EL ESCÁNDALO DE LAS VALORIZACIONES DESPUÉS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DEL HOSPITAL LORENA

Perjuicio económico total al Estado es de 232 millones de soles

La historia de cómo la constructora brasileña OAS y algunas autoridades del Cusco habrían estafado a la cuna del incario y al país.

  • Fecha Miércoles 5 de Diciembre del 2018
  • Fecha 6:00 am



Las esperanzas de la cura de los males de la salud de la región de Cusco debían solucionarse con la construcción del Hospital Antonio Lorena de la ciudad imperial, se dijo hasta el cansancio hace ocho años. Pero una resolución gerencial de dicha región del 5 de marzo de 2015 resolvió el contrato por irresponsabilidades del ‘Consorcio Salud Lorena’ de la constructora brasileña OAS, encargada de la obra. Se rescindió por los retrasos en la ejecución de la obra e incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Ahora se sabe, con lujo de detalles, lo que el nacionalismo regional y nacional había ocultado: que hasta 2015 OAS le infirió al Estado peruano un perjuicio económico de 232 millones de soles, como veremos en estas páginas.

No solo eso, sino que fueron muy permisivos con los plazos del contrato y el avance real de la obra que, según el consorcio, se acercaba al 100 %, pero resulta que apenas estaba en el 47.16 %.

Y ante esta gran verdad, no había otro camino que rescindir el contrato, deslindar responsabilidades, y empezar nuevamente en la aventura de la construcción del hospital Lorena. ¿Cuánto costaba en las nuevas circunstancias la irresponsabilidad del consorcio, de la supervisora y de las autoridades presuntamente corruptas?

Nada menos que S/ 121’362,144.14, que incluye costo de supervisión, elaboración de expediente técnico y otros gastos totalmente nuevos.

Esta es la historia, amigos lectores, de las irregularidades detectadas en la ejecución del proyecto del mencionado nosocomio que fueron informadas a regañadientes a la Comisión Investigadora Multipartidaria del Caso Lava Jato del Congreso de la República.

Sus constataciones están contenidas principalmente en el Informe N° 208-2015-GR CUSCO/GRI-OCOCE-MAAN (02/10/2015), y vaya que son insultantes para el erario público.

Tanto es así que la oficina de coordinación de obras por contrata y encargo del Gobierno Regional del Cusco admite en el citado documento que “se pudo verificar las diferentes deficiencias constructivas por cada especialidad, por lo que la Gerencia de Infraestructura en coordinación con la Gerencia Regional se dispone a realizar el trabajo de levantamiento detallado para determinar y cuantificar el perjuicio generado a nuestra Entidad”.

Y resulta que en el trabajo de levantamiento de metrados a detalle por cada especialidad se determinó que el avance físico real ejecutado por la contratista de OAS no era del 84 %, como esta empresa trató de hacer creer a la autoridad regional, sino solo de 62.18 %. Pero este fue solo un primer cálculo.

Y también la primera clarinada porque, por ejemplo, en la construcción de obras mecánicas, el consorcio trató de hacer creer que se había avanzado el 89.37 %, mientras que la supervisora Cesel SA calculaba un avance del 38.79 %, pero en realidad, según los técnicos de la región, solo había un avance del 1.09 % a un costo directo de más de 12 millones de soles.

En lo que más se había avanzado, en todo caso, era en las estructuras del hospital, donde tanto la empresa como la región calcularon en un 96.95  %.

 

Para ubicarnos mejor en este desmadre, debemos recordar que todo empezó con la administración regional de Jorge Acurio Tito, del partido Gran Alianza Nacionalista, quien gobernó entre el 1 de enero de 2011 y el 26 de diciembre de 2013, siendo destituido por presuntos actos de corrupción.

Acurio fue sucedido por su compañero de partido René Concha Lezama, que tuvo a su cargo la región entre el 3 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, y al año siguiente Edwin Licona Licona, del movimiento Kausachun Cusco, asumió el timón regional.

El equipo multidisciplinario de la región, con Licona, determinó, en el año 2015, con trabajo de campo y de gabinete, las falencias, defectos y errores en la ejecución. Y entre ella, partidas mal ejecutadas en las que se deberá hacer, a futuro, “trabajos de demolición y remoción que implica un sobrecosto para la Entidad (…). Además, se identificaron trabajos ejecutados y valorizados sin ningún criterio de programación”.

En las partidas en proceso constructivo se encontraron trabajos que no fueron ejecutados en su totalidad y que, en algunos casos, “deberán ser nuevamente ejecutados o deberán ser concluidos”. Asimismo en este rubro se “identificaron trabajos ejecutados y valorizados sin que estos hayan sido concluidos en su totalidad”,  pero fueron presentados como ya hechos y que para rehacerlos o concluirlos se necesitarán “nuevas partidas” presupuestales.

En tercer lugar están las partidas omitidas o “trabajos no ejecutados durante el proceso normal del desarrollo del proyecto” o que simplemente no estaban considerados en el presupuesto de obra y que implicarían más sobrecostos al fisco.

Completan el círculo las llamadas partidas incompletas o trabajos que tampoco fueron ejecutados o estaban inconclusos, no obstante en algunos casos fueron valorizados en su totalidad; y las partidas no ejecutadas en el proyecto y “que en algunos casos no dieron pase para la continuidad de otras partidas”.

OAS incumplió “sus obligaciones contractuales en el desarrollo de la ejecución de la obra, con la presentación de valorizaciones mal elaboradas que fueron aprobadas por la supervisión y pagadas por la Entidad”.

Para ello utilizaron las adendas 02 y 03 que solo sirvieron para favorecer al contratista y trajeron como consecuencia un perjuicio económico a la región y al Estado por un total de S/ 21’278,016.04, de los cuales solo en partidas omitidas son S/ 6’815,223, un monto ligeramente menor en partidas no ejecutadas y un cifra que llega a S/ 4’340,761 en partidas mal ejecutadas.

 

PISANDO TIERRA

Estos y otros cálculos se hicieron sobre la base de la constatación física e inventario de materiales, amén de cálculos de los metrados reales ejecutados y se llegó a la conclusión –empezando a pisar tierra– de “que los pagos de las valorizaciones estuvieron mal formuladas y aprobadas por la empresa supervisora”.

Del análisis se observa que la entidad regional habría pagado en exceso un monto mayor al ejecutado que fue de S/ 52´910,330.35, que demostraría el grave perjuicio económico ocasionado al Cusco.

Este monto sale de la resta de los pagos realizados al consorcio que llegaron a S/ 180’187,334.46, menos los trabajos reales en obra (S/ 127’277,004.11). La diferencia es precisamente de S/ 52’910,330.35.

En la presentación del gobernador Edwin Licona Licona ante la Comisión Investigadora el 13 de noviembre de 2017, al tratar el avance real de la obra del Hospital Antonio Lorena, dijo que después de la resolución del contrato sus técnicos hicieron un informe de corte de obra que concluye, primero, que había solo un avance de 62 %.

Después, “con opiniones del Ministerio de Salud, nosotros debíamos pasar a una segunda etapa”, informó.

Dicho de otra forma, “para seguir construyendo el Hospital Antonio Lorena se debía ejecutar un expediente técnico del saldo de obra y equipamiento”.

Es decir, papá Estado tenía que solventar un nuevo presupuesto, tras los pasos trazados por Jorge Acurio, para el expediente técnico del saldo de obra y equipamiento y, luego, la ejecución del saldo de obra y equipamiento.

Estamos hablando, por boca del mismo Licona, de un “nuevo expediente técnico de saldo de obra y equipamiento que pueda determinar exactamente qué avance físico había en la obra, qué es lo que falta ejecutar, qué ha sido mal ejecutado y qué más vamos a determinar en esta última etapa de ejecución”.

SOLO EL 47.16 %

Y con “este expediente técnico nuevo”, que dicho sea de paso ya “está aprobado a través del Minsa y el gobierno regional, hemos determinado que el avance real de la obra era solamente 47 %”, es decir ni la mitad de la obra que OAS y sus plumíferos y los llamados “piojos del micrófono” decían que prácticamente estaba concluido.

Hay más, el tal Licona, sin ruborizarse, añadió que ese 62 % de avance de obra ya quedó en el olvido “porque hay algunas partes de infraestructura que han sido mal ejecutados [y] que en esta etapa deben ser corregidos adecuadamente”.

Para ser precisos, el avance real de obra aceptado incluso por el Ministerio de Salud llega apenas al 47.16 %. Y como los valores referenciales mayores de seis meses deben actualizarse, y en este caso ya han pasado más de tres años, resulta que a septiembre de 2017 el presupuesto total actualizado de saldo de obra que debe pagar papá Estado a los cusqueños es de S/ 121’362,144.14, que incluye costo de supervisión, elaboración de expediente técnico y otros gastos.

¿Qué les parece?

Y NO PASA NADA

Pero en el Perú no pasa nada, incluso si se judicializan estos presuntos robos al erario nacional. Claro, la atención está puesta en el legislador Moisés Mamani, o en el mejor de los casos en el asilo fallido de Alan García o en la eventual prisión del esposo de Keiko Fujimori.

A estas alturas del partido podemos decir que el caso del hospital Lorena ha sido un desmadre del humalismo nacional y regional, y que los temas económicos que nos ocupan han sido fruto directo de las adendas del 12 y 30 de mayo de 2014, firmados por los hombres de René Concha Lezama, el heredero de Jorge Acurio, hoy reo provisional en un penal de Lima.

Esa herencia de las citadas adendas amplió el plazo de conclusión del contrato e incrementó los gastos generales con nuevos adelantos presupuestarios, amén de los retrasos injustificados y reincidentes en la ejecución de la obra y que por cierto no han sido sancionados.

La clásica declaratoria de emergencia

Mediante los Decretos Supremos N° 037-2015-SA y N° 038-2015-SA de 7 y 13 de noviembre de 2015, se declaró en emergencia sanitaria la prestación de servicios de salud del Hospital Antonio Lorena y se continuó con el procedimiento de selección de contratación directa “del servicio de consultoría de la elaboración de los expedientes técnicos del saldo de obra y de equipamiento integral Hospitalario”.

La empresa seleccionada fue Árgola Arquitectos y Planeamiento Urbano, Arquitectura e Ingeniería S.L.P Sucursal Perú, con quienes se suscribió el Contrato N° 048-2016-GR CUSCO/ORAD de fecha 17 de febrero de 2016.

Luego, otra resolución gerencial del 1 de marzo de 2017 aprobó el expediente técnico de saldo de obra y equipamiento integral hospitalario del proyecto del hospital Lorena y su nuevo presupuesto.

7 de septiembre de 2017

La Resolución Gerencial General Regional N° 179-2017- GR/CUSCO de esta fecha aprueba la actualización y optimización de costos del expediente técnico del hospital Lorena con un presupuesto actualizado de saldo de obra de S/ 121’362,144.14 y de equipamiento integral hospitalario de S/ 115’832,863.58, prestaciones accesorias de S/ 5’232,331.01, haciendo un total de S/ 242’427,338.73.

UNA OBRA MODESTA TERMINARÁ EN S/ 301’549,478.60

Las cifras de la vergüenza

El perjuicio económico al Estado llega a S/ 231’226,55.64.

¿Sabe usted, amigo lector, cuánto se le ha pagado al Consorcio Salud Lorena de OAS al año 2015? Nada menos que 180’187,334 millones de soles por un avance de obra que no ha llegado ni al 50 %. Esta cifra incluye el pago de un expediente técnico mal hecho (S/ 6’125,137), un adelanto directo de más de S/ 38 millones, otro adelanto de materiales por alrededor de S/ 79 millones y gastos generales.

Tengamos en cuenta que si el presupuesto actual (o actualizado) para ejecutar el saldo de obra asciende a S/ 121’362,144.14, y los pagos efectuados al consorcio de OAS llegan a S/ 180’187,334.46, resulta que el costo de obra al finalizar su ejecución trepará a S/ 301’549,478.60.

De lo anterior se deduce que si el costo actual de ejecución de obra es de S/ 301’549,478.60 y el monto original del contrato fue calculado en S/ 197’580,499.16, resulta que el “proyecto” Lorena ha tenido un incremento del monto de la obra de S/ 103’968,979.44, es decir el precio ha subido en 52.62 %.

Tenemos entonces, si las matemáticas no mienten, un perjuicio económico del Estado que llega a S/ 231’226,55.64.

Esto se obtiene de la sumatoria del presupuesto para culminar la obra (S/  121’362,144.14), de los pagos en exceso al contratista (S/ 90’726,831.20), de la adenda por actualización de valor (S/ 13’242,148.24) y del costo por demolición de infraestructura nueva (S/ 5’895,430.06).

¿Así se estafa al país y a la cuna del incario?

PLINIO ESQUINARILA

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