Represalias a fiscal por denunciar a corrupta Odebrecht
FOTOGRAFÍA: LUIS BORJA / EXPRESO.
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Si bien la Junta Nacional de Justicia ha evitado pronunciarse sobre su consejero Diego García-Sayán, quien no informara de sus anteriores lazos laborales con Odebrecht, acaba de hacerlo respecto al fiscal supremo Tomás Gálvez, quien, por el contrario, enarbola la bandera de aplicar todas las sanciones preventivas y preliminares a la empresa que robó miles de millones de soles a todos los peruanos.

“La JNJ da a conocer a la opinión pública que ha iniciado los siguientes procedimientos: 1. Disciplinario Inmediato”, se lee en la nota de prensa del organismo presidido por Aldo Vásquez. A este tipo de proceso se le está sometiendo a Gálvez Villegas, así como a Pedro Gonzalo Chávarry, junto a los vocales supremos Aldo Figueroa Navarro y a Martín Hurtado Reyes.

Según el artículo 72 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios, “excepcionalmente se puede prescindir de la investigación preliminar y disponer el inicio del procedimiento disciplinario inmediato por resolución del Pleno debidamente motivada”.

Esto no tendría nada de raro si no fuera porque, mientras que con Gálvez existen audios cuyo contenido aún se investiga para comprobar conducta delictiva o irregular, para el juez supremo César San Martín –quien dicta el número de expediente de un caso familiar a Walter Ríos, y le pide que presione a la magistrada a cargo de este- se considera abrir solo una investigación preliminar.

“Se inicia una investigación preliminar a juez, fiscal, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial o del Ministerio Público, jefe de la ONPE o del Reniec, cuando se tengan elementos suficientes sobre la presunta comisión de una falta disciplinaria”, indica el artículo 49 de la norma citada.

¿DOBLE RASERO?

A pesar de ello, San Martín está en el mismo tipo de proceso que Vicente Walde Jáuregui –quien ya pasó al retiro- y Ángel Henry Romero Díaz, a quien se le pretende vincular con los “Cuellos Blancos”, cuando él resolvió en dos ocasiones contra pedidos de César Hinostroza y Edwin Oviedo –considerados cabecillas-, donde estos pedían millones de soles de compensación por temas diferentes.

Regresando a las denuncias que enfrenta Tomás Gálvez, en el ámbito penal su homólogo Pablo Sánchez considera que sería parte de los “Cuellos Blancos”, aunque con la novedad de que esta presunta organización criminal no tiene cabecillas, sino que funciona horizontalmente.

La investigación es sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, patrocinio ilegal y cohecho activo específico.

Por coincidencia, desde que el magistrado supremo empezó a cuestionar que el equipo especial Lava Jato dé facilidades a Odebrecht, se le revelaron audios sin difundir su versión de estos, provocando suspicacia que luego él ha intentado eliminar.

Hace tres semanas, Gálvez envió un documento a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, manifestándole que los fiscales Rafael Vela y José Pérez habrían incurrido en diferentes delitos, los cuales sirvieron para que la empresa brasileña se apropie de 524 millones de soles, y ahora quede libre para presionar al Estado por el caso Gasoducto Sur Peruano.

“Hemos constatado la comisión flagrante de al menos 3 delitos en el marco de la entrega de los 524 millones a Chaglla. El primer delito de falsedad ideológica, consiste en insertar información falsa en un documento público, cuando Odebrecht pide los 524 millones de soles de Chaglla”, señaló.

El fiscal supremo ha resaltado que los fiscales del equipo especial mintieron cuando se les solicitó sobre investigaciones pendientes a la constructora mafiosa.

NULIDAD DE PEAJES

El último libro de Tomás Gálvez, “Decomiso, Extensión de Dominio, Nulidad de Actos Jurídicos Fraudulentos y Reparación Civil”, es -según su autor- “un aporte para recuperar el producto del delito que nos han robado diversas empresas, especialmente Odebrecht. En él, adicionalmente desarrollamos los criterios para poder anular los contratos de peajes, que son producto del delito”.

DURO CON ODEBRECHT

“El Ministerio de Justicia pidió información al Ministerio Público para saber si había procesos penales en curso contra esa empresa, porque el acuerdo establecía que no se puede hacer entrega de dinero si hay vigente un proceso penal. Ellos contestaron ‘que le entreguen el dinero pues no hay investigaciones’, lo cual es falso pues hay más de veinte investigaciones; al poner esa información, se comete el delito de falsedad genérica, esto todos lo saben, pero no quieren decir nada”, agregó.

Otro de los cargos que enfrenta Gálvez Villegas fue elevado por el fiscal adjunto superior de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, Martín Salas Zegarra.

“Solicito a ustedes señores de la Junta Nacional de Justicia, se disponga cautelarmente el apartamiento temporal en el ejercicio del cargo del señor fiscal supremo titular Tomás Aladino Gálvez Villegas, hasta que se defina su situación jurídica en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto”, indicó en una carta.

Según al magistrado adjunto, en una entrevista en Radio Nacional, el fiscal supremo evidenció “actos de intromisión funcional, interferencia y adelanto de pronunciamiento”, en el sentido de que no debe pedir el retiro de los fiscales Vela y Pérez.

A esto se suman procesos disciplinarios abreviados a 109 jueces y fiscales de otras instancias, a pedido de la Oficina de Control de la Magistratura y de la Fiscalía Suprema de Control Interno, con pedido de medida disciplinaria de destitución.

“La JNJ ha reiniciado el desarrollo de las audiencias públicas para recibir informes orales a fin de emitir en su oportunidad las resoluciones correspondientes, en los casos que quedaron suspendidos tras el cese del ex CNM. La JNJ ha iniciado la revisión especial de nombramientos, ratificaciones, evaluaciones y procedimientos disciplinarios de jueces, fiscales, jefes de la ONPE y el Reniec, efectuados en la gestión de los ex consejeros removidos por el Congreso de la República”, se acota.

CONSEJO BLINDADO

A pesar de que el exdecano del Colegio de Abogados, Vladimir Paz de la Barra, envió una carta a la Junta Nacional de Justicia, solicitando que se desactive el Consejo Consultivo, porque su existencia no figura en la ley orgánica, se le respondió que este grupo seguirá en funcionamiento.

“Es pertinente precisar que el Consejo Consultivo ha sido creado por el Pleno de la JNJ en el marco de su autonomía constitucional, cuyo objeto se refiere a deliberar, analizar, proponer medidas y recomendaciones para coadyuvar en el proceso de institucionalidad de la JNJ”, respondió Juan Carlos Cortés, a nombre de Aldo Vásquez, presidente del organismo.

Si bien se informa que ni Diego García-Sayán ni demás consejeros tienen poder de decisión, sí se admite que son las voces más cercanas a la hora de evaluar decisiones para la institución.

“Participación plural, de los diversos sectores de la sociedad que permita contar con diferentes puntos de vista en las recomendaciones que se puedan formular sobre lineamientos de política institucional y reforma del sistema de justicia”, acota el funcionario Cortés.

Ante ello, Paz de la Barra indicó que Vásquez estaría incurriendo en otra ilegalidad, ya que, si los siete miembros de la JNJ acordaron formar un órgano para hacerle consultas, la respuesta debería incluir la opinión de cada uno de ellos.

“El doctor Vásquez debió poner en conocimiento del Pleno mi carta notarial, a efecto de que los siete miembros deliberen respecto al contenido de mi carta, porque el cuestionamiento propuesto es la creación inconstitucional del Consejo Consultivo aprobado por el Pleno. Por consiguiente, el Pleno debió tomar una decisión, sea cual fuere, y el presidente o el secretario general contestar mi petición, dándome a conocer la decisión del Pleno”, señaló.

DENUNCIAS GRAVES

Las denuncias de Tomás Glavez son graves: “Aparentemente había un plan para encubrir a Odebrecht desde que designaron a [Rafael] Vela…”. También dijo que Pablo Sánchez habría cambiado de título a Vela irregularmente (de penal común a especializado en lavado de activos)

POR: CÉSAR ROJAS

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