Preparan mordaza contra procuradores
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¿Recuerdan, amigos lectores, cuando Yeni Vilcatoma era procuradora y denunció que Daniel Figallo, exministro humalista, le había dicho “No te metas con Odebrecht; Odebrecht pone y saca presidentes”? Este episodio ya nunca ocurrirá, gracias a que Martín Vizcarra acaba de establecer que solo el procurador general podrá denunciar a mandatarios, ministros, congresistas y otros altos funcionarios.

“Estas atribuciones son privativas del cargo”, señala el Decreto Supremo 018-2019-JUS, publicado hace unos días en el diario oficial El Peruano, reglamentando el Decreto Legislativo del 5 de enero de 2017, que reestructuraba el sistema administrativo de la Defensa Jurídica del Estado, y creaba la Procuraduría General.

Estas “atribuciones privativas del cargo” se especifican en el artículo 11, inciso 18 del reciente dispositivo, que cuenta también con las firmas del premier Vicente Zeballos, y de los ministros María Alva (Economía), Carlos Morán (Interior) y Ana Revilla (Justicia).

“Evaluar y formular cuando corresponda, denuncia penal contra el Presidente de la República; los Ministros de Estado; los Congresistas de la República; los magistrados del Tribunal Constitucional; los miembros de la Junta Nacional de Justicia; los jueces de la Corte Suprema; los fiscales supremos; el Defensor del Pueblo; el Contralor General de la República; el Presidente del Tribunal Disciplinario de la Procuraduría General del Estado”, se indica.

Con este reglamento, ya no habrá casos como el de Katherine Ampuero, cuando pidió investigar al mismo Pedro Pablo Kuczynski, cuando este era mandatario, por el caso Lava Jato, donde luego se descubrieron indicios de delito con Odebrecht.

AUTOAYUDA

Incluso esto beneficiaría al mismo Vizcarra. En marzo de 2017, el procurador anticorrupción Amado Enco denunció al entonces ministro de Transportes por colusión, por la adenda para el aeropuerto de Chinchero que beneficiaba a Kuntur Wasi. Esto dio inicio a la actual investigación de la fiscal Zoila Sueno, la cual incluye a la exviceministra Fiorella Molinelli y al empresario Carlos Vargas Loret de Mola, entre otros.

Todo esto sería imposible con el nuevo marco legal que impulsa oficialmente el gobierno.

“Se estaría preparando una mordaza a los procuradores públicos. Ahora vamos a tener a un procurador general nombrado únicamente por el Poder Ejecutivo, que va a monopolizar toda acusación contra altos funcionarios del Poder Ejecutivo. Esto no solo desnaturaliza y atenta contra la norma que crea la Procuraduría General, sino contra el artículo 47 de la Constitución, que dice que los procuradores defienden los intereses del Estado, y no existe la figura del procurador público”, criticó Alejandro Ríos Delgado, ex procurador público municipal en diálogo con EXPRESO.

Según la nueva norma, el Ministerio de Justicia propone al jefe de todo el sistema, y el presidente de la República lo designa, por el plazo de cinco años. Como el Minjus depende de Palacio de Gobierno, es claro que el mandatario y un ministro elegirán a la única persona del sistema de defensa jurídica que puede acusarlos.

“Esto rebaja a los procuradores a funcionarios de quinta categoría, porque ya no son parte de la alta dirección de los ministerios. Les niega atribuciones. Sería un invento para controlarlos y evitar denuncias contra el presidente en funciones y sus allegados. Todo pasará primero por aprobación del procurador general, quien dirá primero yo lo veo y luego te doy la autorización, cuando los procuradores son autónomos según ley”, agregó el letrado.

Ríos advirtió que, en la práctica, la Procuraduría General será un ministerio más, con las mismas herramientas de trabajo y aumentando burocracia, con vacíos legales, y el agregado de que se convocará a “terceros especialistas” para que evalúen lo que hacen funcionarios especializados, es decir las ONG del sector justicia.

DEMANDA COMPETENCIAL 

Hoy el procurador del Ministerio de Justicia, Luis Huerta, acudirá a la instancia que presidirá desde enero Marianella Ledesma para sustentar su posición frente a la demanda de competencia entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Esto es a raíz de la disolución del Parlamento, ocurrida el 30 de septiembre, y que sigue siendo cuestionada desde el punto de vista constitucional.

ALTA CORRUPCIÓN

“Hay otras partes que perjudican la lucha anticorrupción. El artículo 5 del reglamento le da al procurador el monopolio de estudios periciales, para justificar tonterías como el cálculo de perjuicio al Estado para el reciente acuerdo con Odebrecht. Además, ahora la estrategia de defensa deberá ser aprobada por el procurador general, lo cual quita rapidez, quita fuerza y quita personal”, acotó el también especialista en Derecho Penal.

Desde diversas instancias del Ministerio de Justicia se nos hizo llegar la preocupación de lo que está sucediendo, porque la voluntad –al menos al principio- de los estudios para modificar el Consejo de Defensa Jurídica del Estado no fue transparente.

Cuando PPK ingresó en Palacio de Gobierno, se puso a Julia Príncipe como responsable de las procuradurías, en un aparente intento de demostrar la voluntad de lucha contra la corrupción. La abogada había estado a cargo de casos de lavado de activos en el régimen de Ollanta Humala, cuyos ministros la sacaron porque había informado que investigaba las agendas de Nadine Heredia.

Príncipe asumió, pero guardando la autonomía de cada uno de sus supuestos subalternos. Esto se confirmó en julio de 2017 por la salida abrupta de Katherine Ampuero y Liliana Meza del caso Lava Jato. La entonces titular de Justicia, Marisol Pérez-Tello, señaló que había perdido la confianza en ambas.

Mientras las defenestradas abogadas acusaban injerencia política, funcionarios que trabajaban con Príncipe no lo consideraron así, y siguieron en sus puestos.

“Lo primero que llama la atención es que tratan de aparentar autonomía e independencia, pero el procurador general va a ser elegido por el Ejecutivo. Se quieren asegurar nombrándolo ahora por cinco años para que, cuando no estén, él controle a todos los especializados y comunes”, consideró Ampuero.

Añadió que eso afectaría a los casos de lavado de activos, corrupción, tráfico de drogas y el mismo Lava Jato, y que, si se ven indicios de corrupción en un alto funcionario, va a ser peor que una mordaza, porque no van a poder formular una denuncia penal como hacen ahora.

“No vamos a tener a un procurador anticorrupción denunciando a congresistas como Luciana León o Javier Velásquez Quesquén. En estos casos, el procurador público va a tener que elaborar un informe elevando el caso, y la decisión final va a ser del procurador general, que puede decidir a su libre albedrío archivarlo”, cuestionó.

Ampuero opinó que esto solo puede corregirse con una modificación al reglamento, por parte del mismo Poder Ejecutivo, o en todo caso le correspondería al Congreso hacerlo, porque lo que está impulsando el gobierno no solo debilitaría la lucha anticorrupción, sino la misma defensa del Estado ante otros tipos de casos.

“En cuando a la convocatoria de terceros especializados para evaluar sus acciones, esto no está precisado, no se dice qué tipo de perfil deben tener. No vaya a ser que se repitan las consultas a grandes estudios de abogados como los que asesoraron a Odebrecht, con el riesgo de que alguno comparta información privilegiada”, sugirió la exprocuradora.

Acotó que, en vez de limitar las funciones fiscalizadoras, se debería impulsarlas, incluyendo en el reglamento que existe el deber de denunciar cuando se encuentren indicios de delito, para que no se repitan casos como el del Gasoducto del Sur, obra de Odebrecht que había sido observada por Contraloría, pero ante lo cual los procuradores humalistas no actuaron.

Cabe indicar que EXPRESO llamó al Ministerio de Justicia para consultar las causas de este polémico reglamento, pero no obtuvimos respuesta. Nuestras páginas están a disposición de la versión del sector que dirige Ana Revilla.

NO PROSPERÓ 

No es nueva la idea de un proyecto de ley que proponga que la Procuraduría tenga el carácter de un organismo constitucionalmente autónomo, esto al nivel del Poder Judicial, del Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, etc. Esa fue una idea de la excongresista Yeni Vilcatoma que no prosperó.

LIMITACIONES OBVIAS 

Abogados del Estado en casos anticorrupción, lavado de activos y tráfico de drogas, se limitarán a elaborar “informes”, que serán evaluados por el hombre de confianza del mandatario y eventualmente por las ONG del sector Justicia.

POR: CÉSAR ROJAS

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