Revelan corrupción en “Rostros del No”
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Lo que muchos quisieron ocultar durante años, bajo el manto de una falsa moralidad, quedó al descubierto. No solo la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y su exgerente José Miguel Castro habían manejado dinero de empresas a las cuales favorecían con contratos millonarios, sino también Marisa Glave, Anel Townsend y otros allegados suyos.

Ahora no es solo Castro, alias “Budián”, sino también los empresarios José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Miró Quesada. En el primer caso, se expusieron detalles de lo que fue la campaña del No a la revocatoria en el 2013, la cual se dio mientras se negociaban los peajes de Rutas de Lima y de Línea Amarilla.

Marisa Glave y Zoila Reátegui, quienes terminaron siendo regidoras revocadas, recibieron 60 mil soles bajo el concepto de “producción, movilidad y estrados”, según confesión del exgerente villaranista a los fiscales del equipo Lava Jato.

El dinero había salido de la constructora brasileña OAS, con aprobación de su entonces ejecutivo Alexandre Alves de Mendonca.
Esto se canalizó mediante Luis Gómez Cornejo Rotalde, entonces tesorero de la campaña para que Villarán continuara en el poder. Cabe indicar que este personaje pasó a trabajar como asesor de confianza de la Corte Suprema en el 2017, pero actualmente se encuentra prófugo.

60,000 RAZONES

Siempre de acuerdo a “Budián”, a Townsend le dieron diez mil dólares para movilidad y una cifra igual por “bono de éxito”.
Según la tesis del Ministerio Público, esto ya probaría que no solo se dieron aportes de campaña no registrados en la ONPE o por vía bancaria, sino que esto respondería a una contraprestación a cambio de contratos millonarios.

En esta trama aparece también Graña y Montero, empresa peruana clave para la megacorrupción de Lava Jato en nuestro país. Esta constructora acordó aportar 200 mil dólares, y luego logró beneficios de la gestión de Villarán.

El pago de estos 200 mil dólares se realizaría en dos entregas a través de la empresa Chisac SAC –de propiedad de Freddy Chirinos y Pedro Salinas Chacaltana— para que no ingrese como coima sino como pago de servicios que luego se derivarían a la agencia Ogilvy, con la cual Villarán tenía una deuda, como veremos líneas abajo.

“José Graña estaba mortificado de tener que aportar a la campaña, muy molesto porque según manifestaba José Miguel Castro Gutiérrez lo estaba condicionando para firmar un contrato, que si no aportaba seguiría esperando”, declaró el colaborador eficaz, según IDL Reporteros.

Entre el 2010 y el 2014, el cómplice de Odebrecht y accionista en medios de comunicación obtuvo varios beneficios de la Municipalidad de Lima. Uno de ellos fue un contrato para un servicio de recaudo de pasajes en el Corredor Azul, el cual fue anulado cuando Villarán dejó el cargo.

En el 2012 también se acordó oficialmente con GyM darle la concesión de la Vía Expresa Sur, una obra de 231 millones de dólares, pero sin estudios completos de financiamiento. Este caso fue el primer escándalo que tuvo que afrontar el actual alcalde Jorge Muñoz, a inicios del 2019.

También durante el año del No a la revocatoria, el cabildo capitalino decidió cambiar la zonificación de 53,000 metros cuadrados de terreno en Pachacámac a la Compañía Peruana de Radiodifusión, donde el principal accionista de Graña y Montero tenía acciones.

La intención quedó suspendida cuando Luis Castañeda regresó a la Alcaldía de Lima, pero Muñoz aún no toma una decisión definitiva.

PAGO DE FAVORES

Los gastos de campaña del No nunca fueron examinados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero sí los analizó la Comisión Investigadora Lava Jato del Congreso, presidida por Rosa Bartra.

Según testimonios de entonces -Townsend, Gómez Cornejo Rotalde y otros personajes-, se había gastado alrededor de un millón de soles en avisos en medios de comunicación, paneles publicitarios y otras acciones.

“Esto hace un total de S/1’111,853.98 de gastos en publicidad. Este monto difiere de la información que el congresista Mauricio Mulder presentó en la sesión de la comisión realizada el 1 de diciembre de 2017, consistente en un informe elaborado por Kantar Ibope-media, el que indicaba que la Asociación Amigos de Lima Metropolitana había invertido en publicidad US$ 2’622,264.00, lo que estaría demostrando que el gasto en medios (sin considerar paneles y parantes) habría sido muy superior a lo declarado”, señala el informe final de este grupo parlamentario.

La campaña “Voces y Rostros por el No en defensa de Lima” invirtió un total de S/4’485,461.60, cifra muy por encima de lo que declararon ante el Tribunal Ético del Jurado Nacional de Elecciones.

FACTOR CHISAC

Una de las razones sería que se lavó dinero. De acuerdo con el colaborador, reiteramos, se usó a la empresa Chisac para darle una ruta al dinero que salía de Graña y Montero para la campaña de Villarán. Previas coordinaciones internas, José Graña declaró que convocó a Chisac para cancelar una factura por US$200,000 más IGV, esto con fecha 13 de agosto de 2013. También ahora se sabe que la campaña fue pagada por la concesionaria Vía Expresa Sur, de propiedad de Graña y Montero.

De ese monto, 100,000 dólares debían entregarse a Óscar Vidaurreta Yzaga, un ex ejecutivo de la multinacional publicitaria Ogilvy. Se emitió la factura 0001-00018112, por dicho monto, pero no se efectuó ningún servicio por parte de Ogilvy, informó IDL Reporteros.

“Los ingresos para la campaña de la No Revocatoria en el 2013, provenientes de empresas constructoras, fueron aproximadamente US$7.2 millones. De ellos, US$4 millones fueron aportados por OAS, US$3 millones por Odebrecht y US$0.2 millones por Graña y Montero”, adujo.

Otro personaje cuestionado del entorno villaranista, Paola Ugaz, es muy cercana a Chisac, al punto que ha colaborado laboralmente con su otro accionista, Pedro Salinas, labor que la llevó incluso a reunirse con el fiscal supremo Pablo Sánchez, quien luego contrató a la agencia de Imagen.

Se detectó que Ugaz había viajado a Panamá y a otros países cuando trabajaba en la Municipalidad de Lima, pero hasta ahora el Ministerio Público no le abre investigación.

APOYO DEL PPC

Ahora también se sabe algunas razones de por qué el Partido Popular Cristiano, luego de haber sido un fuerte opositor de Susana Villarán, la apoyó para que no sea revocada. El exregidor Jaime Salinas habría captado 120 mil dólares de las constructoras, pero Lourdes Flores Nano dijo que él no participó en la campaña. La abogada también es investigada por el equipo Lava Jato.

Además de estas declaraciones, Castro habría ofrecido información de cómo se “facilitaba” el trabajo de algunos medios de comunicación y periodistas que fueron reclutados para apoyar la continuidad de Villarán, junto con los contratos a las corruptas empresas del caso Lava Jato.

Entre los delatados por “Budián” figuran el exdirector de un diario deportivo, y uno de un diario político que luego pasó a apoyar el No, así como la frustrada reelección de la izquierdista de la chalina verde.

Uno de esos operadores habría sido Gómez Cornejo. Como se ha referido, figura como prófugo ante una orden de detención preliminar de 18 meses, y estaría refugiado en “una casa amiga de Azpiti”.

GLAVE: SOY INOCENTE

Freddy Chirinos, de Chisac, señaló que desconocía que el pago era para mantener a Villarán en la Alcaldía de Lima. “Yo lo que hice fue cumplir con una instrucción de mi cliente”, dijo, justificando su actuación como intermediario de GyM.

Luego de ver las primeras informaciones sobre las confesiones de “Budián”, su otrora aliada política, Marisa Glave, negó cualquier acto de corrupción, señalando que solamente él había cobrado dinero de empresas del caso Lava Jato.

“Tengo la certeza que el señor Castro está buscando confundir actividades municipales, actividades de campaña y los pagos que él, no nosotros, recibió de Odebrecht. En vista a que se ha referido a mí, estoy pidiendo formalmente a la Fiscalía que me llamen a declarar para aclarar lo que haga falta”, sostuvo.

La también excongresista acotó que no haría más declaraciones para que la fiscalía “tenga espacio suficiente” para aclarar las cosas.
Hasta el cierre de esta edición, Anel Townsend no respondía a las imputaciones de “Budián”.

CONFIRMADO

La constructora Graña y Montero aportó US$200 mil a la campaña por el No a la revocatoria de Susana Villarán, según confesión del colaborador eficaz José Miguel Castro (“Budián”). José y Hernando Graña confirmaron el aporte a los fiscales del caso Lava Jato.

IMASEN Y ODEBRECHT

La empresa de estudios de mercado Imasen también recibió dinero de Lava Jato, según testimonios. Giovanna Peñaflor habría recibido entre diciembre de 2012 y febrero 2013 más de 30 mil dólares de Odebrecht, y luego US$ 80 mil. La ejecutiva respondió que solo hizo un estudio de impacto del proyecto Rutas de Lima.

IZQUIERDA PARÁSITA

“¿Se acuerdan de Goyo Santos, de Vladimir Cerrón, del lentejero de Islay Pepe Julio Gutiérrez? Y ni qué decir de Susana Villarán. Esta es la izquierda combativa que tenemos por acá. Con razón [Marisa Glave] se mantuvo calladita cuando Villarán entraba a la cárcel”. Es el comentario en las redes sociales.

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