ACUERDO NO PERMITE REEMBOLSO

Vela y Odebrecht mienten sobre dinero

Fiscal peruano dice que es necesario pagarle S/ 524 millones a brasileños para que decodifiquen datos de servidores, pero ya existe convenio con especialista suizo para tal fin.

Vela y Odebrecht mienten sobre dinero
  • Fecha Martes 8 de Octubre del 2019
  • Fecha 6:00 am

Luego de que Martín Vizcarra cerrara el Congreso, y que el procurador Lava Jato Jorge Ramírez anunciara que deseaba pagarle S/ 524 millones a Odebrecht para supuestamente cumplir el acuerdo de colaboración eficaz, el fiscal Rafael Vela ha venido justificando la posición de los delincuentes brasileños. Sin embargo, este último solo ha repetido medias verdades y mentiras de los corruptores más grandes de la historia peruana.

El representante del Ministerio Público ha adoptado la tesis de que la única forma de descifrar lo que está en el servidor Drousys y My Web Day (codinomes, pagos, etc.) es que lo hagan las mismas personas que los crearon.

“Este servidor está en condición depositario de una persona jurídica privada y que a su vez ha sido contratada por la Procuraduría Federal brasileña. Está empresa presta el servicio de custodia y también de gestión del sistema Drousys y My Web Day, pero lo hace bajo un costo financiero. Esos costos financieros están impagos desde diciembre del año 2018”, indicó a La República.

En lo que sería una total mentira –voluntaria o no- de Vela, este señala que “el recurso de liquidez financiero resulta indispensable para que las obligaciones del colaborador eficaz se puedan materializar”.

En su mentalidad, solo así él y el Ministerio Público podrían exigirle a Odebrecht y a sus exejecutivos brindar toda la información que requiere el acuerdo de colaboración eficaz.

Pero esto queda desmentido por el Contrato 035-2017-MP-FN-GG “Servicio abogado especializado en delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos”, firmado el 9 de agosto de 2017 entre el entonces gerente de la Fiscalía de la Nación, Mariano Cucho, y Len Law.

¿Qué era Len Law? Nada más ni nada menos que la razón social de Stefan Lenz, exfiscal de Suiza en el caso Lava Jato, y quien había dirigido el bloqueo de más de mil cuentas bancarias por 800 millones de dólares de las empresas mafiosas brasileñas.

El portal ‘Manifiesto’ hizo público este tema el 7 de agosto del año pasado, así como que costaba 660,000 soles, y fue exceptuado de la Ley de Contrataciones porque el servicio se basaba en recopilar información en la misma Suiza, y dar una respuesta al Perú en tres etapas.

SÍ SE PUEDE DECODIFICAR

“Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos (nacionales y extranjeros), seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato”, señala el documento firmado entre Lenz y el Ministerio Público peruano.

“La asesoría de Lenz consiste en descifrar la información de los servidores de Odebrecht y posteriormente analizarlas para que les sea de utilidad a la fiscalía a fin de corroborar las declaraciones de los ex ejecutivos de la constructora, como las dadas por Jorge Barata, o para que se abran nuevas líneas de investigación”, señalaba El Comercio en agosto de 2018.

Es decir, ya se tenía disponible y contratada a la persona especialista en el tema, para que decodifique lo que tenían My Web Day y Drousys. Nunca se hizo, y hasta el momento, no se sabe que el contrato haya sido cancelado, solo que quedó en “stand by”.

En conversación con EXPRESO, el periodista de La Posta, Andersson Boscán, señaló que en junio su portal recibió la información ya decodificada de las 20 obras en Perú donde Marcelo Odebrecht y Jorge Barata habían negado haber pagado sobornos.

Pero, como ya afirmó el exfiscal suizo, esto no era un talento exclusivo de la empresa Odebrecht ni de sus supuestos contratados, sino que ya se podía hacer, claro que teniendo los insumos necesarios, lo cual nunca tuvo lugar.

“Los entregables 2 y 3 corren a partir de que los fiscales reciban la información de los dos sistemas, es decir, copias espejo, cosa que hasta la fecha no tenemos. Tal vez cancelaron el contrato de Lenz porque sabían que no obtendrían una copia espejo de ambos sistemas, lo cual convertiría en inejecutable el contrato con el exfiscal suizo”, explicó la exprocuradora Katherine Ampuero.

Pero el equipo Lava Jato nunca gestionó que se obtengan copias de los servidores My Web Day ni Drousys, por lo cual depende totalmente de lo que los delincuentes brasileños y sus cómplices en Perú acepten entregar, según las fechas que van programando.

“CONFESIÓN SINCERA”

El ex abogado de Jorge Barata, Carlos Kauffmann, el 2 de octubre último declaró en Curitiba, Brasil, que Odebrecht no está en condiciones de pagar el acuerdo de clemencia que ha firmado con las autoridades peruanas. Agrega que su proceso de quiebra en los tribunales brasileños dificulta la asignación de recursos para colaborar con las investigaciones realizadas en el Perú.

¿Y LA COPIA ESPEJO?

“Así nos evitamos chantajes, que ellos sean los que manejan la información, que ellos decidan cómo y cuándo dártela. Si tú tienes la copia espejo, tú decides el ritmo de las investigaciones conforme vas decodificando esa información”, acotó Ampuero.

La copia espejo sí había llegado a otros países como Panamá, Brasil, Estados Unidos y Suiza, donde los procuradores y fiscales ya no tenían que esperar la voluntad de los hampones para confesar los detalles de sus crímenes. Nuestras autoridades nunca realizaron esta acción.

¿Cómo Perú había pasado de contratar por 660 mil soles a un especialista que “tradujera” información clave, a ser requerido para pagarle un monto setenta veces mayor a los mismos que nos habían robado, a cambio de lo mismo?

Para tener una explicación, basta retroceder a agosto y setiembre del año pasado. Pedro Chávarry había sucedido a Pablo Sánchez, y había reemplazado a Hamilton Castro por Vela. Es entonces que empiezan a saltar pugnas dentro del Ministerio Público.

Una de estas fue que Vela y José Domingo Pérez empezaron a brindar información reservada a medios de comunicación afines al Gobierno, saltándose incluso acuerdos de no difundir detalles que puedan alterar el contexto de las investigaciones.

El objetivo de Vela y Pérez fue entonces –por aparente coincidencia- el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones (UCJIE), Alonso Peña Cabrera. Uno lo criticó públicamente y el otro lo acusó de pretender obstruir su trabajo.

Si bien ambas posiciones contra Peña Cabrera no se pudieron probar legalmente, sí lograron el apoyo de cierta prensa y de un grueso de la opinión pública para retirar al coordinador de la cooperación extranjera.

Meses después, Chávarry también sería presionado para renunciar, luego de haber pedido a los fiscales de Lava Jato información sobre el contexto del acuerdo de colaboración eficaz.

IMPEDIMENTO LEGAL

El bendito acuerdo ahora está homologado y validado por el Poder Judicial, específicamente por la jueza María Álvarez. Aquí aparece otro hecho que desmiente la posición de Odebrecht expresada por Vela: que la entrega de información se detendría “si no se cumple el acuerdo otorgando el reembolso” por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

Si bien en el convenio original con los brasileños no había condición adicional para reponer los 524 millones de soles que finalmente se tienen en expectativa, esto se modificó a pedido de la magistrada: se incluyó como requisito para la liberación del “fideicomiso especial” que la empresa no tenga investigaciones pendientes.

La misma Álvarez Camacho tiene a su cargo el caso Centralita, donde Odebrecht sobornó a César Álvarez –exgobernador regional de Áncash- para sobrevalorar la carretera de Chacas. Allí ya hay sentenciado incluso, y hasta se ha cobrado una reparación civil, gracias al fiscal Elmer Chirre, quien no pertenece al equipo Lava Jato, sino al sector Anticorrupción.

Chirre, sin el acaparamiento mediático de Vela y Pérez, ya ha logrado cobrar una reparación civil de 65 millones de soles, sin comprometerse –como sí hicieron sus colegas- a darles impunidad total a los brasileños.

Hay que precisar que, cuando la jueza homologó el acuerdo con los nuevos requisitos, ninguna de las partes apeló, con lo cual esto quedó como cosa juzgada y se debe cumplir.

De este modo, queda demostrado que no se necesita depender de la buena voluntad de Barata, o de si Odebrecht sacó copias de los documentos para que este reconozca codinomes –no lo hicieron la semana pasada, con lo cual ellos incumplieron el acuerdo, y no la parte peruana- para obtener la información que permita encarcelar a los megacorruptos.

“Lo que queremos es que la jueza decida a través del sistema de audiencias reservada estrictamente en función de su apreciación técnica. Lo que no queremos es que exista algún nivel de intromisión que pueda generar sospecha o suspicacia que esta decisión no corresponde estrictamente al entendimiento judicial. No estoy autorizado para revelar la fecha de la audiencia, pero es muy próxima, de carácter reservada y la decisión se tomará dentro de un espacio breve de tiempo”, dijo Vela hace unos días.

¿La representante del Poder Judicial asumirá la fantasiosa postura de que no existen investigaciones pendientes, o resolverá, tal como señala la realidad, que Odebrecht tiene decenas de casos en investigaciones preliminares, preparatorias y hasta con sentencias, una de las cuales ha sido gracias a ella misma?

OTRA CONFESIÓN SINCERA

“Llegamos al escenario en el cual la liquidez [los S/ 524 millones de Chaglla] implica un factor preponderante, para que nosotros podamos exigir los resultados de una diligencia de esta naturaleza”, dijo Rafael Vela sobre el último interrogatorio en Curitiba, Brasil.

POR: CÉSAR ROJAS

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