Prima de Nadine blindó a Odebrecht
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Con todos sus pergaminos académicos, además de ser prima política del presidente de entonces, Tania Quispe Mansilla habría permitido que Odebrecht evada impuestos cuando estaba como jefa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, entre los años 2011 y 2016. Por ello, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos le acaba de abrir una investigación preliminar.

La magistrada Bersabeth Revilla ha tipificado los presuntos delitos como omisión de deberes funcionales, y contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso en agravio del Estado.

Lo llamativo es que esto se produce por hechos ocurridos cuando la gestión de la prima de Nadine Heredia coincidía con los presuntos negociados del Gasoducto Sur Peruano, obra que debía ser investigada por el equipo Lava Jato del Ministerio Público.

Es aquí donde surge la primera contradicción: en el acuerdo de colaboración eficaz suscrito hace más de un año entre los fiscales Rafael Vela y José Pérez, el ahora exprocurador Jorge Ramírez, y representantes de Odebrecht, se incluía no investigar a la firma brasileña por delitos tributarios.

Sin embargo, esto no incluye a funcionarios peruanos que habrían sido cómplices de este tipo de crímenes, que han causado pérdidas de más de mil millones al tesoro nacional.

Revilla basa su competencia en que Quispe, al haber sido jefa de Sunat hasta el 2015, aún tiene derecho a que las pesquisas en su contra se vean a nivel de Fiscalía Suprema (antejuicio de cinco años), en la Disposición 02-2020-MPFN-2FSTEDCFP.

La denuncia original fue presentada en mayo del año pasado por la Federación Nacional de Trabajadores Aduaneros y Tributarios del Perú, y se basa en indicios sólidos, como que la entonces superintendenta era permisiva con los brasileños, pero dura con otras firmas.

NEGLIGENCIA CÓMPLICE

“No disponer fiscalizadores o auditorías a la empresa Odebrecht y empresas vinculadas a ella, facilitando sus actividades por falta de fiscalización de sus obligaciones tributarias”, se señala, para a continuación afirmar que “Las actividades de Odebrecht se vieron facilitadas por la negligencia, presuntamente cómplice de determinados funcionarios de la Sunat del 2005 al 2015”.

Se ha citado para el martes 25 de febrero al representante del sindicato, y para el 10 de marzo a Quispe Mansilla, quien estuvo radicando en el extranjero durante los últimos años.

¿Cómo se salvó Odebrecht de pagar más de mil millones de soles durante años?

Aparte de la negligencia de la gestión 2011-2015, esto habría ocurrido desde el 2005, por lo cual los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García también estarían envueltos en esta trama, además de los sobornos y aportes de campaña a diferentes personajes.

Pero esta no fue la única facilidad que los delincuentes venidos de Brasil obtuvieron del Estado peruano. La exprocuradora Katherine Ampuero recordó que, cuando el Congreso dominado por Fuerza Popular aprobó la Ley 30737, millones de soles en propiedades que se habían incautado a la empresa corrupta, fueron liberados.

“Esa norma, en su sexta disposición complementaria final, cortaba las facultades de Sunat para medidas cautelares contra el patrimonio, las cuales tenían el objetivo de garantizar la recaudación tributaria. Desde Procuradoría habíamos logrado que Sunat bloqueara cuentas bancarias de Odebrecht, pero los fujimoristas y apristas aprobaron este levantamiento de embargo, y ahora se quejan”, indicó a EXPRESO.

En el aspecto donde el acuerdo de colaboración eficaz permitió impunidad por defraudación tributaria, la penalista explicó que ello fue competencia del equipo Lava Jato, en combinación con Ramírez, quien no habría cumplido su función de defender los intereses del Estado.

OMISIÓN DE FUNCIONES

El ex Superintendente de Sunat, Ing. Víctor Shiguiyama, en sus presentaciones ante la Comisión Lava Jato, y ante la de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, ha reconocido que Sunat ha empezado a fiscalizar recién a partir de diciembre de 2016, incluso con multas ascendentes a más de 1,300 millones de soles, lo que revela que los funcionarios de dicha entidad omitieron disponerlo cuando correspondía.

IMPUNIDAD TRIBUTARIA

“Sunat podía denunciar a funcionarios de Odebrecht por defraudación, porque habían evadido impuestos en la Interoceánica Sur, y la Fiscalía abre investigación. En junio del 2019 los casos tributarios de Odebrecht pasan a ser competencia del equipo Lava Jato, para ser archivados en cumplimiento del acuerdo”, acotó Ampuero.

Efectivamente, el 19 de junio del año pasado la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, emitió la Resolución 1375-2019-MP-FN, ampliando la competencia del grupo que dirigía Vela, en los casos de las firmas brasileñas.

Sin embargo, el acuerdo de colaboración habría violado una norma de mayor grado, según la Procuradoría Pública de Sunat, la cual evalúa emprender acciones legales contra Vela y Pérez.

“Un alto directivo de la Sunat considera que los mencionados fiscales “invadieron” una jurisdicción fiscal extralimitándose en sus funciones para limpiar a los corruptos exfuncionarios de la constructora, Jorge Barata, Raymundo Trinidade Sera y Carlos Nostre”, publicó el semanario Hildebrandt en sus Trece.

“El hecho se torna aún más delicado porque la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, estaría también salpicada al haber otorgado al equipo Lava Jato atribuciones especiales para que intervengan en las indagaciones por delitos tributarios en los que podría estar inmersa Odebrecht”, se agrega.

Otras fuentes de la misma Fiscalía consultadas por EXPRESO consideran que hubo una “evidente extralimitación de funciones, un exceso que vulnera la propia ley penal donde en el delito tributario, según las normativas pertinentes, debe intervenir necesariamente la Sunat. No se puede pactar sobre estas ilicitudes sin participación del órgano administrador del tributo, y así fijar el monto que deben pagar como deuda al Estado, al margen de la reparación civil”.

“Si la Sunat sabía que estos señores [los fiscales del casoLava Jato y el procurador ad hoc Jorge Ramírez] estaban pactando en el acuerdo de colaboración eficaz, sobre delitos tributarios, debieron exigir su participación y esto es una competencia ajena a la procuraduría anticorrupción”, añade la fuente.

EL CONTEXTO

Para ponerlo en un contexto más amplio, recordemos que Jorge Castro, ex congresista de Frente Amplio, probó “que la Intendencia de Principales Contribuyentes (IPCN) de la Sunat no fiscalizó a Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. por los años 2005, 2006 y 2007, 2012, 2013, 2014 y 2015”.

“Y es un hecho muy preocupante, ya que del 2007 hacia adelante es donde se suscribieron la mayor parte de las adendas [como en las Interoceánicas] y se emitieron la mayoría de decretos de urgencia favoreciendo a la firma brasileña”, añadió el también integrante de la Comisión Lava Jato del Congreso disuelto en marzo de 2017.

En ese entonces ya se detectó, en el año 2009, las graves omisiones de Sunat desde el 2006 con la Constructora Área, de Gonzalo Monteverde, que era proveedora de bienes y servicios de Odebrecht y sus socias, y que había girado “facturas” o “recibos de honorarios” falsos hacia estos contribuyentes, por un monto que ahora se calcula en US$ 29 millones, habiendo incluso desviado fondos hacia el exterior.

Otra información grave corresponde al año 2015, cuando estalla el escándalo Lava Jato en Brasil y el mundo, incluido el Perú. Y es ahí que la Sunat debió actuar de oficio, es decir, disponer la fiscalización de las obligaciones tributarias de Odebrecht y sus consorciadas, incluido la verificación y control de sus transacciones comerciales.

CONFESIÓN SINCERA

Tania Quispe renuncia a Sunat el 10 de octubre de 2015 y se hizo cargo de la institución Víctor Martín Ramos Chávez.

Las investigaciones señalan que ni con Quispe ni con Ramos hubo un control tributario de Odebrecht. Todo lo contrario. El bloqueo de las investigaciones fue más que evidente, por ejemplo, en negar información a la comisión Pari del Congreso, cuyas laborares se extendieron desde el 2 de noviembre de 2015 al 31 de mayo de 2016.

Si seguimos esa línea de tiempo, el 20 de setiembre de 2016, ya en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, asume la superintendencia de la entidad el ingeniero Víctor Shiguiyama y en el ínterin de su accidentado mandato, en 2018, declara, públicamente, que la fiscalización a la constructora brasileña recién empezó en diciembre de 2017.

Esta confesión de parte significa que durante tres años –desde 2015 en que estalla el affaire Lava Jato– recién empezó dicha fiscalización por temor, según admitió el mismo Shiguiyama, de que prescriban las obligaciones del pago de adeudos del año 2011.

Esta constatación conlleva a hacer nuevamente la pregunta: ¿qué es lo que hizo la Sunat entre 2015 y diciembre de 2017? Para Daniel Cubillas, dirigente y asesor de los sindicatos de Sunat, “no hizo nada”.

“Ni Tania Quispe ni su protegido que lo sucedió, Víctor Ramos Chávez, movieron un dedo contra la llamada transnacional del delito”, declaró para este diario.

El problema de las omisiones es más evidente desde el momento en que el CEO de la constructora brasileña en el Perú, Jorge Barata, declaró ante la comisión Pari que todas las facturas, recibos y similares de Odebrecht eran auditados por personal de Sunat que laboraba en sus mismas oficinas en San Isidro, lo cual ya era demasiado.

¿Qué exactamente dijo Barata?: “Somos auditados por la Sunat permanentemente y en nuestra oficina hay una sala Sunat, porque la Sunat no sale de allí dentro. O sea, cada factura que emitimos, cada cheque, cada recibo, cada proceso, todo eso es acompañado día a día por la Sunat; porque somos grandes contribuyentes en todo este proceso y la Sunat nos acompaña en todo este proceso”.

EXPRESO en solitario hizo esta y otras denuncias. Personificó algunos responsables de la llamada Intendencia de Principales Contribuyentes (IPCN).

Pero las investigaciones con seguridad fueron archivadas no solo por mandato de Sunat sino de Palacio de Gobierno, principalmente en el gobierno de la dupla Ollanta Humala-Nadine Heredia, donde la prima de la ex primera dama -Tania Quispe- blindó a Odebrecht y hoy debe responder ante la justicia.

PRIMER BLINDAJE

En 2007 se destapó un caso de presunto contrabando facilitado por un sistema que funcionó entre el 14 de mayo y el 5 de junio del 2001, favoreciendo a 500 empresas importadoras, entre ellas Odebrecht. La ventaja consistió en que solo un 0.5 por ciento de sus mercancías fue sometida a revisión y no el 15 % como ordenaba la ley. Fue el primer blindaje.

SE EXTRALIMITARON

Procurador de ente tributario evalúa denunciar penalmente a miembros de equipo Lava Jato porque en acuerdo de colaboración incluyeron inmunidad para evasión de impuestos. Todo indica que se extralimitaron en sus funciones.

POR: PLINIO ESQUINARILA/ CÉSAR ROJAS

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