7 MILLONES. DE HOGARES AFECTADOS EN FAVOR DE 1800 EMPRESAS

Usuarios subsidian energía eléctrica

Enrique Ghersi y Edgardo del Pomar sostienen que es inconcebible que ciudadanos de a pie paguen el doble del precio de la luz que las empresas.

Usuarios subsidian energía eléctrica
  • Fecha Lunes 18 de Noviembre del 2019
  • Fecha 6:00 am

Una distorsión en el mercado y en los precios de la energía viene afectando a millones de ciudadanos desde hace tres años. Y es que los peruanos de a pie pagamos hasta 65 dólares el megavatio hora (MH), en tanto las grandes empresas solo de 25 a 32 dólares. En otras palabras, aquellos grandes negocios, que son unas 1,800 empresas, incluidas las mineras, pagan aproximadamente la mitad de lo que desembolsan los llamados “consumidores regulados”, es decir unos siete millones de usuarios.

Todo se remonta al 2016, año en el que se pronosticó una alta demanda energética, por lo que el Estado aprobó la licitación de varios proyectos de generación. Sin embargo, las expectativas no pisaron suelo por la desaceleración económica, lo que ocasionó un exceso en la demanda de generación eléctrica.

Eso desató una guerra de precios para captar clientes que llevaron a algunas generadoras –como es el caso de las térmicas, por ejemplo- a optar por migrar al mercado spot, lo que les permitiría comprar energía de terceros, como la estatal Electroperú, que es afectada al pagarle un precio de 8 dólares el MW hora, y revenderla a 24 o 25 dólares en el mercado libre o spot.

El problema se agravó aún más cuando, para abastecer a los consumidores industriales, también denominados “clientes libres” o “clientes no regulados”, un grupo de empresas compró energía producida por empresas eólicas, de biomasa, solares e hidroeléctricas pequeñas, cuyas tarifas tienen garantías por parte del Estado conocidas como Primas RER (Recursos Energéticos Renovables).

¿Qué son las Primas RER? Son un subsidio otorgado por el Estado para impulsar proyectos de energía no renovable o no convencionales (de energía eólica y solar, principalmente). Dicha prima se obtiene de la diferencia entre los ingresos que obtienen los proyectos RER en subastas y el precio Spot.

Ahí surgió que el precio de las RER, sin la cobertura al precio garantizado del Estado, ocasionó que la diferencia sea cargada a los usuarios de electricidad. Dicho de otra forma, poquísimas empresas de generación compran energía a las RER sin cubrir el precio garantizado por el Estado. Entonces, la diferencia es cargada a todos los usuarios de electricidad en el Perú.

CARGOS ADICIONALES

Al respecto, el jurista Enrique Ghersi estimó que se está ‘incubando’ así una bomba de tiempo, pues “la situación que viven los hogares de todo el Perú es inadmisible. Se paga en cada casa más del doble por el mismo producto con precios irracionalmente distintos”.

“Negocios como supermercados, tiendas por departamento o fábricas pagan en promedio US$22 por kilowatt-hora, mientras los hogares pagan alrededor de US$57 por kilowatt-hora, así estén ubicados en la misma cuadra”, añade.

Esta inaceptable situación, según la versión del abogado, ha ocasionado que más de 7 millones de hogares paguen en el 2018 más de US$70 millones de sobrecostos traducidos en las Primas RER, que terminarán financiando energía más barata para un grupo de 1,800 empresas.

Y en este año, “cerca de US$100 millones saldrán de nuestros bolsillos con el único objetivo de que los grandes comercios o fábricas ahorren dinero, lo cual obviamente es injusto”, afirmó.

“Este subsidio se oculta en el concepto ‘cargos adicionales’ que fija Osinergmin una vez al año y publica en su página web. Este cargo luego se diluye u oculta dentro de un concepto general en nuestro recibo mensual de luz”.

Se sabe que esta anómala situación se da desde hace tres años, reiteró. “El Ministerio de Energía y Minas hace 18 meses reconoció explícitamente, mediante el DS 039-2017-EM, que la distorsión del mercado genera valorizaciones artificialmente bajas de los precios de producción de energía. Pese a ello, hasta el momento no se toma una medida correctiva”, advirtió Ghersi en conversación con EXPRESO.

“Esta situación es evidentemente injusta y desigual. Cualquier casa de Villa El Salvador, por ejemplo, paga por la luz el doble que un local comercial de lujo por la misma electricidad. Si el Gobierno realmente quiere priorizar al ciudadano, debe corregir inmediatamente esta distorsión”, señaló.

“Es inaceptable que el Gobierno y Osinergmin permitan que las generadoras falseen el precio del gas que es el insumo con el que generan la energía declarando valor cero. Ya quisiera ver si un periódico declara valor cero por el precio de su principal insumo como es el papel. Tendría a la Sunat inmediatamente encima”, concluyó.

DEL POMAR

Una apreciación similar a la de Ghersi tuvo Edgardo del Pomar, experto en gestión pública y presidente de la Asociación “El Consumidor Manda”, quien nos explica que esta situación fue además avalada por el presidente Martín Vizcarra a comienzos de año, cuando Osinergmin emitió un decreto que establece (si no, ratifica) precios que continúan colocando a la gran empresa como favorecida, frente al ciudadano que sigue pagando un monto elevado.

En efecto, con fecha 31 de enero de 2019, Osinergmin emitió el Decreto Supremo 017-2019 en el que estableció que el precio promedio para el usuario residencial, a nivel de generación, asciende a 52.33 dólares, y que el precio para usuarios libres –es decir, 1,800 grandes empresas- oscila entre 20 y 28 dólares.

“Desde hace tres años, tres generadores compran energía muy barata en el mercado de corto plazo a 8 dólares, que terminan vendiendo a las grandes empresas a 25 dólares y a nosotros, los ciudadanos de a pie, a 65 dólares. La pregunta es, si los empresarios pagan ese monto, ¿por qué nosotros tenemos que comprarlo a 65?”, cuestionó Del Pomar.

De acuerdo con el también docente de la Universidad de Lima, actualmente los recibos de luz están cobrando entre 5 a 12 soles adicionales cuya justificación no está siendo incluida en el detalle del cobro. “Se trata supuestamente de una denominada prima para el fomento de energías no renovables, pero curiosamente no figura en los recibos”, señaló.

INACCIÓN CONGRESAL

En anteriores ocasiones se pidió al Congreso y Ejecutivo intervernir en este impase. Como indica Gamio, en tres oportunidades se ha invocado a buscar una corrección al Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES SINAC); sin embargo, no ha habido una solución ni mucho menos un pronunciamiento del primer funcionario del Estado y presidente de la República, Martín Vizcarra.
Además, hubo una ocasión en la que se pidió a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso (hoy disuelto) que ratificaran la eliminación de las distorsiones que actualmente se mantienen en el sector eléctrico por cuanto permitirían una reducción en la tarifa final que pagan los 7 millones de consumidores regulados (residenciales). Sin embargo, el hecho no tuvo mayor trascendencia.

OJO CON CHILE

Hay que tomar una decisión antes de que la situación se torne insostenible. No olvidemos que el caos que hoy vive Chile se originó por un descontento social similar al nuestro sobre tarifas de servicios públicos. Las generadoras están dando información inexacta y tanto el Gobierno como el regulador lo están permitiendo.

EJECUTIVO PUEDE PONER PUNTO FINAL A DISTORSIÓN DE PRECIOS

El ex viceministro de Energía Pedro Gamio sostuvo que actualmente el Ejecutivo puede poner punto final a la anómala situación, que afecta la salud y transparencia del mercado eléctrico. Un primer aspecto a resolver es que se declaren costos variables reales en los costos reportados por las generadoras.

“Estos costos variables reales, deben ser fiscalizados por Osinergmin. Actualmente, hay una norma reglamentaria que permite que las térmicas no declaren costos variables reales y también hay que corregir el tema del gas que no se usa y se paga, activando el mercado secundario del gas, entre otras medidas”, indicó.

Aseguró que de emprenderse todas las medidas correctivas necesarias, los 7 millones de peruanos actualmente perjudicados, podrían ver una reducción gradual en sus recibos de pago.

Además, especificó que “se deben promover las subastas de energías renovables alternativas, sobre todo de energía solar y energía eólica, para disminuir los costos de generación y al mismo tiempo evitar que el 2021 y 2022, cuando se cruce la oferta con la demanda, se tenga que generar electricidad utilizando diésel”. Finalmente, consideró que se debe trabajar en el planeamiento estretégico que asegure que no faltará energía limpia a precios competitivos.

Cabe mencionar que, por mandato legal, Osinergmin tiene la obligación de calcular las tarifas de acuerdo a los valores prestablecidos por disposiciones sectoriales, así como por los contratos suscritos entre empresas. Al respecto, debe destacarse que el rol del regulador se circunscribe al mandato de actualización de los valores contenidos en dichos instrumentos legales.

LA PALABRA DE CÉSAR GUTIÉRREZ

El expresidente de Petroperú César Gutiérrez discrepó de las interpretaciones que se han realizado en este diario al sostener que más bien se trata de una situación que, aunque anómala, no ocurrió adrede ni para perjudicar al ciudadano.

“Los precios que tienen el consumidor de a pie con las del consumidor intensivo de energía, no son comparables. Cada uno accede al consumo de energía de manera distinta”, señaló a este diario.
En este sentido, ahondó que al ser un consumidor de elevadas proporciones, la gran industria lo adquiere a un precio menor. Además, el hecho coincidió con un exceso de oferta en el 2016, lo que permitió que los precios para las grandes empresas disminuyeran.

“El origen de este discurso viene de una situación particular del Perú desde 2016: ese año, cuando se terminaron de construir varias centrales hidroeléctricas gestionadas desde 2011, se disparó la oferta, es decir, se produjo exceso de electricidad. Y como había mucho por vender, se optó por el remate. Muchas empresas decidieron comprar mayor cantidad a menor precio y por un periodo determinado de tiempo”, expresó.
Para ejemplificar en términos inteligibles, Gutiérrez indicó que el consumidor regulado es como un minorista, mientras que el intensivo, un mayorista. “El mayorista –es decir, el Jockey Plaza o una universidad particular, por mencionar unos ejemplos- recurren directamente al fabricador. En cambio, el ciudadano acude a una bodega, para comprar como minorista”.

Como toda buena época, añade el consultor, se acabará pronto. Advirtió que las grandes empresas pagarán un monto mayor una vez que terminen los contratos. La guerra de precios, dijo, parece haber terminado.

“Cuando se presenta la sobreoferta origina que a los que le sobraba energía lo vendan a 8 dólares. Como no tenían a quién vender, la remataron a ese precio. Estas empresas apostaron y fueron por 8 dólares”, concluye.

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