LAS RENTABILIDADES DE RUTAS DE LIMA Y LÍNEA AMARILLA SON DELINCUENCIALES

Plantean auditoría internacional para ver robo de peajes

Contratos corruptos firmados por gestión de Susana Villarán deben renegociarse para no afectar más los bolsillos de vecinos, señala exregidor Jorge Villena.

  • Fecha Jueves 16 de Mayo del 2019
  • Fecha 7:00 am




– Con relación al tema de los peajes de Lima, ¿los contratos no tienen cláusulas anticorrupción?

No, ninguno de los dos proyectos firmados con Odebrecht y OAS tiene esas cláusulas. Lo que sí hay son mecanismos bien estudiados donde se podría, en condicional, hacer algo, pero depende mucho del señor Jorge Muñoz, actual alcalde de Lima. Luis Castañeda no lo quiso hacer.

–Hay un clamor ciudadano contra los peajes por ser desmedidamente caros. ¿Cuál es su evaluación?

Si bien los proyectos eran interesantes y necesarios para mejorar la infraestructura de la ciudad, lo normal es que un inversionista privado te presente un proyecto, tú lo evalúas, haces una simulación económico financiera para ver los montos y costos, y a partir de ahí se resuelve el costo del peaje durante los años de concesión, esto para que el inversionista recupere su dinero y, además, tenga un monto de rentabilidad razonable, que equivale a un 20 % o 25 % como máximo. Esto ocurre en todo el mundo. Sin embargo, las rentabilidades que hay acá son delincuenciales.

–¿De qué estamos hablando?

Estamos hablando de que Rutas de Lima ya vendió la mitad del proyecto en 500 millones de dólares, es decir, en el monto total de la inversión. Esto quiere decir que la otra mitad es ganancia. Y los señores de Rutas de Lima han vendido también –por desidia de los gobernantes– la mitad del proyecto al costo mismo del proyecto. Y con esa mitad ya han recuperado su inversión. En consecuencia están ganando el 100 %. ¿Ese es un costo razonable? Por supuesto que no. ¿Quién paga esto? Los vecinos a la hora de solventar el peaje.

Si eso fuera así, ¿qué se puede hacer?

Hay que renegociar los contratos, quizá no anularlos porque es más complicado. Hay que renegociar los términos porque no es posible que en un país que ha sufrido, no solamente por los hechos de corrupción y el soborno a las autoridades, sino que sufre por estos sobrecostos que son de corrupción, tengan que pagar tanto. Yo creo que la renegociación que se debe hacer por parte de las autoridades, si realmente tienen los pantalones y la voluntad política, debería producir una rebaja en el costo de los peajes de por lo menos un sol. Porque con los costos de hoy, si uno hace una simulación de cuánto es lo que vienen cobrando en los peajes, y proyecta cuánto valdrá de acá a 20 o 30 años de concesión, según sean los casos, estamos hablando de miles de millones de soles, que supera largamente la inversión que han hecho en las autopistas. Esos términos deben ser replanteados por políticos que no sean vendepatrias como los que hemos tenido hasta ahora.

–¿No es posible anular los contratos en la medida en que las declaraciones de Barata señalaron que entregaron los ‘aportes’ a Villarán para garantizar Rutas de Lima y donde estaba de por medio 700 millones de dólares?

Por supuesto, pero al no haber una cláusula legal que permita saber si es que hubo algún proceso de corrupción manifiesto posterior a la firma del contrato, que sea un mecanismo para nulidad, el problema se complica. En el derecho, se separan las responsabilidades de las personas jurídicas y naturales. La empresa es una persona jurídica y no puede haber cometido corrupción, las penas son individuales y las responsabilidades también. Los actos de corrupción son responsabilidad de funcionarios o empresarios. La empresa no. Esto porque no hay cláusula anticorrupción. Lo que hay son mecanismos que permiten la renegociación y el sinceramiento de los peajes a costos razonables y beneficiosos para la ciudad.

–¿En el contrato no hay ninguna cláusula o punto que permita una salida?

Ninguno. No hay. Estamos amarrados.

–¿No se puede hacer uso de la legislación general?

No, porque es un contrato ley, tiene rango de contrato con el Estado. Si el Estado unilateralmente lo disuelve, seríamos pasibles de que nos demanden ante el CIADI [Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones] y al final la lavada nos sale más cara que la camisa.

–¿Cuál sería el procedimiento si se escoge el camino de la renegociación?

Debería hacerse una auditoría con un organismo o una entidad seria, si es posible internacional, que nos diga exactamente cuál es el flujo de dinero y el punto de equilibrio que hay de por medio en los peajes. Por ejemplo, en Rutas de Lima creo que quedan treinta y tantos años de concesión por delante, mientras que con Línea Amarilla otros 40 años. Que nos digan cuánto representa ese flujo de dinero traído a valor presente versus el proyecto, para  comparar los costos. Acá lo que hay que hacer es matemáticas. Hay que ver exactamente si esos costos tienen una rentabilidad razonable que justifique un proyecto. Si me dicen que el inversionista mete 500 millones de dólares y en vez de ganar 600 o  700 millones, obtiene 1,500 millones de dólares, estamos hablando de un sobrecosto delincuencial. Estos costos altísimos no los paga el Estado sino el vecino…

–¿Debería estar penado por ley?

Sí. Debería estar penado. Ese tipo de situación debería ser materia suficiente como para poder renegociar los términos económicos del contrato. Es decir, mira, yo te bajo un sol el costo del peaje y aun así estás ganando. Eso es lo que hay que hacer, porque al final el daño moral que le han hecho al país ya está hecho, no lo han resarcido, ni lo podrán hacer. Hay que darles donde más les duele: el bolsillo, porque a estos no les importa la sociedad, solo quieren lucrar.

–¿Quién o quiénes deberían actuar en el tema de los peajes?

Obvio que el municipio de Lima, el Congreso, entre otras entidades, con un amplio consenso político. Sin embargo, vemos un Gobierno y un Ministerio Público blandengues que incluso permiten crear más obras para Odebrecht, o que Graña y Montero siga contratando con el Estado. ¿Dónde está lo que hemos aprendido de esta experiencia? Nada. ¿Dónde está la sanción, no digamos legal, sino al menos moral contra esas personas?

Municipalidad financió con US$ 181’285,311 a Odebrecht

El contrato entre Rutas de Lima SAC (Odebrecht) y la Municipalidad Metropolitana de Lima fue firmado el 9 de enero de 2012, en la administración de la entonces alcaldesa Susana Villarán, por un plazo de 30 años y por un monto referencial de inversión de US$ 498’831,411.98.

La explotación de los peajes por parte de Odebrecht empezó el 10 de febrero de 2013, antes que dicha constructora confirmara el cierre financiero previsto para 2014. Y para dicho “cierre” se recurrió a la llamada adenda de bancabilidad, suscrito entre la Municipalidad de Lima y el consorcio Rutas de Lima el 13 de febrero de 2014.

El marco legal de la mencionada adenda propiciaba que sea el municipio metropolitano el que solvente la obra con una inversión de US$ 181’285,311.67 en favor del concesionario.

Aun así, con inversión del Estado, en junio de 2016, en pleno escándalo Lava Jato, Constructora Norberto Odebrecht S.A. vendió el paquete de sus acciones en Rutas de Lima al fondo de inversión canadiense Brookfield Infrastructure Partners LP, que ahora tiene el 57 % de las acciones de la concesionaria. Odebrecht solo se ha reservado el 25 % del negocio.

Ganancias con nuestros peajes

El proyecto Línea Amarilla de OAS es un escándalo de marca mayor. La inversión en este proyecto no superó los US$ 400 millones, pero el grupo brasileño Invepar lo vendió a la firma francesa Vinci Highways por S/ 5,500 millones, un monto de alrededor de US$ 1,664 millones, lo que implica ganancias de US$ 1,400 millones.

Beingolea: Hay condiciones para anularlos

“Señor alcalde Jorge Muñoz: tras las confesiones de Susana Villarán y ante el justo reclamo de la población por lo que siempre consideró un peaje abusivo e injusto, las condiciones están dadas para que declare la nulidad del contrato con Línea Amarilla SAC y Rutas de Lima SAC”, sostuvo el dirigente del PPC Alberto Beingolea.

Agregó que la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) puede asumir la administración de las casetas, y que en Puente Piedra se elimine el cobro, porque no existe una vía alternativa.

“Este contrato fue firmado a partir de un acuerdo de concejo donde había consejeros ilustres de buena fe que fueron sorprendidos porque no conocían lo que había detrás de la firma del contrato. Fueron sorprendidos de buena fe en su capacidad de tomar decisiones. Eso se llama vicio de voluntad y están en capacidad de anular el acuerdo previo por haberse ocultado información. Eso vicia el contrato”, comentó Beingolea.

Del Castillo: Se debe eliminar doble cobro

Para el congresista Jorge del Castillo, la comprobación de que empresas con intereses en contratos de la Municipalidad de Lima dieron millones de dólares a Susana Villarán, cuando ella era alcaldesa, permite anularlos.

“No pueden blindarse contratos amparados en la corrupción. Porque cuando se descubre a posteriori, que se cobró una cuantiosa coima, ese tiene que ser motivo de nulidad”, indicó en Radio Nacional.

Recordó que antes, los vehículos que llegaban a Lima desde el norte, solo pagaban peaje en Pasamayo. “El mismo ticket de Pasamayo lo presentabas en Puente Piedra, y ya no pagabas, ahora no, ahora tienes que volver a pagar”, cuestionó.

PLINIO ESQUINARILA

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