Aspec: IGV a streaming será pagado por usuarios | Se encarecerá el teletrabajo

Además, impactará en los servicios de educación y ámbito laboral, afirmó Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios.


La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) estimó que las tarifas de los servicios de streaming como Netflix y Spotify tendrán un alza a partir de la nueva ley que grava con el Impuesto General a las Ventas (IGV) a dichas plataformas.

“Lo más seguro es que las tarifas suban en perjuicio de las economías de los usuarios porque resulta poco probable que las empresas transnacionales, que son las titulares de los servicios digitales, accedan generosamente a pagar el IGV con el que se pretende gravarlas y darle el 18% de sus ingresos al Estado peruano”, dijo Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec, a un medio local.

A su criterio, el impuesto será trasladado directamente a los usuarios, lo que explicaría el alza de precios en dichos servicios.

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El pago del IGV es exigible únicamente a las empresas domiciliadas en el Perú y no a negocios cuyo domicilio fiscal está en el extranjero, a las cuales no tiene cómo cobrarles porque no existe un sistema o plataforma creado para tal fin. Ese sistema tendrá que crearse recién y, con seguridad, no será el Estado quien lo diseñe e implemente sino el sector privado, léase la banca, y obviamente no será gratis”, detalló Cáceres.

Para el líder gremial, también se producirán impactos significativos en sectores como Educación y a nivel laboral.

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“Al usar el servicio de Zoom, Teams o similares, los costos atentarán contra la sostenibilidad de la educación a distancia, en especial, la dirigida a las zonas más deprimidas del país. En el ámbito laboral, perjudicará y encarecerá el teletrabajo que se ha masificado a nivel nacional”, comentó.

Añadió que podría existir un impacto en el comercio formal ya los usuarios volverían a comprar productos piratas como DVD o CD al tener un menor costo.

Comisión adicional

En consideración de Aspec, existe la posibilidad de que el consumidor pague por un concepto adicional que sería lo que cobren las entidades financieras por el descuento de las tarjetas y la transferencia del IGV al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) o Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

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