Shock de inversión para salvar al Perú
Foto: Edgardo Vizcardo/Expreso.
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Un shock de inversión y trabajo sin tocar los ahorros de los peruanos, sin endeudar a la nación y sin expropiaciones, es lo que propone el candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, para superar la crisis económica y sanitaria que agobia al Perú.

EXPRESO tuvo acceso al Plan de Gobierno de Avanza País y pudo conocer los cuatro ejes de la propuesta que enarbola De Soto como solución a los graves problemas que afectan a los peruanos.

Esos cuatro ejes son: unificar al país, enriquecerlo creando capital, lograr que el modelo económico sea inclusivo y dotar a los peruanos de los mecanismos que les permitan participar en las decisiones del Gobierno para que las autoridades les rindan cuentas.

CONCILIAR INTERESES

El objetivo de un eventual gobierno de Avanza País será unificar a la nación, conciliando los intereses de las clases en conflicto.

Según De Soto, la pandemia de la covid-19 y la recesión económica subsecuente le han confirmado que la razón por la cual el Estado no ha podido tomar decisiones oportunas para enfrentar ambos problemas es porque en el país coexisten dos sistemas legales (conjuntos de leyes) permanentemente enfrentados: en una orilla están los sectores A y B (los empresarios, los más prósperos) y en la otra los sectores C, D y E, también llamados informales.

En el plan de Avanza País, los registros son de fundamental importancia, al ser los lugares donde está registrada y categorizada la información que nos permite saber quién tiene derecho sobre qué, inferir el valor de las cosas y dónde están establecidas las normas que regulan cómo estas pueden ser usadas, negociadas y combinadas.

CONSENSO DE WASHINGTON

De Soto explica que el sistema legal de los sectores A y B es parte del Consenso de Washington, cuyo fin es proteger la inversión y los intercambios globales. Obedece a 3,300 convenios y tratados suscritos por la mano derecha de Estados como el Perú, que proveen a esos sectores 104 registros formales reconocidos globalmente que les proveen varios derechos que los sectores C, D y E no tienen. De estos, los más importantes son el derecho a usar sus activos, reputaciones y empresas como garantía para obtener financiamiento, para representar los activos en bonos o acciones, compartir la propiedad y ceder parte de ella para conseguir inversión sin dividir físicamente la propiedad.

También el derecho a utilizar esos activos como garantía para financiar servicios públicos, tales como energía, redes de agua potable en lugar de cisterna y desagüe, o para usarlos como credenciales con fines comerciales, judiciales o civiles.

Igualmente, el derecho de constituir empresas y emplear a personas que no son necesariamente parte de círculos familiares. Asimismo, el derecho a ser protegidos por la responsabilidad limitada y de blindar a su familia o su comunidad de pérdidas dramáticas. Y, por último, a separar los derechos colectivos de los individuales, de manera que los primeros no respondan por las deudas de los últimos.

GLOBALIZACIÓN JUSTA

El sistema legal del sector CDE, en cambio, es parte del Consenso por la Globalización Justa, que obedece a centenares de convenios y tratados suscritos por el Estado peruano con la mano izquierda, cuyo propósito es “acabar con las desigualdades de la pobreza”, y que legitima los 17,500 registros gobernados por lo que los mismos CDE llaman “derecho imperfecto”. Este consenso provee a los CDE armas esencialmente políticas lo suficientemente poderosas como para bloquear cualquier proyecto en el área de su dominio, que han sido incorporadas en 1,469 normas nacionales producidas por el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, leyes y decretos legislativos, decretos supremos, resoluciones ministeriales y decisiones administrativas.

ENFRENTAMIENTO

El enfrentamiento entre los dos sistemas, las clases AB y CDE, agudiza dramáticamente los efectos de la pandemia sobre nuestra salud y economía. Así lo hemos podido constatar con los enfrentamientos entre agroexportadores y jornaleros y campesinos; entre fuerzas del orden y ambulantes de Gamarra y jóvenes Ni-Nis; entre mypes y financieras; entre petroleros y nativos; entre campesinos, mineros de socavón y grandes empresas extractivas.

Como el Estado no es consciente de la existencia de los consensos paralelos de Washington y de Ginebra, le es imposible identificar los intereses de los CDE y conciliarlos con los de AB. Delega los problemas de los sectores CDE a la Policía o los municipios, donde nunca podrán ser resueltos porque, como dirían tanto Karl Marx como Adam Smith, lo que fundamentalmente genera el enfrentamiento entre AB y CDE es que los primeros pueden formar capital y los últimos no.

Esa diferencia origina que los CDE se sientan alienados y, a medida que la recesión destruye sus empleos, empresas y ahorros, se vuelvan cada vez más beligerantes, mientras los líderes AB presentan protestas cada vez más autoritarias.

Todo lo cual ha llegado a un punto de inflexión tal que, si no comenzamos a crear riqueza, cerrar la brecha entre AB y CDE y restablecer pronto la autoridad del Estado, nuestro país seguirá cuesta abajo y podríamos terminar en una situación incluso peor que la venezolana, señala Avanza País en su Plan de Gobierno.

CREACIÓN DE CAPITAL

El segundo y más urgente objetivo propuesto por Hernando de Soto es enriquecer al país rápidamente creando capital.

En ese sentido, Avanza País prevé un agresivo programa: generar un capital de 37 mil millones de dólares que irá a los bolsillos de los peruanos como propiedad -no a los del Estado-, y no como una dádiva o un canon que el Estado reparte.

Este capital es 12 veces mayor que el presupuesto del plan de reactivación del Estado peruano. “Y podemos hacerlo sin tocar tus ahorros, sin endeudar al país y sin expropiar a nadie. En los dos primeros años, esto permitirá crear 150 mil nuevos puestos de trabajo”, asegura De Soto.

UN BILLÓN DE DÓLARES

El economista afirma que desbloqueará alrededor de un billón de dólares (un millón de millones) en recursos que ya se encuentran probados, mapeados y listos.

“Para nosotros es relativamente sencillo hacerlo porque sabemos que la creación de capital es el resultado de conectar la validez de los títulos, autorizaciones, concesiones y licencias registradas con los requerimientos documentales de los mercados de capital”, manifiesta De Soto.

Señala que los atajos para capitalizar a los que ya están mapeados y listos para conectarse con los mercados financieros son:

1. RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES.

Un gobierno de Avanza País pondría en valor 961 mil millones de dólares en minerales probados y probables que poseen tanto los formales como los informales que hoy son “capital muerto” porque no pueden ser financiados.

En un primer extremo está el caso de los recursos del subsuelo que han sido concesionados a empresas extractivas “formales”, muchas de las cuales están siendo bloqueadas por campesinos y mineros artesanales “informales” que son dueños de la superficie justo encima de esas concesiones y quienes se resisten a conceder a dichas empresas las certificaciones (conocidas como “licencia social”) que estas necesitan para acreditarse en las bolsas de valores.

En un segundo extremo están los campesinos que viven de la explotación de recursos agrícolas renovables en áreas mineras que son renuentes a otorgar la “licencia social” a las empresas extractivas porque se sienten alienados, ya que sus derechos no están certificados de manera tal que sus actividades agrícolas puedan ser financiadas en los mercados de capital al igual que las mineras.

En un tercer extremo está el caso de los recursos controlados por mineros informales cuyo potencial de crear riqueza sustancial está bloqueado porque las distintas autorizaciones excepcionales que les permiten operar no están certificadas de manera que puedan ser censadas, recibir concesiones y negociar dentro de la ley con titulares sin que nadie sea expropiado, comercializar lo que producen y acreditarse en mercados financieros.

“Hay por supuesto otros casos que no hemos cuantificado todavía. Ninguno será insoluble, sin embargo, pues nuestros protocolos pueden conectar sistemáticamente a través de una cadena de certificaciones, cualquier actividad legítima realizada en los terrenos de los CDE con los mercados de los AB”, explican los voceros de Avanza País.

Es un hecho que las amenazas como son las pandemias traen no solo crisis, sino que también puede acelerar el desarrollo económico, tecnológico y social. Un ejemplo es la gripe española que apareció en 1918. Duró hasta la gran depresión de 1930 y mató a unos 30 millones de personas. ¡Trágico! Pero mirando más lejos, durante la década de los 30 EE.UU. creció mucho más que en los años previos debido, entre otras cosas, a dos grandes innovaciones que permitieron la aplicación de la electricidad a la manufactura y la utilización de motores de combustión interna para impulsar la fabricación de vehículos.

¿Y qué tiene esto que ver con el panorama peruano que enfrentamos? Mucho. Ahora que nos vemos obligados a aislarnos vamos a depender más de la tecnología, del teletrabajo, la teleeducación y la telemedicina para diagnosticar y monitorear a distancia. Para todas esas “teles” son indispensables nuestros recursos naturales, ya sea el cobre que inactiva bacterias y virus, el litio sin el cual no hay baterías para los carros eléctricos, la plata o las tierras raras sin las cuales no funcionan ni las computadoras ni los paneles solares, el uranio y el oro que seguirá siendo un refugio financiero. Por ello vamos a utilizar nuestros conocimientos y contactos para no solamente desbloquear lo conocido y abrir esta nueva frontera.

2. ACTIVOS URBANOS DE LOS SECTORES C, D y E

Permitirán garantizar mejores condiciones de crédito y formar su capital propio. Estos tienen un valor total de 83 mil millones de dólares. Incluyen viviendas y predios con un valor de 74 mil millones de dólares; taxis, microbuses, colectivos, mototaxis informales con un valor de 3,500 millones de dólares; y dos millones trescientas mil mypes con activos por valor de 5 mil millones de dólares que generan 45 mil millones de dólares de ingresos anuales.

El potencial de los titulares de estos activos para garantizar mejores condiciones de crédito -sin ponerle topes a nadie- y ampliar sus posibilidades de formar capital está, sin embargo, bloqueado.

“Mi gobierno los desbloqueará y les dará las certificaciones necesarias para fusionarse, integrar cadenas productivas, asociarse con gente talentosa que no son parte de su familia, llevar una contabilidad formal, bajar los costos de abrir cuentas y limitar responsabilidades para tomar riesgos razonables”, adelanta el autor de “El Otro Sendero”.

3. COMPRAS ESTATALES DE LA PRODUCCIÓN DE LAS MYPES.

“En el primer semestre mi gobierno intentará completar los ajustes necesarios para que el Estado adquiera el 40 por ciento de sus bienes y servicios a las mypes, según dispone la Ley 28015”, anuncia De Soto .

Para ello, afirma, logrará que el Estado publique oportunamente la información de lo que comprará y en qué fechas lo hará para que las mypes tengan tiempo de prepararse. Y lo mismo para desregular normas, expedientes técnicos, especificaciones y documentos de licitaciones que obstaculizan estas compras. Esto crearía un mercado para las mypes peruanas de alrededor de 5 mil millones de dólares anuales.

MODELO ECONÓMICO INCLUSIVO

El tercer objetivo de Avanza País es lograr que el modelo económico sea inclusivo, otorgando a los sectores CDE las siete certificaciones que les faltan para beneficiarse del modelo y abandonar el populismo.

“En base a la información que hemos recogido, sabemos que los 500 líderes de los gremios CDE que se han plegado a nosotros mediante el Pacto Social, y los dirigentes de los 17,500 registros de ‘derecho imperfecto’, quieren en su mayoría cumplir las siete condiciones que requieren para operar a escala nacional y global y acceder al crédito y al capital”, destaca De Soto.

“Sabemos que esto es posible por nuestras consultas y trabajos con las empresas certificadoras -notarías, aseguradoras, emisoras de seguros y de seguro de títulos, emisores de certificados, suscriptores, estudios de abogados y titulizadores. Sabemos que esta cadena de certificaciones existe, que todas esas empresas son inadvertidamente eslabones de esta cadena, y que lo único que falta es que el Estado retire las trabas”, postula su Plan de Gobierno.

SECTORES RECONOCIBLES

Para ello, de acuerdo con Avanza País, el Estado debe hacer reconocibles a esos sectores y alentarlos para permitirles:

1. Certificar la ubicación de los recursos, la identificación de los propietarios y la existencia de normas y autoridades locales que determinen la validez y ejecutabilidad de los títulos.

2. Certificar que las normas existentes permitan que los títulos puedan servir como garantía para levantar capital en una jurisdicción determinada.

3. Certificar que los titulares tengan o estén preparados para adoptar una forma de organización empresarial que les permita ser reconocidos y protegidos en el mercado global.

4. Certificar que las normas existentes permitan que esos propietarios adopten mecanismos empresariales para limitar su responsabilidad, de manera que puedan protegerse de las decisiones que se adopten contra sus intereses personales.

5. Certificar que las leyes existentes también les permitan elegir con quiénes se asocian y adquirir propiedad vía acciones y participaciones, de manera que puedan apropiarse de la plusvalía y convertirse en propietarios de industrias de alta productividad y gran escala.

6. Certificar que los títulos cumplan con las normas locales que gobiernan la formación del capital.

7. Certificar que los títulos cumplan con las reglas, enmiendas, prácticas, interpretaciones y prohibiciones que rigen los mercados financieros globales, incluyendo normas tales como las leyes antifraude del mercado de valores, convenciones internacionales para una globalización justa, los acuerdos de libre comercio y los tratados de inversión.

EXPANDIR DERECHOS

De Soto sostiene que estas siete certificaciones refuerzan y expanden los derechos contenidos en los títulos, licencias, concesiones y empadronamientos que se originan en las instituciones de los sectores AB y CDE, agregándoles las salvaguardas que requieren los mercados financieros para prevenir el fraude.

Una vez que las certificaciones y las salvaguardas han sido empaquetadas en un legajo, el emisor de una inversión puede ingresarlo por la ventanilla de entrada de un banco como una garantía, y dicho banco estaría en libertad de acreditarlo como activo. El banco puede, entonces, emitir dinero a través de su ventanilla de salida, registrándolo en sus libros como un pasivo.

“Como Karl Marx y Adam Smith hubiesen reconocido si estuvieran vivos, los peruanos extraerían de la tierra finalmente no solo papas y oro, sino también capital”, afirma el economista..

“Para mi gobierno la unificación de los registros es el punto de entrada del flujo de conocimientos que permitirá proteger al Perú, de todas las sangres y culturas, de los abusos de los inescrupulosos y, simultáneamente, convertirnos en una nación civilizada cuyos ciudadanos pueden interactuar libremente entre sí y con el resto del mundo sin necesidad de formar argollas o ser víctimas de ‘brokers’ culturales”, asegura.

CAMINO CONOCIDO

El líder de Avanza País admite que nada de esto es nuevo: todos los países desarrollados han recorrido inadvertidamente este camino. Así lo hicieron en EE.UU. para domesticar el “Salvaje Oeste” y resolver los conflictos de la Fiebre del Oro en California; en Europa, para recoger las piezas del orden feudal desmoronado; en Asia, para reensamblar al Japón luego de la Segunda Guerra Mundial; y, posteriormente, para unificar el Este y el Oeste de Europa luego de la caída del Muro de Berlín.

“En resumen, el modelo económico no es el problema, lo que le falta es que sea inclusivo. Y nosotros sabemos cómo hacerlo en el próximo gobierno”, finaliza.

DECISIÓN INFORMADA

“No pido que me den su confianza a ciegas. Quiero exponer los cuatro objetivos que voy a perseguir de ser elegido a la Presidencia, cómo haría para alcanzarlos y quiénes me acompañarían en este empeño para que puedan tomar una decisión informada”, señala De Soto.

IMPULSO DE JÓVENES

“Preservaremos el bienestar de nuestros niños, madres, adultos mayores; creando condiciones de oportunidades y calidad de vida como se merece cada uno de los miembros del pueblo peruano. El impulso de los jóvenes será vital en este proceso, porque depende su fuerza, ganas y energía en emprender y trascender el rumbo al éxito de nuestro país”, afirma De Soto.

PRIALÉ Y VALDIVIESO

Figuras destacadas del equipo de Avanza País son: Gonzalo Prialé, extitular de AFIN, y actual presidente del Instituto Infraestructura Institucionalidad y Gestión; Luis Valdivieso, ex economista senior en el FMI y exministro de Economía; Corinne Flores, presidente de la Cámara de Comercio de la Heroica Tacna, empresaria, exregidora provincial de la Municipalidad de Tacna y exmiembro del directorio de Zofratacn; Jaime Salomón, exviceministro de Agricultura, ingeniero industrial, empresario, y doctor en Administración y Filosofía; y Manuel Mayorga, quien gestionó proyectos complejos de gran envergadura con De Soto en más de 4 continentes.

MYPES Y PESCADORES

Otros miembros del equipo de De Soto son: Roman Miu, coordinador de 500 mil mypes; Julio Pardavé, líder de 2 millones de microempresarios, 2 mil mercados de abastos y 100 asociaciones de pescadores artesanales; Celso Cajachagua, de Fenmarpe, que agrupa a más de 180,000 mineros pequeños y artesanales .

HÉROES Y EMBLEMA ANTICORRUPCIÓN

El equipo liderado por Hernando de Soto es integrado por el general PNP (r) Marco Miyashiro, artífice de la captura de Abimael Guzmán que descabezó a Sendero Luminoso; José Williams, general del Ejército peruano que dirigió la liberación de los rehenes de la residencia del embajador japonés, descabezando así al MRTA; Julia Príncipe, emblema de la lucha anticorrupción, desde que se desempeñó como procuradora general de la República.

Asimismo, Miguel Vega Alvear, expresidente de la Confiep y de la Sociedad Nacional de Industrias, exsenador y actual representante del sector privado en la Comisión de Reactivación Económica; el excanciller y expresidente Francisco Tudela, quien demarcó definitivamente la frontera peruano-ecuatoriana después de la guerra del Cenepa; Carlos Añaños, símbolo del empresario emergente peruano, fundador y actual director ejecutivo del Grupo AJE y presidente del Patronato Pikimachay, encargado de promover el desarrollo de Ayacucho, y Álvaro de Soto, quien puso fin a la guerra de 12 años que sufrió El Salvador y medió el proceso de paz en Medio Oriente, ex secretario general adjunto de la ONU con Javier Pérez de Cuéllar, Butros Butros-Ghalli y Kofi Annan.

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