MIENTRAS EL CIUDADANO ESTÁ MÁS DESPROTEGIDO

Ya hay licencia para robar y matar

El regalo de Navidad del Gobierno al hampa sería una ley que atropella el derecho a la legítima defensa de las personas honestas con licencia de portar armas.

Ya hay licencia para robar y matar
  • Fecha Jueves 12 de Diciembre del 2019
  • Fecha 6:00 am

La amenaza de la confiscación de armas con licencia de miles de ciudadanos que lo usan legalmente en defensa propia y de sus familias podría hacerse realidad si el Consejo de Ministros ha aprobado el llamado proyecto de ley que regula la “portabilidad de armas”.

Se trata de una iniciativa que se ha venido trabajando desde hace meses, en absoluta reserva, en los más altos niveles del Gobierno, hasta que el texto tomó forma en un proyecto de decreto de urgencia de 15 páginas que ingresó a la Presidencia del Consejo de Ministros el 5 de diciembre último, según el ex viceministro del Interior, Dardo López-Dolz.

“Este jueves (hoy) el decreto podría salir en el diario oficial El Peruano, pero debe quedar claro que en adelante solo los delincuentes que no respetan la ley -y no los ciudadanos honestos- podrían portar armas en las calles a partir del viernes”, dijo el especialista.

Pero una lectura rápida del documento nos deja claro que estamos ante un atropello del derecho a la legítima defensa, a la propiedad legalmente adquirida y a la seguridad jurídica.

“Además conculca inconstitucionalmente derechos de cazadores y tiradores deportivos (única disciplina deportiva en que Perú destaca reiteradamente) y deja virtualmente sin trabajo a miles de vigilantes y resguardos de seguridad”, resume López-Dolz.

“Además, desprotege a los policías y militares en su retorno diario a casa poniéndolos fuera de la ley por vivir lejos de una delegación de Sucamec y no tener plata ni auto propio, o porque no han podido renovar sus licencias”, añade.

En ese orden de ideas, una ley de este tipo destruye la presunción constitucional de inocencia al facultar -a actos administrativos abusivos- la negación o cancelación de las licencias de portar armas.

PLAN PERÚ SEGURO

Por lo demás, la norma contiene las mismas ideas castro-chavistas que fueron planteadas en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) que consisten en desarmar a la población civil que tiene licencia para usar armas de carácter defensivo y de esa forma, a posteriori, incluso perseguir a sus enemigos políticos, como ha sucedido en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, asegura el ex viceministro del Interior.

Una lectura de esta inminente normativa nos dice que estaríamos ante el mismo cuerpo legal que -con añadiduras-, fue anunciado por el presidente fáctico Martín Vizcarra y su primer ministro Zeballos el 30 de octubre pasado en la idea de regular dicha “portabilidad de armas” como parte del Plan Perú Seguro que pocos o nadie conoce.

“Ese será el mejor regalo de Navidad del presidente Martín Vizcarra y el ministro del Interior Carlos Morán para los delincuentes que ahora podrán asaltar, secuestrar, violar y asesinar sin temor a ser repelidos”, ha escrito por su parte el analista en temas de seguridad Fernando Rospigliosi Capurro en su blog “Huevos de esturión”.

PROHIBICIONES

El nuevo engendro prohíbe el porte y transporte de armas. Es más, los civiles solo podrán tener un arma propia en su casa o centro de trabajo para todo fin, ya sean civiles, militares o policías.

“La licencia de uso solo permite la posesión del arma dentro de la residencia o sitio de trabajo o lugar que se pretenda proteger, quedando prohibido su porte o transporte a lugar distinto del autorizado”, señala el artículo 22.1 del proyecto.

Dicho de otra forma, explica López-Dolz, limita, según el artículo 19, “a un arma para defensa personal, sin explicar cómo salvaguardará el derecho de quienes, al amparo de la ley, adquirieron y poseen legalmente más de una”.

Es decir, subraya, “usted puede portarla o transportarla para defenderse, cazar o practicar en el baño, al comedor, a la cocina, pero jamás en la calle. ¿Estupidez superlativa o complicidad deliberada con el crimen a la usanza de Fidel y Raúl Castro y sus lacayos chavistas?”.

Por su parte, Fernando Rospigliosi afirma que eso significa que “en la calle, en la carretera o en cualquier lugar [los ciudadanos] podrán ser asaltados impunemente sin oportunidad de defenderse”.

El decreto de urgencia, agrega el también exministro del Interior, prohíbe a los civiles las armas de “uso militar y policial”. “Las únicas armas de uso militar son las automáticas. No obstante, la trampa está en la definición. Van a prohibir todos los calibres superiores al 380. Es decir, los civiles solo podrán tener armas de pequeño calibre”, subraya el analista político.

Con el agregado, reitera, que los civiles solo podrán tener un arma para defenderse. “Si aparece un nuevo modelo de arma o si alguien tiene un revólver y desea adquirir también una pistola, no podrá hacerlo”.

DEROGACIÓN INMEDIATA 

La ley vigente, aprobada en el Congreso del gobierno de Ollanta Humala, promulgada en enero de 2015, fue producto de un largo de debate con expertos reconocidos, hasta que se llegó a la ley actual N° 30299. Ahora se pretende cambiarla sin ningún tipo de participación de expertos en temas de seguridad. Entonces, si se aprobara en Palacio, no habría otra salida que su derogación por parte del nuevo Congreso.

DERECHO DE PROPIEDAD

No se puede, como pretende el texto, eliminar el derecho de propiedad ante la no renovación -voluntaria o por denegación-, sin pago del justiprecio y sin comisión de delito, evitando incluso que si el ciudadano no desea o no puede renovar su licencia, pueda traspasar legalmente su propiedad a terceros que tengan licencia.

Lo contrario, para López-Dolz, equivale a una figura similar a que “le confisquen su auto porque no renovó su licencia de conducir”.

Entonces, lo jurídicamente razonable sería prohibirle el porte sin vulnerar su derecho a la propiedad.

Otra perla es que se concede inconstitucionalmente a la investigación y al proceso el carácter de cosa juzgada, autorizando el decomiso definitivo, así después se pruebe la inocencia del investigado o procesado.

Esas serían las consecuencias de proponer anular el derecho de propiedad solo por cancelación de licencia, lo que colisiona con el código penal sancionando con cárcel de 2 a 4 años a quienes por algún motivo no hayan podido renovar su licencia.

Para este tipo de tropelías se faculta a Sucamec y a la PNP a ir de improviso al domicilio de cualquier ciudadano a exigirle al usuario entregar sus armas legalmente adquiridas.

Otra objeción de los expertos respecto del derecho de propiedad es el de los vigilantes. Y es que cuando el popular “guachimán” deje de trabajar en una empresa de seguridad, resulta que con la nueva ley perderá su licencia.

Eso sucedería con el agravante de que lo obligarían a él y al que lo contrate en un eventual nuevo trabajo a perder tiempo y dinero para obtener otra licencia. Esto tiene un tufillo discriminatorio.

Atenta también contra los derechos de estos trabajadores que con mucho esfuerzo obtuvieron licencia, pues cuando deje de trabajar en una empresa de seguridad, perderá su licencia. Esto es discriminación a los que menos tienen.

Cualquiera con dos dedos de frente y mínimo conocimiento de la realidad peruana, se dará cuenta que una norma así, en vez de mejorar el control, empujará armas y municiones al mercado negro y el contrabando, especialmente en la frontera norte con Colombia, con participación de la narcoguerrilla de las FARC, o el contrabando abierto desde Bolivia en el sur.

SOLO 100 BALAS

Otra crítica certera de Rospigliosi es que en las nuevas circunstancias solo se podrán adquirir 100 municiones al año. Ahora se pueden comprar hasta 600 al mes. Y para adquirirlas hay que tener tarjeta de propiedad, licencia y firmar un documento en la tienda, que tiene un registro.

“Es decir, las autoridades pueden controlar perfectamente –si hacen su trabajo- una eventual compra excesiva de un usuario. Pero lo más fácil es prohibir, para perjudicar al ciudadano. (Según el DU se podría comprar más solo en una galería de tiro para practicar ahí mismo. No se pueden llevar las municiones para practicar, por ejemplo, en un club de tiro)”.

Controlismo inconcebible, dirán los usuarios, por ejemplo en la selva, donde con seguridad los nativos ni se darán el trabajo de leer el nuevo decreto de urgencia.

“Esas son algunas de las novedades que los incompetentes Vizcarra y Morán tienen listas para favorecer a los delincuentes, que por supuesto no cumplen con la ley y poseen todo tipo de armas, incluyendo las de uso militar –automáticas- para cometer sus fechorías”, responde Rospigliosi.

INACEPTABLE

Por todo lo dicho y lo no dicho, atrás quedaría el derecho a la posesión de armas entendido como el derecho a la tenencia, uso y transporte de las mismas, con obvios fines defensivos, deportivos, o el uso por parte de personal de seguridad, escoltas privadas, entre otras que la ley permite.

En el Perú nos están vendiendo la idea de que las armas de uso civil solo implican violencia, muerte, crímenes, situaciones todas absolutamente desagradables, aunque ese prejuicio les impide observar que la delincuencia se hace cada vez más dueña de las calles en Lima y provincias y el uso criminal de las armas de todo tipo -hasta de guerra- es un creciente monopolio de los criminales, mientras el ciudadano de a pie está cada más desprotegido.

Esto se agravaría porque una nueva ley de la naturaleza descrita en estas páginas solo afectaría a quienes legalmente tienen licencias con todas las certificaciones, inclusive psicológicas, que la ley exige, que no son pocas. Y le deja al hampa el campo libre para sus crímenes de toda laya.

UN MEDIO BARATO 

“Una cuestión que no se nos debe escapar de la discusión es el hecho de que las armas de fuego son un medio barato de procurarse protección, y en ocasiones la única posible para familias o personas con ingresos medios o bajos. Quienes cuentan con más medios, pueden acceder a otras fórmulas privadas de obtener seguridad, como la contratación de empresas especializadas, alarmas…”, señala el académico José Carlos Rodríguez.

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