala que en la foja Nº 000286, en su cuarto párrafo, “presenta adulteración y enmendadura, habiéndose sustituido textos literales que inclusive se encuentran fuera de los márgenes de los párrafos anteriores, es decir, se ha ocultado el texto primigenio con corrector líquido blanco que a la letra decía: ‘Por estas consideraciones el Tribunal Constitucional con la autoridad que le refiere la Constitución Política del Perú’”.

El informe añade que posteriormente, usando corrector líquido blanco, ocultando el texto anterior, encima se ha tipeado el siguiente texto: “Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le refiere la Constitución Política del Perú y con los votos singulares de los magistrados Vergara Gotelli, Mesía Ramírez y Calle Hayen que se agregan y el voto decisorio del Presidente magistrado Urviola Hani”.

2) Segunda adulteración: la cuarta conclusión señala que desde la foja Nº 000287 presenta adulteración y enmendadura en los apellidos de los magistrados participantes, es decir, con corrector líquido blanco se ha borrado los apellidos Mesía Ramírez, visualizándose además tres firmas atribuidas a los magistrados que allí se visualizan (Urviola Hani, Eto Cruz, Álvarez Miranda).

3) Tercera adulteración: en la séptima conclusión desde la foja Nº 000302 a la Nº000309 presenta adulteración y enmendadura en la firma ubicada en el borde inferior izquierdo, es decir, se trató de distorsionar dicha firma, con bolígrafo de tinta color azul y luego se ocultó usando corrector de líquido blanco, que inclusive en algunas fojas se llega a visualizar ambas tintas de bolígrafo que cruzan letras o palabras de párrafos inferiores.

4) Cuarta adulteración: la octava conclusión indica que la foja Nº 000309, en el tercer párrafo, después del literal Nº 28, presenta adulteración y enmendadura, habiéndose sustituido textos literales; es decir, se ha ocultado el texto primigenio con corrector líquido blanco que a la letra decía: “Por estas conclusiones el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, con el voto singular de los magistrados Vergara Gotelli y Calle Hayen que se agregan, resuelven”.

Posteriormente, se aplicó corrector líquido blanco, ocultando el texto anterior y encima se ha tipeado el siguiente texto: “Por estas consideraciones, mi voto es por”.

5) Quinta adulteración: según la novena conclusión, la foja Nº 000310 presenta adulteración y enmendadura, es decir, con corrector líquido blanco se ha ocultado las palabras “comuníquese” y “notifíquese”, la segunda “s”, los apellidos Urviola Hani, Eto Cruz y Álvarez Miranda, “dejando solo visible el apellido Mesía Ramírez; además, debajo de la firma de este magistrado, a la derecha, también se trató de distorsionar una firma, con bolígrafo de tinta color azul y luego se ocultó, aplicando corrector de líquido blanco; similar a las que se ocultaron en las fojas anteriores, ubicadas en el borde inferior izquierdo”.

Ya han pasado 50 años del inicio de la reforma agraria en el año 1969 y todo indica que los más de 50 mil afectados seguirán esperando aún más tiempo su pago de la reparación civil del Estado.

Bonistas pueden presentar una nueva acusación

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, aseguró a EXPRESO que al rechazarse la responsabilidad funcional de Óscar Urviola, la acusación presentada por los denunciantes Alfonso Chunga y Augusto Pretel, representantes de los bonistas agraviados, entonces, “pasa al archivo”.

Sin embargo, esta conclusión de Segura, se contradice con el documento que él mismo le envió a Chunga (oficio Nº280-2018-2019 SCAC/CR), con fecha del pasado 20 de marzo, en el que le niega la entrega del informe que Velásquez Quesquén presentó en el Congreso puesto que precisa que al no haber acabado la etapa procedimental de la mencionada denuncia constitucional, “este documento debe ser remitido a la Comisión Permanente para su debate y votación”.

Esto quiere decir que, según ese documento, este caso tendría que ser visto en la Comisión Permanente.

Segura dijo que, si Velásquez Quesquén no presentó el peritaje policial, los bonistas afectados pueden realizar una nueva denuncia constitucional, pero que según el procedimiento congresal recién podrá ser visto dentro de un año.

En diálogo con este medio, los congresistas Karina Beteta (FP) y Marco Arana confirmaron que si Velásquez Quesquén no presentó el referido peritaje en su informe y ahora se conocen nuevas pruebas, entonces, los bonistas pueden presentar una nueva denuncia contra Urviola.

Sin embargo, Arana se mostró en contra de que exista una reparación económica a los afectados por la reforma agraria.

Por otro lado, Beteta dijo que era de esperarse que Urviola iba a ser protegido en ese informe.

¿CINCO MIL MILLONES O US$ 18,500 MILLONES?

El abogado de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA), Mario Seoane, aseguró que la deuda agraria llega a unos 5 mil millones de dólares, calculándose con el Índice del Precio del Consumidor (IPC),

Sin embargo, explicó que la versión otorgada a los miembros del TC por el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, de que la reparación civil sería de 18,500 millones de dólares “no tiene sustento técnico”.

Según Seoane, el cálculo de US$ 18,500 millones hecho por Castilla y “sin sustento técnico”, fue entregado al TC para que sus integrantes al ver la astronómica suma, descarten el IPC y utilicen como mecanismo de cálculo los dólares del Tesoro Americano. (Fuente: Juan Carlos Chamorro)