EJECUTIVO Y PODER JUDICIAL PRESIONARON EN ABANCAY, AFIRMAN

Triunfa el chantaje en Las Bambas

Liberan a los “chavelos” Frank Chávez Sotelo, Jorge Chávez Sotelo y Carlos Vargas Arizabal.

  • Fecha Sábado 4 de Mayo del 2019
  • Fecha 4:20 am



El corredor minero que atraviesa de sur a norte los departamentos de Puno, Moquegua, Arequipa, y Cusco -con su epicentro en Las Bambas en Apurímac-  es un potencial polvorín antiminero. Y en la idea de soliviantar el conflicto, el Gobierno no ha encontrado mejor salida que propiciar una amnistía para los dirigentes revoltosos y liberar a la llamada banda de “Los Chavelos”.

Nos referimos a Frank Chávez Sotelo, Jorge Chávez Sotelo y Carlos Vargas Arizabal, abogados de la comunidad de Fuerabamba que se encontraban con prisión preventiva, pero que han sido liberados por la Corte Superior de Justicia de Apurímac que declaró fundado su recurso de apelación.

Los dos hermanos fueron detenidos, junto al presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, el pasado 21 de marzo porque habrían coordinado un chantaje a la minera china MMG Ltd, a la que le pidieron 100 millones de soles a cambio de no afectar la producción de la mina.

Para entender el desenlace del fin de la carcelería no olvidemos que previamente el gobierno había firmado un acta de fecha 10 de abril de 2019, con los dirigentes comuneros de la zona, aceptando como primer punto el “Archivamiento de las denuncias contra los hermanos procesados en los conflictos sociales de la provincia de Cotabambas desde el año 2011 a la actualidad…”.

Para cumplir esta y otras ocho exigencias se afirma que el Ejecutivo ha inducido a la Fiscalía y al Poder Judicial de la región a que les impongan a los “chavelos” y a Vargas Arizabal una caución simbólica y medidas permisivas de conducta.

El fallo firmado por los jueces Olmos Huallpa, Tayro Tayro y Mendoza Marín, de la Sala de Apelaciones de la mencionada corte apurimeña, se base en la Casación No 626-2013- Moquegua, que es vinculante, y en la casación Nº 1145-2018/Nacional, que con doctrina garantista exigen valorar el peligro de fuga, el arraigo y el peligro procesal que no encuentran en el caso de los tres letrados.

“Se ha revocado la resolución de prisión preventiva y de alguna forma ha dictado medidas restrictivas en favor de los investigados. En este caso, medidas de conducta y una caución de S/. 20 mil”, dijo a un diario local Kevin Peña Mallma, defensor de los citados asesores de Fuerabamba.

De otra parte, no es pues casual que en la víspera el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) Walde Jáuregui haya estado en Apurímac, y antes –junto con el titular de la PCM, Salvador del Solar y el ministro de Justicia Vicente Zeballos- en el distrito de Chahuahuacho, comprometiéndose en público a revisar el paquete de los casos judiciales en que están implicados no solo “Los chavelos” sino decenas de dirigentes comuneros.

Incluso este jueves se informó que un equipo de la OCMA se encontraba en el distrito judicial de Apurímac realizando labores de control, principalmente en los juzgados donde se tramitan procesos judiciales de los comuneros de Las Bambas.

Según el abogado Fausto Salinas Lovón, se trata de casos de bloqueo de carreteras penados por ley, afectación de vías públicas, delitos de coacción en contra de la libertad de los ciudadanos de la zona -que no necesariamente son lugareños-, delitos contra la propiedad privada, como sucede con el apedreo de vehículos, entre otros.

De esta forma concluye el intento de algunos jueces de hacer valer la ley respecto de quienes venían cumpliendo la orden de prisión preventiva y ahora dicen que llevarán sus proceso en libertad, no obstante las pruebas y audios de extorsión por los cuales estuvieron tras las rejas en el penal cusqueño de Qenqoro.

SE DESMORONA

Un interrogante  que saca a flote el jurista Enrique Ghersi es qué va a pasar con el trabajo de policías, fiscales y jueces que investigaron y armaron decenas de expedientes, no 500 como señalan la prensa de izquierdas, si el sistema de defensa del estado está siendo desmoronado.

Lo que estamos viendo es una insensatez, sostuvo, porque lo primero que se ha puesto en evidencia es una manipulación política de la justicia poniendo al estado en una situación de indefensión.

Asimismo, “hay una falta de respeto a la ley, y eso se ve en gente que está acusada de delitos extorsivos y no les pasa nada”, según Ghersi.

“Y las consecuencias no tardarán en llegar porque las algaradas al estilo de Las Bambas serán emuladas y repetidas porque ha quedado claro que la ley ya no se respeta”, agrega.

En una perspectiva mayor, para este jurista liberal “vivimos el deterioro acumulativo del estado de derecho durante esta administración que empezó en julio de 2016 y que se agrava en el periodo del presidente Martín Vizcarra”.

“Las medidas de las autoridades en Las Bambas también son una invitación a la desobediencia generalizada de las normas, es un atentado directo a la inversión privada, es traer abajo y desmerecer el esfuerzo que venían haciendo policías y magistrados”.

“Yo no sé cómo va a reaccionar la empresa MMG Ltd que opera dicho yacimiento de cobre. El gobierno de China, socio comercial del Perú, podría trasmitir su posición por los canales correspondientes”, dijo.

Pero, al margen de todo, “este es un día negro de la minería peruana”, remata en conversación con este diario. Y es que el futuro de las inversiones ahora sí que está en cuestión, concluye.

EL LITIO

Si bien los efectos del incumplimiento de la ley se verán en el corredor minero donde están Tintaya, Cuajone, Cerro Verde, entre otros, el destrabamiento de las inversiones obvio que se complicará más, a partir del proyecto semimuerto de Tía María.

Una visión de futuro, tan alejada de nuestra clase política, respecto del futuro del sector minero, pondría en debate en primer lugar el tema del gigantesco yacimiento de litio descubierto en Puno por la minera Macusani Yellowcake, filial de la canadiense Plateau Energy.

Pero con un Poder Judicial que da ese tipo de fallos es obvio que en el extranjero nadie tomará en serio al Perú. Veteranos editores señalan que, por ejemplo, mientras se sigue politizando la justicia, y el ministro Francis Ísmodes (Energía y Minas) está más abocado al tema del suministro de energía a través de centrales solares fotovoltaicas, es difícil pensar que un tema tan vital para el futuro como el litio esté en sus agendas, menos aún del Congreso.

Tal vez la Confiep pueda motivar a nuestras autoridades y trasmitirles que hay una demanda enorme por el litio en el mundo, para su uso masivo en la industria digital (desde las baterías de nuestros teléfonos móviles hasta las baterías de vehículos inteligentes que pronto llegarán).

Por eso que chinos y alemanes ya están en Bolivia en trabajos preliminares del litio boliviano que, como el chileno, está asociado a la sal, y no al uranio como en el caso del litio peruano que obviamente es superior. En el país austral el presidente Sebastián Piñera está incentivando su explotación.

Nada de eso sucede en este lado de la frontera. La crisis de Las Bambas lo ha puesto en manos del antiminero Walter Aduviriri, gobernador del altiplano. Paradojas de la vida.

7,5 millones de TM

Las reservas calculadas de Las Bambas, una de las principales minas de cobre del mundo, están en 7,5 millones de toneladas, de las que 452.000 fueron extraídas en 2018, lo que supone un 2 % de las 20 millones de toneladas que se produjeron a nivel mundial, calcula la agencia Efe.

Compensación

La comunidad de Fuerabamba exige una compensación económica por el paso de los camiones por el predio Yavi Yavi que la minera les entregó en 2011 como compensación por la reubicación del pueblo donde MGM construyó modernas casas con agua potable y luz, servicios para los pobladores.

“Habría injerencia del Ejecutivo”

El abogado penalista Carlos Caro Coria aseguró que la liberación de los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, es un “pésimo precedente” para lo establecido por la Corte Superior Anticorrupción, donde especificó que en caso de organización criminal no solo se debe valorar lo relativo a las pruebas del delito, sino el peligro procesal y la posibilidad de que esta pueda seguir operando de manera indirecta.

“Dejar libre a estos presuntos autores de un hecho de extorción está dando lugar a que una potencial organización criminal siga operando. No se ha aplicado el mismo estándar que aplica, a nivel nacional, la Sala Penal Nacional para organizaciones criminales porque al final se está generando un incentivo para seguir delinquiendo sin ningún tipo de consecuencia”, explicó.

Ente otras cosas, el penalista consideró que existió cierta presión de parte del Poder Ejecutivo, pues este era uno de los puntos principales que presentaron al Presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, para que se retome el diálogo.

Además, criticó que el gobierno haya solicitado la presencia de funcionarios de la Fiscalía, Poder Judicial y Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) en la mesa técnica denominada Justicia y Derechos Humanos.

“El Ejecutivo no tenía que haber pedido ninguna participación siendo esto un asunto netamente judicial. Es un tema que está fuera del lugar, los jueces no tienen que acercarse a los investigados, cuándo se ha visto eso, es algo que para mí es absolutamente inconveniente”, agregó.

Por otro lado, también criticó el proyecto de ley sobre amnistía que presentó ayer el congresista Richard Arce (Nuevo Perú) que busca “cesar la criminalización de la protesta social” y el archivamiento de denuncias contra comuneros que datan del 2011 al 2019.

En ese sentido, dijo que con la “amnistía” se busca maquillar un proyecto que tendría nombre propio porque se trata de procesos que actualmente se encuentran en investigación por el sistema de justicia peruano.

PLINIO ESQUINARILA

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