NOS QUIEREN ROBAR: Perú perdería soberanía del 53% de la Amazonía
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El Perú perdería la soberanía del 53% de la Amazonía entregándose a un ente supranacional que definiría en última instancia cualquier conflicto ambiental en toda esta gran extensión territorial de selva, si el Congreso de la República decide ratificar la suscripción del Acuerdo de Escazú que sólo beneficiaría a las ONG que estuvieron detrás de este convenio.

Es decir, en términos prácticos el Perú mantiene para sí el área de 782,880.55 km2 que comprende toda la Amazonía peruana, pero “pierde el poder de mandar” sobre más de la mitad de este territorio, lo cual fomentaría el bloqueo de las inversiones mineras y en recursos naturales en favor de sectores radicales y de algunas ONG que serían los grandes beneficiados del acuerdo.

Asimismo, la ratificación del Acuerdo de Escazú firmado el 27 de septiembre de 2018 en la Asamblea General de las Naciones Unidas “relativizaría” lo que nunca debe pasar con la extensión más grande del país, es decir, se va a terminar sosteniendo que la Amazonía es “patrimonio común de la humanidad” como lo es la Antártida.

Así lo indicaron a EXPRESO, el ex vicepresidente del Perú, Francisco Tudela, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay y el ex titular del Parlamento, Luis Gonzales Posada (ver nota aparte), quienes indicaron que corresponde al Congreso “hacer un análisis exhaustivo” de dicho acuerdo y “exigir respuestas” al Ejecutivo sobre el peligro que acarrearía la suscripción de dicho acuerdo sobre la soberanía nacional.

PÉRDIDA DE SOBERANÍA

Francisco Tudela, connotado internacionalista, se pronunció en contra de que el Perú se sume al Acuerdo de Escazú. ¿El motivo? El país perdería soberanía sobre la Amazonía y se fomentaría el bloqueo de las inversiones mineras y en recursos naturales. Agregó que los sectores comunistas y las ONG serían los grandes beneficiados del mencionado acuerdo.

Según el ex canciller de la República, la razón de fondo por la cual el acuerdo sería perjudicial es porque este convenio especifica que “en la administración de justicia en asuntos de medio ambiente en la Amazonía se utiliza tanto el derecho nacional como el derecho internacional”. Es decir, el acuerdo refiere claramente la existencia de esta dualidad legal.

“Esto significa que el tratado lo que hace es abrir las puertas para que asuntos como los conflictos sociales, acontecidos por los lotes 192 en Loreto, en vez de ser resueltos internamente recurran a tribunales internacionales”, dijo Tudela.

Dicho de una manera muy sencilla, se repetiría en términos ambientales el mismo fenómeno que ocurre actualmente con la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Esto va a ser exactamente igual. En los tratados una cosa es lo que se ve y otra cosa muy distinta es la dinámica que el tratado adquiere; cuando se lee la letra de este acuerdo de Escazú uno ve bastantes defectos, como la imposibilidad de hacer reservas, la última instancia es la justicia supranacional y los conflictos a los cuales se refiere son esencialmente conflictos sociales”, apuntó.

Para Tudela, la Amazonía íntegra caería bajo el régimen especial del tratado, lo que no conviene al Perú porque el derecho nacional puede ser puesto de lado y la justicia supranacional, movilizada por las ONG, sea la que termine decidiendo sobre la suerte de los conflictos ambientales.

“Esto representa una pérdida de soberanía respecto al territorio nacional porque el medio ambiente y la gestión territorial están íntimamente ligados. Es decir, el medio ambiente no es como los derechos humanos, una cosa que sucede entre personas, sino es la relación de las personas y el territorio”, explicó.

El ex canciller precisó que con el Acuerdo de Escazú no perdemos el territorio porque el tratado refiere que “respeta la soberanía de los Estados”; el problema es que jurídicamente perdemos la operatividad sobre el territorio nacional sobre ese 53% de la Amazonía.

“ONG ambientalistas movilizan a poblaciones para parar proyectos petroleros, gasíferos, como han hecho en el caso de la minería en Las Bambas, Tía María, etc., la resolución final de esos conflictos ya no se dará en el Perú”, continuó.

Finalmente refirió que en el artículo segundo del acuerdo de Escazú se especifica que “la participación pública” no es necesariamente una comunidad que esté siendo afectada por una mina, un pozo petrolero o una estación gasífera, sino “un tercero” que puede ser una ONG.

“Se entiende una o varias personas físicas o jurídicas y las asociaciones o grupos constituidos por esas personas que son nacionales o que están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado parte. Esto significa que Aprodeh puede demandar directamente. Está dentro de la definición de público, no los interesados o la comunidad”.

COMO LA ANTÁRTIDA

Para el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay es “flagrante” lo que el Acuerdo de Escazú contiene para el concepto que se tiene sobre la Amazonía y su soberanía.

“La Amazonía peruana es parte del suelo del territorio del Perú y en consecuencia la soberanía es objeto de un tratamiento y de absoluta protección en el derecho internacional y el derecho interno. El acuerdo relativiza lo que nunca debe pasar con la Amazonía, van a terminar diciendo que la Amazonía es patrimonio común de la humanidad como lo es la Antártida”, afirmó.

El acuerdo menoscaba la fundamentación que el Perú guarda sobre el espacio soberano. Es decir, todos los criterios que son innegociables para un país y que es una forma de ir penetrando a una “relativización del concepto de la soberanía”.

“El tratado como tal debería ser revisado y consultado con los especialistas que estamos listos para emitir una posición crítica sobre los intereses nacionales, porque están en juego los intereses del Perú y yo repito que sobre la Amazonía el único criterio válido ante cualquier negociación es que la Amazonía sea considerada como un espacio de soberanía absoluta y no relativa”, aseveró.

Rodríguez Mackay indicó que la idea del Acuerdo de Escazú es comenzar a relativizar la concepción de la soberanía sobre un espacio que es intrínseco al Perú, como es la Amazonía, para el beneficio de terceros.

“No es difícil saber que en el Perú sectores de ultraizquierda y sectores ‘caviares’ siempre han estado en la idea de la relativización de nuestros atributos de soberanía absoluta que tenemos que conservar. El Perú ha pasado por 200 años y no hemos aprendido y por eso hemos tenido fronteras que han sido reducidas. Hoy tenemos un tercio de lo que teníamos en 1821”, recordó.

En consecuencia, añade, ya es tiempo de aprender de la experiencia pasada luego del importante fallo de la Corte de La Haya para exigir que también se respete nuestra soberanía marítima con Chile.

“Aprendamos a entender que nuestra soberanía lacustre, fluvial y amazónica es intangible y, por lo tanto nunca se puede negociar nada que nos ponga en una situación fatal como es la relativización del concepto de la soberanía que aprendimos de la Paz de Westfalia (1648)”, finalizó.

EL ACUERDO

¿De qué trata el Acuerdo de Escazú? Según sus mentores de la izquierda plástica internacional, se trata de globalizar “los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales”, vale decir, nace supuestamente para defender “los derechos fundamentales que cada persona tiene a acceder a la información ambiental, a participar en las tomas de decisiones ambientales y a acceder a la administración de justicia frente a la defensa de los derechos humanos ambientales”.

Lo que tratan es de buscar estándares que cada Estado nacional debe adoptar como mínimo, para garantizar el ejercicio de esos derechos, sin mencionar que debe renunciar a la soberanía sobre dicho territorio.

Y, lo que es más delicado, los Estados deberán implementar medidas orientadas o poner en práctica “enfoques de interculturalidad y género, y potenciar la administración de justicia para la prevención y atención de daños ambientales o derechos ambientales”.

Como se recuerda, el Acuerdo Regional del Principio 10 de la Declaración de Río, más conocido como el Acuerdo de Escazú, fue aprobado en marzo de 2018 en San José (Costa Rica), y contó con la participación de delegados de 24 países de la región, entre ellos el Perú, con la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz.

OTRA VIZCARRA

No fue la Cancillería la encargada de suscribir el acuerdo de Escazú, en representación del Estado peruano, sino la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, facultada por el gobierno mediante la Resolución Suprema 183-2018-RE firmada por el presidente Martín Vizcarra y el canciller Néstor Popolizio.

MILITARES EXPRESAN PREOCUPACIÓN POR ACUERDO DE ESCAZÚ

Más de 50 oficiales generales de la Fuerza Aérea en situación militar de retiro expresaron su “profunda preocupación”, ante la posibilidad que el Congreso de la República apruebe en las próximas semanas el Acuerdo de Escazú para su posterior ratificación por el Presidente de la República, que se daría a más tardar el 26 de septiembre de 2020, tal como lo establece el artículo 21º del mencionado tratado.

A través de un documento dirigido al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), Gral. Ejército, César Astudillo Salcedo, los oficiales refieren que este acuerdo puede afectar los “asuntos de la Soberanía del Estado” al permitir que las controversias nacionales se sometan a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a fin de que sea la “justicia internacional” quien decida por sobre lo resuelto en los tribunales nacionales.

“Con lo cual la Soberanía del Estado Peruano se vería menoscabada”, por una “supuesta controversia” entre nacionales.

“Este Acuerdo Regional impulsado por la CEPAL, tiene la particularidad de permitir la participación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en los procesos de toma de decisiones sobre inversiones mineras y utilización de recursos naturales, en donde puedan existir controversias, originadas por los intereses propios de alguna de estas ONG”, se lee en parte del comunicado.
Para los oficiales es claro que el Perú perdería la soberanía sobre aproximadamente el 53% del territorio nacional.

“Usted, con el acuerdo de los Comandantes Generales de las Instituciones Armadas, puede y debe hacer saber la posición de las Fuerzas Armadas ante el Ministerio de Defensa y los estamentos correspondientes, entre otros, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Congreso de la República; sin que tenga que anteponer a dicha posición la llamada no deliberancia”, refieren.

POR: ERICK SÁNCHEZ NORIEGA

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