UNA CONCESIÓN LLENA DE SUSPICACIAS QUE LA PAGARÁN LOS LIMEÑOS

Proyecto Vía Expresa Sur oculta tratos con Graña y Montero

Sospechosa e inusitada celeridad del alcalde Jorge Muñoz por gestionarla con la principal consorciada de Odebrecht, G&M, que tendrá “ingresos garantizados”, como en el Gasoducto del Sur.

  • Fecha Miércoles 17 de Abril del 2019
  • Fecha 7:00 am




La aparición sorpresiva del alcalde metropolitano Jorge Muñoz firmando un compromiso con la investigada por el caso Lava Jato, Graña y Montero (G&M) para el inicio de la construcción del Proyecto Vía Expresa Sur (PVES), del cual la mencionada contratista tiene el derecho de explotación como concesionario, genera muchas suspicacias, no solo por el proceso judicial donde están inmersos accionistas y ejecutivos de dicha empresa, con desenlace imprevisible, sino también por las cifras que no quedan claras.

El contrato fue firmado en junio de 2013 durante la gestión de Susana Villarán en la comuna limeña, luego de un proceso de iniciativa privada iniciado en agosto de 2011 y aprobado por Acuerdo de Concejo 2338 en diciembre de 2012.

Es de subrayar que no ha existido avance en la construcción, y se está retomando un proyecto luego de casi seis años de firmado, donde las condiciones de costos de construcción y crediticias han cambiado.

Se supone que lo firmado por el alcalde ha sido una adenda que había sido solicitada por G&M y que incrementaba el costo del proyecto en 35 millones de dólares. No sabemos si el monto se ha mantenido o ha sido cambiado. Las cifras actuales del PVES no se conocen y la ciudadanía que pagará con sus recursos la obra vía peajes necesita saber.

COSTO E INVERSIÓN DE G&M

A la fecha de la firma del contrato de concesión, el 3 de junio de 2013, el costo declarado del proyecto era de US$ 196.84 millones, mientras que el contrato de inversión del 10 de octubre de 2018, señala que G&M invertirá 125.54 millones.

Sin embargo, en la adenda solicitada se incrementa el costo del proyecto en US$ 35 millones y, por tanto, la inversión total ascendería a US$ 231.84 millones. Teniendo en cuenta que el compromiso de G&M es por US$ 125.54 millones, ¿será la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), con recursos propios o transferencias de la caja fiscal, la que asuma la diferencia que asciende a US$ 106.3 millones? De ser así el cofinanciamiento estatal sería del 46 %.

INGRESO GARANTIZADO

Dejamos en claro que el contrato de concesión establece un Ingreso Mínimo Anual Garantizado (IMAG) para Graña y Montero. Como es usual en los contratos de concesión, el concesionario exige que le garanticen un ingreso que pueda cubrir la cuota anual de recuperación de la inversión y costos de operación y mantenimiento evaluado en todo el horizonte del proyecto, que se supone que se contabiliza a partir de la puesta en operación comercial. En este caso, se reconocen cinco años de construcción y 35 años de operación.

Para efectos de cálculo del IMAG, es necesario establecer una tasa de descuento, que en este caso –según el contrato– es la tasa de interés del financiamiento más un adicional de 1.5 %.

En la situación actual de G&M con esfuerzo conseguirá una deuda a interés del 7.23 %, que es el promedio ponderado del mercado local para medianas empresas. Esto significa que la tasa de descuento ascenderá a 8.73 %.

Con la tasa señalada y una inversión de US$ 230 millones, porque se asume que el Estado no aportará a fondo perdido, el IMAG será de US$ 21.38 millones. La incógnita es: ¿a partir de qué año el ingreso será autosuficiente para no requerir cobertura de la caja municipal o fiscal del IMAG?

Si se tuviese un concesionario con mejor calificación crediticia, se ahorrarían US$ 6.87 millones anuales durante 35 años. Y es que la tasa de interés es vital en el cálculo del IMAG. Si la empresa que fuese concesionaria tuviese acceso a la tasa de interés corporativa promedio ponderado del mercado, que asciende a 3.70 %, la tasa de descuento sería una cifra de 3.7 + 1.5 = 5.2 % anual.

Esto implica que sobre una inversión de US$ 231.84 millones habría un monto de US$ 14.51 millones anuales de IMAG, es decir 6.87 millones anuales de ahorro respecto a lo que podría conseguir con G&M, durante 35 años, que en dólares corrientes representaría US$ 240.45 millones de ahorro.

¿Cuál sería el costo del peaje?

El contrato señala que el peaje se reajustará en relación con dos variables: el tipo de cambio (TC) y el índice de precios al consumidor (IPC), en porcentajes por definir en función de la participación porcentual de dólares y soles en la inversión.

Si tomamos en cuenta que el contrato es del año 2013 y la operación comercial se iniciaría en 2024, estamos hablando de un reajuste de once años. Entonces, ¿cuál es el precio del peaje que han estimado? ¿O aún está en debate, como afirma una nota edil?

¿Asume el municipio a pie juntillas lo señalado por G&M?

El alcalde Muñoz debería responder a esta interrogante: ¿han efectuado una reevaluación del costo del Proyecto Vía Expresa Sur en sus casi cuatro meses de gestión? De ser así, deberían publicar el documento y señalar a los profesionales que se responsabilizan.

De no haber tal informe, ¿la MML está haciendo suya la propuesta de G&M? Una situación de esta naturaleza sería inadmisible para un proyecto que impactará en el ciudadano y en los fondos públicos, que con sus recursos pagarán al concesionario. ¿O es que todo sigue en debate que no es precisamente transparente?

Municipalidad de Lima aclara sobre peajes

La Oficina de Comunicación Social de la Municipalidad Metropolitana de Lima envió una carta en la que hace algunas precisiones respecto al informe que EXPRESO publicó el 10 de abril de 2019 sobre el peaje de la Vía Expresa Sur.

“Es preciso aclarar que la Municipalidad de Lima informó que el monto del peaje se determinará según las modificaciones que se harán al contrato como parte del acuerdo de reactivación del proyecto de ejecución de la Vía Expresa Sur, el cual tendrá criterios de proporcionalidad con el servicio prestado. Las modificaciones al contrato de concesión que vienen siendo evaluados entre las partes, implicará cambios necesarios de plazos, aspectos técnicos, condiciones de financiamiento, entre otros”, señala la misiva.

Asimismo, indica que la información sobre peajes “base”, de “saturación”, etc., no corresponden a la data actualizada, aparte de que se ha introducido en el contrato “una cláusula anticorrupción”.

Finalmente, añade que el monto de inversión aproximado es de 200 millones de dólares y no 230 millones.

CÉSAR GUTIÉRREZ

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