ROMERO CARO Y KATHERINE AMPUERO CONTRA EL PACTO DE LA VERGÜENZA

Poder Judicial no debe validar acuerdo con Odebrecht

La parte peruana tendría que tomar esta medida porque no se han concretado los grandes ofrecimientos de nueva información que se anunciaron a raíz de la firma del convenio con la constructora, dice el economista.

Poder Judicial no debe validar acuerdo con Odebrecht
  • Fecha Viernes 15 de Marzo del 2019
  • Fecha 6:00 am

El Poder Judicial no debe validar el acuerdo firmado con Odebrecht el 15 de febrero de 2019 en Brasil mientras el principal actor de esta saga, Jorge Barata, no declare todo lo que sabe del escandaloso caso del Lava Jato peruano.

La parte peruana tendría que tomar esta medida porque “no se han concretado los grandes ofrecimientos de nueva información que se anunciaron a raíz de la firma del acuerdo con la constructora brasileña en Curitiba, Brasil”, advierte el economista Manuel Romero Caro.

Con mayor razón si el mismo Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú, “ha postergado su testimonio en principio para fines de abril, pero puede postergarlo aún más”,

Y es que “todo parece indicar que Barata ha puesto como condición que se apruebe definitivamente el acuerdo, es decir que lo homologue el Poder Judicial para recién después dar su testimonio”, según la opinión del experto.

Pero si se da pase a la homologación o “control de legalidad”, “Jorge Barata ya no tendría ningún incentivo para declarar, más allá de lo que ya ha declarado”.

“El Poder Judicial no debería entonces homologar el acuerdo mientras Barata no declare todo lo que sabe”, reitera el estudioso.

Además, lo que está claro es que Odebrecht tiene una estrategia clara: “los ex ejecutivos de esta empresa han dejado pendientes las partes más importantes de sus declaraciones para que estas sean explicadas por Barata. Pero él no declara si primero no se aprueba definitivamente el acuerdo por parte del Poder Judicial”.

“Y una vez logrado eso declararía solo generalidades, pero no implicaría a peces realmente gordos”, insiste el investigador.

Hasta ahora no hay entonces nada nuevo bajo el sol. “En las tres últimas semanas los fiscales peruanos del caso Lava Jato ya han ido dos veces a Brasil y han regresado con las manos vacías”, sostuvo el experto en contrataciones con el Estado.

La idea de que no hay información sustantiva ha sido expresada por otros analistas, como Fernando Rospigliosi, quien el 23 de febrero escribió en su columna habitual que en efecto “hasta ahora no hay prácticamente nada nuevo”.

“Ya se conocía, por declaraciones de Jorge Barata, que las empresas consorciadas con Odebrecht –las más grandes constructoras peruanas– habían pagado un 30 % de las coimas a funcionarios públicos. También que esa empresa había sufragado la conferencia de Alan García en Sao Paulo a través de un estudio de abogados…”.

Igual con el prófugo Félix Moreno, ex gobernador del Callao y su millonaria coima por la Costa Verde. Y con el “árbitro” Horacio Cánepa… “La única novedad es que la coima por la Interoceánica Sur habría sido de US$ 45 millones y no US$ 20 millones, como había declarado Barata”, precisó.

ESTRATEGIA SELECTIVA

Por su parte, la exprocuradora del caso Lava Jato, Katherine Ampuero, se sumó a los cuestionamientos de que a la fecha no se haya presentado mayor información a la que ya se conocía en años anteriores y destacó que la empresa tendría una estrategia selectiva con la que busca resguardar sus propios intereses.

Recordó que los funcionarios de Odebrecht que hace poco declararon ante las autoridades peruanas, así como lo hará Jorge Barata en el mes de abril, están sometidos a la delación premiada en su país, por lo que es poco probable que cambien sus declaraciones o admitan nuevos sobornos ya que perderían los beneficios que ahora tienen.

“De acuerdo a ley tienen la obligación de decir la verdad, y si no lo hacen la Fiscalía deberá quitarles inmediatamente todos los beneficios que les han entregado a consecuencia de no decir la verdad y ocultar dolosamente la información”, precisó.

Añadió que si bien ahora se conoce que por la Interoceánica no se pagó US$ 20 millones sino US$ 45 millones, y por Línea del Metro US$ 14 millones más, falta que especifiquen los nombres de los que recibieron dichas cantidades, la ruta del dinero y las cuentas que se usaron para camuflar los pagos ilícitos.

VADE RETRO

Esa ausencia de novedades también se ha podido constatar en el último interrogatorio en la sede de la Procuraduría de Paraná, Brasil, a José Américo Spinola, considerado un ex operador de Odebrecht en el pago de US$ 100 mil al expresidente Alan García por una conferencia que ofreció en 2012 en dicho país.

Si no hay novedad en el frente, se entiende entonces que el periodista Gustavo Gorriti declarara en RRP, el miércoles, que “en ningún momento [en IDL-Reporteros] se insinuó que el pago a García era por soborno” o que “Barata ha tenido presiones para que no hable”, motivando que el ex presidente Alan García lo amenace con una querella, se supone, por difamación.

ESTRATEGIA DE CORRUPTOS

“Así como no hay un OAS corrupto antiguo y un OAS nuevo honesto, lo mismo estaría sucediendo con Odebrecht y otras compañías brasileñas [porque tienen el mismo modus operandi]”, asegura Manuel Romero Caro, por lo que no hay que ser ingenuos en pensar que Barata hablará más de la cuenta contra Odebrecht.

Lo anterior confirma, siguiendo esa lógica, que Odebrecht tiene una estrategia que no la ha tenido la parte peruana, es decir los fiscales inexpertos en materia financiera Rafael Vela y José Domingo Pérez y el procurador Sergio Ramírez.

Vizcarra cuestiona reparación civil

Horas antes de aprobarse en el Congreso la interpelación, el presidente Martín Vizcarra sostuvo, a opinión personal, que el monto de reparación civil pactado debió ser mayor.

“Si me […piden] una opinión personal, yo creo que debería ser mayor, pero yo tengo que respetar las instancias y la independencia de los poderes. […] pero vamos al fondo y este es determinar a los responsables  [de la corrupción] para que sean castigados severamente”, dijo a los medios de comunicación.

En ese sentido, Vizcarra aclaró que el Ejecutivo respeta a las instancias y las instituciones que establecieron el monto a través de los cálculos basados en la ley.

“Vemos un Ministerio Público que ha fijado una estrategia para luchar contra la corrupción y nosotros tenemos que respetarla. En algunos temas puedo discrepar, porque siempre he dado mi opinión”, añadió.

En tanto, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, aseguró que los fiscales y el procurador ad hoc que firmaron el acuerdo de colaboración con Odebrecht son autónomos, y dijo esperar que la interpelación en su contra no signifique revanchismo.

“No se trata de una censura, sino una interpelación que creo que me da la oportunidad de explicar el rol o participación del Ministerio de Justicia y el Gobierno en general en lo que respecta al acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht”, precisó a un medio local.

Además, subrayó que los fiscales del Equipo Especial Lava Jato y el procurador ad hoc Jorge Ramírez, que impulsaron y firmaron el acuerdo de colaboración, son autónomos en sus decisiones.

Fiscales firman acuerdo de colaboración con OAS

El equipo especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato firmó un acta de entendimiento y colaboración con OAS, constructora brasileña que, al igual que Odebrecht, habría pagado sobornos y financiado campañas electorales en el país.

El equipo especial, encabezado por el fiscal Rafael Vela, llegó a un acuerdo inicial con los representantes de la empresa OAS para que colabore con la Fiscalía peruana con la entrega de información sobre pagos ilícitos en el país.

OAS fue la encargada de la construcción del proyecto Línea Amarilla en la gestión municipal de Susana Villarán. La obra había sido concesionada en el año 2009, durante la administración de Luis Castañeda Lossio, por US$ 571 millones.

Castañeda Lossio habría intervenido en el proceso de adjudicación del proyecto Línea Amarilla, consistente en la gestión de 25 kilómetros de autopistas, otorgado a la empresa Lamsac, entonces propiedad de la constructora brasileña OAS.

Ministro de Justicia será interpelado por el Congreso

A un día de cumplirse un mes de la firma del acuerdo de colaboración entre el Ministerio Público, la Procuraduría y la empresa brasileña Odebrecht, el pleno del Congreso aprobó la moción de interpelación contra el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, a fin de que informe a la representación nacional sobre los términos del convenio.

Tras un debate exhaustivo, la moción de orden del día Nº 8288, que fue expuesta por la congresista y tercera vicepresidenta de la mesa directiva del Parlamento, Yeni Vilcatoma, obtuvo 58 votos a favor, 24 en contra y una abstención, pese a que cinco días atrás el presidente Martín Vizcarra le renovó la confianza para el cargo dentro del gabinete de Salvador del Solar.

Con ello, el ministro Zeballos deberá presentarse ante el Pleno el próximo jueves 21 de marzo a las 9:00 am para responder un pliego de 21 preguntas.

Durante el debate en el Pleno, Yeni Vilcatoma sustentó la moción alegando que el proceso de negociación entre las autoridades peruanas y la empresa brasileña estaba lleno de “irregularidades”.

Uno de los primeros elementos que cuestionó fue que, pese a que el Congreso aprobó la Ley 30737 para garantizar el pago de la reparación civil, la empresa solicitó ser excluida de la aplicación de esta ley, lo cual fue aceptado de forma directa por el entonces fiscal a cargo, Hamilton Castro.

“Es en ese sentido que el fiscal Hamilton Castro, cuando aún se encontraba en funciones, y que había emitido una disposición fiscal para poder adecuar el procedimiento de colaboración eficaz a esta Ley 30737, solo a pedido de la empresa Odebrecht, el fiscal decidió eximir en su totalidad este acuerdo de la Ley 30737”, indicó.

Vilcatoma sostuvo que del total de 20 casos que tiene a su cargo el equipo especial, y que involucran el pago de coimas a funcionarios peruanos y la sobrevaloración de obras, solo se consideraron cuatro proyectos: Costa Verde Callao, Interoceánica Sur tramos 2 y 3, y Vía Evitamiento Cusco, dejando de lado casos como el de Rutas de Lima.

“Entendemos que hay muchos intereses que pretenden que esta concesión siga vigente para que le sigan robando a miles de ciudadanos, y especialmente a los más pobres”, añadió.

Otro de los puntos que detalló la parlamentaria fue que el procurador Ramírez insistiera en la aplicación de la Ley 30737 para llegar al cálculo de la reparación civil, a pesar de que ya se tenía conocimiento de que la ley no debía ser parte de la evaluación del acuerdo.

“La explicación que dio el procurador Ramírez es que el monto inicial fue mayor, porque él había hecho su cálculo en aplicación al Código Civil, y que para la suscripción de esta acta del 7 de diciembre había hecho uso de las fórmulas establecidas en el reglamento, a partir de la Ley 30737, y con ello habría arribado al monto de 610 millones”, aseveró.

SE OPONEN

El ex oficialista Gilbert Violeta (Contigo) respaldó las observaciones de Vilcatoma; sin embargo, señaló que no era pertinente presentar una interpelación de este tipo, ya que el acuerdo entre las autoridades del sistema de justicia peruano y la transnacional debía ser analizado por el Poder Judicial.

“En eso estamos de acuerdo [las observaciones de Vilcatoma], pero ese filtro tiene que validarlo el Poder Judicial. La oposición que hacemos es de corte legal. No se puede aprobar esta interpelación, porque habrá una interferencia de poderes. No se puede interpelar al ministro de Justicia porque la palabra la tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial”, respondió.

Quien también rechazó la propuesta de la tercera vicepresidenta fue el ex primer ministro César Villanueva (APP), quien dijo que si bien los 610 millones de soles pueden ser considerados muy pocos, existe la posibilidad de que más proyectos se sumen al acuerdo más adelante.

“El monto de 610 millones de soles está establecido, pero se sumarán otros proyectos más adelante. No se puede comparar estas cifras con las de los Estados Unidos. Tiene que haber formas de recuperar esos fondos. No tiene sentido llamar al ministro de Justicia”, manifestó.

LO RESPALDAN

No obstante, Víctor García Belaunde respaldó el pedido de Vilcatoma, y aseguró que el pago de reparación que realizará Odebrecht solo será gracias a que seguirá contratando con el Estado, es decir, la compañía le pagará al Perú con el dinero de obras públicas.

“Ahora nos van a pagar con la misma plata. El mismo cheque que el Perú pagará, lo devolverán. Lo robado no se devuelve. Dónde ésta el Estado, cuál es su dignidad. Qué vergüenza”, acotó.

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