Amprimo y García Toma a favor de que TC declare inconstitucional decreto que autoriza a Sunat cobrar deudas pues vulneraría irretroactividad
Foto: Richard Barrueta / Expreso
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Los abogados constitucionalistas Natale Amprimo y Víctor García Toma se mostraron a favor de que mañana martes el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) apruebe la demanda presentada por el Colegio de Abogados de La Libertad en contra de la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1421, la cual habilita a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) cobrar deudas tributarias -que ya habrían prescrito- por unos 10 mil millones de soles a un centenar de empresas.

Dicha disposición otorga plazos más amplios a la entidad recaudadora para hacer efectivos los cobros, pero –según el criterio de diversos juristas– peca de arbitraria y abiertamente contraria a la Constitución Política del Perú, así como a principios elementales del derecho, cuando establece que también alcanza a imposiciones prescritas; es decir, ya vencidas, antes de setiembre del 2012.

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Así, tanto García Toma como Amprimo consideran que dicho decreto, al no respetar la irretroactividad, vulnera el Estado de Derecho y principios constitucionales.

«Busca extender la aplicación de una nueva regla y justificar el reinicio del cómputo de los plazos prescriptorios que podrían ya haber finalizado, vulnerando notoria y flagrantemente nuestra Carta Magna», sostuvo Víctor García Toma.

Natale Amprimo añadió que, si el Pleno del TC no admite la inconstitucionalidad del dispositivo, se estaría premiando la ineficiencia de la Sunat.

«Me parece un escándalo que se emita una norma para querer retrotraer las cosas, porque la SUNAT perdió en el Tribunal Fiscal. La pregunta es: ¿estamos en un Estado de Derecho o aquí lo que importa es que el fin justifica los medios?», cuestionó en su cuenta de Twitter.

SUNAT ALERTA

Por su parte, la Sunat, a través del intendente nacional Jurídico Tributario, Enrique Pintado Espinoza, refirió que es ilógico pretender que el plazo de prescripción para exigir el pago de una deuda tributaria se compute antes de haber sido determinada.

También descartó que al decreto vulnere el principio de irretroactividad y seguridad jurídica, sino que, «al contrario, la pondera al garantizar los principios de aplicación inmediata de la norma, de justicia y de igualdad».

El ente emisor, asimismo, alertó que, si la norma se declara inconstitucional, no podría cobrar deudas tributarias a grandes empresas, aun cuando el Poder Judicial así lo confirme.

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Vale anotar que, en su ponencia, el magistrado del Tribunal Constitucional Ernesto Blume advierte que «queda claro que la primera disposición (del decreto legislativo1421) supone una aplicación retroactiva de un nuevo punto de inicio del cómputo de la prescripción».

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