LA REFORMA POLÍTICA AUN NO ESTÁ COMPLETA

Propuesta para lograr equilibrio de poderes

Falta la transformación del sistema de gobierno, que debe añadirse a la del sistema electoral, priorizada por el régimen de Vizcarra. 

  • Fecha Domingo 9 de Junio del 2019
  • Fecha 6:00 am



Después de la tormenta, viene la calma. Ahora que la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo disminuye tras la aprobación de cuestión de confianza, ambos poderes deben enfocarse en los proyectos de la reforma política. No solo los relativas al sistema electoral, sin embargo, que son las que están sobre la mesa, sino los del sistema de gobierno, vitales para mejorar nuestra democracia de baja gobernabilidad y poder luchar eficazmente contra la corrupción.

EXPRESO hace suya una propuesta para iniciar un debate en los medios y en el Congreso sobre las propuestas de reforma constitucional del sistema de gobierno necesarias para escapar de la trampa de la democracia de baja gobernabilidad.

Destacan entre ellas la relativa a restablecer el equilibrio de poderes mediante el retorno a la bicameralidad, la referida a la indispensable derogación del artículo constitucional sobre la causal de “incapacidad moral permanente” para declarar la vacancia de la Presidencia de la República, y la necesidad de elevar a dos tercios o cuando menos a tres quintos los votos del Congreso necesarios tanto para insistir en las leyes observadas por el poder Ejecutivo como para la censura de los ministros de Estado. El equilibrio de poderes necesita ser recuperado.

INCAPACIDAD MORAL

La causal de “incapacidad moral permanente” para declarar la vacancia de la Presidencia de la República no está definida en ninguna parte de la legislación peruana. Consiste, por lo tanto, en lo que el Congreso resuelva subjetivamente.

La Constitución establece que el Congreso “declara” la muerte del presidente o su incapacidad física. Es una cuestión de hecho. Lo mismo en cuanto a la “incapacidad moral permanente”. El Congreso la declara. Es una condición que se constata y no una que se debate. Esta confusión es lo que da lugar a que prevalezca el juicio subjetivo en esta materia que es política por esencia. Esta reforma fue considerada e incluida por la Comisión especial, que la propuso.

BICAMERALIDAD

Recuperar el equilibrio de poderes requiere también el retorno a la bicameralidad. Este tema fue considerado en la propuesta del gobierno en el referéndum. Posteriormente, el propio Ejecutivo pidió al pueblo votar en contra de la iniciativa a causa de que el Congreso había reintroducido disimuladamente la reelección al Senado de los congresistas actuales. Habiendo ya desaparecido esta premisa, no hay razón por la cual el gobierno no pueda hacer suya nuevamente la iniciativa del parlamento bicameral. O, en su defecto, que el Congreso la proponga nuevamente y el gobierno explique sus motivaciones anteriores y las razones de su cambio de posición. Es algo que no resulta difícil de entender.

El beneficio de la bicameralidad estriba en encapsular el debate político en el Congreso, que es donde pertenece y sacarlo en gran medida de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, donde genera con frecuencia un conflicto de poderes y donde el arbitraje del Tribunal Constitucional es estos casos es demasiado lento.

En el aspecto operativo, la existencia de dos cámaras permite poner un freno racional a la actual sobreproducción legislativa del Congreso al obligar a una segunda revisión de las leyes por el Senado. No porque este sea necesariamente más ilustrado –como más de uno supone erradamente- sino porque en los hechos la segunda votación reglamentaria de las leyes ha sido dejada de lado desde hace años por el Congreso unicameral que exonera sistemáticamente de segunda votación a casi todos los proyectos de ley. Es demasiado fácil aprobar una ley en esas condiciones, y no debe serlo. La situación actual es un atentado contra la seguridad jurídica.

Conexo a esto, dos tercios de los votos del Congreso para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo es lo que exigen todas las democracias americanas, sin excepción, sesde Estados Unidos y México hasta la Argentina y Chile. Dos tercios de cada cámara, además, allí donde hay bicameralidad, que es la enorme mayoría de los casos. En nuestro caso, puede ser una mayoría de tres quintos del número legal de miembros. Pero en ningún caso solo la mitad más uno (actualmente 65 en un Congreso de 130) que le permite al Congreso insistir fácilmente y prevalecer siempre sobre el Poder Ejecutivo.

Lo mismo sucede respecto de la censura de ministros de Estado. De allí la desafortunada expresión, de uso común en el Parlamento, en el sentido de que “el Congreso es el primer poder del Estado”.  No debe serlo. Lo que debe haber es equilibrio de poderes, que los norteamericanos llaman “checks and balances”, y que entre nosotros está aún por fundarse.

CONFIANZA

En la otra mano, de manera equitativa, es indispensable regular con toda precisión el uso de la llamada cuestión de confianza por el Poder Ejecutivo, de manera que no pueda abusarse de ella al punto de someter al Congreso a la decisión política del Ejecutivo.

Es indispensable el equilibrio de poderes que aun debemos alcanzar. La separación de poderes es una condición necesaria pero no suficiente para la democracia.

Son estas las reformas pendientes del sistema de gobierno que permitirán mejorar la gobernabilidad de nuestra democracia, el más grave de los problemas de nuestro sistema político. Son las reformas que faltan y que EXPRESO desea hacer suyas.

ESTILO CHAVISTA

El analista Julio Schiapa manifestó que “la izquierda debe decidir si sigue en un Estado democrático dentro de una economía de mercado. Si cree que en el Perú puede haber una revolución al estilo chavista como en Venezuela, sería una incoherencia. La izquierda sería la principal perdedora de haber una elección. No sé de dónde saca entusiasmo para pedir una Asamblea Constituyente. Esto les va a costar”.

NO HAY QUE POLARIZAR

El expresidente del Congreso Antero Flores Aráoz pidió que el Gobierno deje “de estar presionando indebidamente al Legislativo, que tiene errores y algunos parlamentarios realmente impresentables, pero otros bastante buenos”.

Recomendó a los ministros enfocarse en sus carteras en vez de opinar sobre temas que no le competen, como lo hizo la titular de Salud, Zulema Tomás, al decir que la cuestión de confianza se presentó por un “sentimiento popular” cuando una encuesta local afirmaba que el 70 % de la población no tenía conocimiento de esos proyectos.

El analista Víctor Andrés Ponce dijo que una reforma constitucional en medio de una guerra política puede dañar la Carta Magna. “Es probable que se complique mucho más allá antes de una verdadera reforma”, subrayó.

“Todo esto está produciendo un entrampamiento general en el sistema político donde alguien va a salir beneficiado, y será un candidato radical que diga: que se vayan todos”, manifestó.

Sistema electoral: democracia interna y lucha anticorrupción

Entre las reformas al sistema electoral que debatirá ahora el Congreso está la que modifica la Ley de Organizaciones Políticas para regular la democracia interna de los partidos, y promueve la participación ciudadana para que los candidatos a la Presidencia, al Parlamento y otros sean elegidos en los partidos por todos los ciudadanos en elecciones abiertas. Esto no ofrece verdadero peligro si la fecha de las elecciones internas es simultánea en todos los partidos inscritos y el proceso es supervisado por la ONPE.

La reforma al sistema electoral que viene de la mano de la anterior es la que cambia la Ley Orgánica de Elecciones para erradicar el voto preferencial para elegir a los parlamentarios, que ya no tienen sentido si existen elecciones internas en los partidos.

Una reforma conexa a las dos anteriores se enfoca en la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley de Elecciones Regionales y la Ley Orgánica de Elecciones para precisar el tema de la inscripción de los partidos en relación al número de sus militantes en lugar del recojo de un número muy elevado de firmas.

Otro proyecto importante de la reforma del sistema electoral es el relativo a la lucha anticorrupción que busca modificar o incorporar artículos al Título VI de la Ley 28094, de Organización Políticas, y la Ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas e incluir artículos en el Código Penal respecto del financiamiento de los partidos políticos para impedir el ingreso de fondos ilegales a las campañas.

Dicha iniciativa del Ejecutivo tipifica los delitos de financiamiento indebido de organizaciones políticas y de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de las organizaciones políticas, y las obliga a presentar reportes de gasto durante la campaña electoral. Son iniciativas saludables.

Otro proyecto importante dentro del paquete que fue objeto de la cuestión de confianza, es el que busca que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria no lo realice el Congreso, sino otro organismo “autónomo”. La Comisión de Constitución del Congreso archivó la iniciativa sin debatirla con el Ejecutivo, lo que reavivó el conflicto que condujo a la cuestión de confianza.

El Ejecutivo ha vuelto a presentar un proyecto para que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria esté en manos de la Corte Suprema, detallando que habría un plazo improrrogable de 30 días hábiles para pronunciarse después de recibido el pedido de desafuero. El asunto aún requiere debatirse ampliamente entre los dos poderes. Un último proyecto de ley impide que las personas con condenas en primera instancia por delitos dolosos puedan ser candidatos al Congreso o a cualquier otro cargo público. No existe objeción alguna a esta iniciativa.

Por último, queda pendiente aún retomar el rediseño del sistema electoral de representación proporcional establecido en la Constitución. De debatirse a profundidad aún, quizás para una reforma posterior, el establecimiento del llamado distrito uninominal para la elección de los parlamentarios. Esto requiere establecer nuevos distritos electorales en todo el territorio nacional en número similar al de los parlamentarios, donde se elige solamente a un representante por distrito entre los candidatos de los diferentes partidos.

De esta forma, los electores de cada distrito electoral pueden establecer una relación más cercana con los legisladores.

“Vizcarra solo busca enfrentar al Congreso”

Para Fernando Rospigliosi, los proyectos indispensables para el país son, en la reforma del sistema electoral, el financiamiento de los partidos políticos, la democratización interna de las organizaciones y, en los relativo al sistema de gobierno, poner sobre la mesa la bicameralidad, “aunque sea impolítico hablar de ello”.

“Merece ser visto el tema de la bicameralidad. Estoy de acuerdo con la bicameralidad, pero como eso no es popular y el gobierno solo se lleva por las encuestas, la dejaron de lado. Solo han presentado cosas populares, como quitar la inmunidad a los congresistas.  Al presidente no le importa la reforma, sino enfrentar al Legislativo”, sentenció el analista.

Respecto de la inscripción de partidos consideró que es razonable eliminar el requisito del número de firmas y priorizar la cantidad de militantes, pero dijo que “finalmente las organizaciones no van a ser fuertes porque haya mejores normas”.

Opinó que en la reforma electoral “hay cosas perjudiciales, como que todos los ciudadanos puedan votar en las elecciones internas de los partidos para elegir candidatos. Es absurdo, solo deben hacerlo los militantes”. Sostuvo también que otro ejemplo es “establecer la paridad alternada de un candidato hombre y una mujer”. Consideró, de otra parte, que cuando una persona tiene una condena debe eliminarse la presunción de inocencia.

Respecto de la confrontación reciente, dijo que “el conflicto de poderes ha sido provocado por el Gobierno, que trató de meterse en materias del Legislativo”.

Por su parte, el constitucionalista Fernando Calle dijo que el tema de la inmunidad parlamentaria está desviando la atención de otros proyectos que sí podrían traer un cambio en el país.

“En estos momentos es necesario una reforma electoral y en los partidos políticos. La inmunidad parlamentaria se puede resolver de manera rápida: que los congresistas no podrán ser procesados, ni enjuiciados, ni encarcelados sin la autorización del Parlamento y de la Comisión Permanente a menos que se trate de delitos como violación, lavado de activos, crimen flagrante, entre otros”, sostuvo.

Para el expresidente del TC, Carlos Mesía, las propuestas son insuficientes para una reforma política. “Las cosas no se arreglan estableciendo una alternancia de hombres y mujeres en las instituciones públicas o eliminando la inmunidad parlamentaria”, dijo. Sostuvo que se debe “elevar el número de congresistas a 180 con una cámara de senadores de 60”.

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