SBS vulneraría inversiones financieras

De aprobarse proyecto que modifica su reglamento, socios, directores y funcionarios tendrían que vender sus acciones si registran alguna denuncia penal.


El expresidente del Congreso y experto en derecho económico, Ántero Flores-Aráoz, aseguró que el proyecto de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) que busca modificar su reglamento interno sobre los requisitos de idoneidad, es inconstitucional, lesivo para el derecho de presunción de inocencia y perjudicial para el sistema de inversiones.

Cabe indicar que el proyecto de la SBS del Perú, que fue prepublicado días atrás, busca modificar su reglamento interno en el punto de la idoneidad, con el objetivo de que los directores, gerentes, socios y principales funcionarios de las empresas financieras vendan sus acciones si cuentan con alguna denuncia o presunción de culpabilidad.

Flores-Aráoz explicó que si una persona tiene la posibilidad de adquirir acciones en una empresa a través del mercado de capitales, pero cuenta con una denuncia simple, se abstendría por miedo a perder su dinero.

“Bajo este pretexto de buscar la idoneidad, los funcionarios que tengan una acción penal, aunque no esté terminada, no serían capaces de pertenecer a una corporación financiera, dándole un corto plazo para que vendas sus acciones. Pero sabemos que cuando uno ofrece activos apresuradamente, el precio se devalúa, no es ni siquiera el verdadero, sino uno vil”, declaró a Canal N.

El especialista se mostró a favor de que una empresa financiera retire o pida la salida de uno de sus miembros si está condenado definitivamente por un delito grave y dañe su moralidad, pero no por una simple denuncia que un enemigo pueda interponer.

“Con ese proyecto solo basta que sospechen o presuman que alguien ha cometido un ilícito, sin comprobarlo, para que lo saquen. ¿Se imagina que un funcionario tenga algún problema conyugal, venga una tercera persona que se sienta afectada y lo denuncie por cualquier motivo? Ese sujeto si tiene acciones en una firma, estaría obligado a venderlas y perder su capital”, sostuvo.

 

VIOLA DERECHOS

Flores-Aráoz comentó que un proyecto como el de la SBS atenta con los objetivos de un país que protege la inversión, a la cual intenta estimular y dotarla de garantías, como lo expresa la Constitución Política de 1993.

“Como en cualquier lugar donde hay un orden jurídico, existe una categoría de normas. La Constitución es la ley más alta y todas las que vienen deben respetar la Carta Magna, no pueden darle la contra”, enfatizó en dicho medio de comunicación.

Añadió que si la SBS aprueba esta modificación en su reglamento, todas las entidades del sistema financiero se verían involucradas, como bancos, cajas municipales, cooperativas, seguros, administraciones de fondos de pensiones, entre otras.

El exministro de Defensa también resaltó que mientras un funcionario esté bajo este proceso, no podría pertenecer a las juntas de accionistas, aunque tenga un alto porcentaje, pues se congelarían sus derechos como empresario.

“Además de que los obligaría a vender su portafolio a precio ‘huevo’, los convertiría en accionistas capiti-diminutio, rompiéndose el criterio de igualdad porque las decisiones en un consorcio se toman por números, mientras más activos mejor, pero si no se le permite su presencia se favorece a terceros”, especificó.

Este error, dijo Flores- Aráoz, no provendría de la superintendenta de Bancas y Seguros, Socorro Heysen Zegarra, sino de terceros.

“La señora Heysen es una funcionaria honorable con una trayectoria impecable. Puede ser que le hayan metido, por ahí, gato por liebre. En un mamotreto de esta naturaleza, con tantas páginas, a veces se ve la letra menuda y no la revisan. Se debe observar y quitar todo lo que está contaminado. Si una manzana tiene una parte podrida se toma un cuchillo y se quita lo malo”, agregó.

 

NO SE JUSTIFICA

Ántero Flores- Aráoz consideró que el acceso de la información financiera personal no se justifica, pues existe una reserva de información económica y tributaria, avalada por la Carta Magna. “Incluso, si uno revisa los archivos de las financieras, ya no se publican los nombres de los directivos o de quienes tienen altos cargos por seguridad”, dijo.

JORGE GONZÁLEZ IZQUIERDO:

“Es un error y un exceso”

Alerta sobre otra medida de la SBS que permitiría a funcionarios acceder a información bancaria de privados.

El economista Jorge González Izquierdo calificó de un “error y un exceso” las disposiciones del proyecto recientemente prepublicado por la SBS, pues no basta que una persona tenga una denuncia para que lo obliguen a vender sus acciones y retirarse de una empresa.

“En el Perú te pueden denunciar por maldad y bajo ese motivo no te pueden obligar a retirarte de tu centro de trabajo. La superintendencia debe recapacitar y revertir esto. La única forma de que alguien pueda sacar a un elemento es cuando tenga una sentencia confirmada por algún delito, financiero o de otro tipo. Pero si no está con sentencia firme o consentida, en términos jurídicos, me parece un exceso”, señaló.

González sostuvo que otro argumento en contra de esta propuesta es el tiempo que se le daría a una persona procesada para vender las acciones, ya que al verse perjudicada la imagen del empresario, el precio caería.

“Basta que el mercado sepa que estás en esa situación para que inmediatamente tire abajo el valor de las acciones y, de esa forma, perjudicaría al implicado, y luego se ejercería una presión en los demás accionistas”, subrayó.

El también exministro de Trabajo lamentó que la SBS esté tomando medidas extremas e inconvenientes y atentatorias para la situación financiera del país, ya que desalentaría el desarrollo del mercado de capitales en dos niveles.

“Primero, en la gente que tiene dinero y quiere comprar acciones, y  segundo, iría contra el ciudadano de a pie que desea invertir en acciones; aunque aún no ocurra, se espera que esta situación aumente en cinco años, como en otros países donde cualquier persona puede entrar a la bolsa. Estos dos grupos, si tienen algún enemigo, pueden tener una denuncia y perder su dinero”, estimó.

Recomendó a los profesionales entendidos en la materia opinar sobre esta prepublicación, porque de esa forma ayudarán a rectificar los errores que se han cometido, ya que si la medida es aprobada sólo quedaría que el Congreso de la República prepare una ley para que rompa y deshabilite ese punto del reglamento.

“En países europeos han aplicado esta norma, pero cuando los socios, gerentes o directores de empresas financieras tienen una sentencia consentida, firme y definitiva. Esta es una pieza importante para integrar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde Perú está apuntando, pero hay que diferenciar que cada país tiene una realidad diferente. Lo que deben hacer aquí es moldearla al escenario nacional”, profundizó.

ALERTA

De otro lado, González Izquierdo alertó de la existencia de otra medida de la SBS peligrosa para el país, la cual permitiría que un funcionario de la superintendencia pueda solicitar la información bancaria de cualquier persona y, por ende, el sistema debería dárselo.

“Esta propuesta, que espero que el Congreso la revierta, consistía en que un funcionario público de la SBS puede pedir a todo el sistema financiero, información del estado de la riqueza de cualquiera. Antes se hacía por orden de un juez y en medio de un proceso de investigación, como narcotráfico o lavado de activos”, advirtió González.

Sostuvo que este incorrecto amparo de facultades legislativas se puede convertir en una herramienta para la persecución política.

CARLOS ADRIANZÉN:

Hay “gato encerrado” en modificación

El economista Carlos Adrianzén manifestó que la pretendida modificación en el reglamento de la SBS es absolutamente innecesaria, al ser evidente que para integrar alguna entidad financiera se necesita tener idoneidad moral y profesional, por lo que no descartó que exista “gato encerrado”.

“Hoy, la SBS tiene injerencia hasta en quien limpia los baños en los bancos. Es cierto que la idoneidad de los funcionarios es vital para la salud económica del Perú, también que debe haber gente con capacidad y trayectoria comprobada, porque hay la posibilidad de que un ejecutivo puede ser un delincuente y generaría un problema macroeconómico. Sin embargo, no se requiere este reglamento que ya rige. ¿Qué otra cosa hace dicha regla? Genera la sospecha que haya algo más”, cuestionó.

En cuanto al acceso  de la información financiera personal que podría tener cualquier funcionario de la SBS, Carlos Adrianzén dijo que de aplicarse no se respetaría el derecho a la privacidad de las personas e incluso podría dársele mal uso.

“Se perdería el secreto bancario, lo que le quitaría objetivo a un proceso judicial. No solo se puede usar para la persecución, sino para negocios turbios, como solicitar datos para que les hagan daño a otras personas o pedir cifras de las cuentas de cualquier compatriota y luego sean secuestrados. Esa parte del reglamento es un error garrafal”, sentenció.

Ministro Oliva “está perdido”

El último jueves, el titular del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Oliva, declaró a la agencia Reuters que el Ejecutivo tiene el objetivo de combatir la corrupción, pero que influenciaría en la economía nacional.

“Si por combatir a la corrupción va a caer el PBI (Producto Bruto Interno), bueno pues, mala suerte. Lo principal es combatir la corrupción con una mirada de mediano y largo plazo”, dijo en la citada entrevista.

Ante ello, el economista Carlos Adianzén señaló que el ministro “está perdido”, pues al luchar contra la corrupción, la economía de un país mejora, debido al fortalecimiento de las instituciones.

“El ministro declaró que eliminar la corrupción va a hundir la economía. En mi opinión, está perdido. Cuando un gobierno lo hace de verdad, la economía se levanta, cuando presidentes o ministros están presos, llama a la inversión porque refleja que en el país hay leyes y entidades fuertes, pero si solo se investigan a unos grupos, todo se complica”, añadió.

Expresó que la gestión en materia económica del presidente Martín Vizcarra tiene nota desaprobatoria, de seis o hasta siete.

“El país requiere reformas capitalistas y acciones concretas para mostrar incentivos contra la corrupción. Están jalados. Si opino que tienen seis o siete es de cortesía. El Perú crecía en ritmos quinquenales de 4 % a 5 %, ahora lo hace de 2 % a 3 %. Hace falta un cambio de timón hacia un mayor capitalismo, defensa de la institucionalidad y menos populismo. Un pésimo gobernante busca consensar con grupos específicos y se deja llevar por las encuestas”, finalizó.

JUAN CARLOS ÁNGELES

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