Caja fiscal no desembolsará US$ 3,200 millones a Petroperú

El argumento del directorio de Petroperú para solicitar al Gobierno –a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem)– un desembolso financiero de US$ 3,200 millones es que servirá para mantener la sostenibilidad del mercado de hidrocarburos y mitigar los riesgos de un eventual desabastecimiento de combustibles a nivel nacional.

“Nos ratificamos en que no hay espacio para capitalizar Petroperú, tal como lo ha señalado el premier (Alberto Otárola)”, señaló este lunes el ministro de Economía, Alex Contreras negando el apoyo a la petrolera del Estado.

“Sobre el déficit fiscal, estamos al borde de lo que nos permite la ley. En ese sentido, no hay espacio para financiar temas adicionales que no estén relacionados a la reactivación o a la emergencia [del fenómeno del Niño]”, había enfatizado antes.

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Sin embargo, el alto funcionario fue ambivalente respecto de quiénes operarán los lotes I, VI y Z-69 de Talara cuyos contratos están a punto de concluir, por lo que se deduce que este tema sigue en controversia.

“La decisión final que se tome, que depende de Perupetro, tiene que considerar el mayor beneficio para el Estado, los ingresos que genere al Estado, pero también la capacidad de inversión; que se garantice una capacidad de inversión que en este momento Petroperú no tiene”, señaló el titular del MEF.

Se va a respetar la decisión de la agencia Perupetro sobre el futuro de los citados lotes, pero eso, según el mismo Contreras, se definirá en “una reunión pendiente esta semana para poder coordinar con más detalle este tema”.

No olvidemos que el titular de la PCM, Alberto Otárola, había anunciado en un dominical televisivo este domingo que “no se le va a dar ningún dinero adicional a Petroperú para financiar lo que allí se está pidiendo [los US$ 3,200 millones], porque la decisión del Estado es orientar estos fondos a la atención de El Niño”.

Mientras Otárola fue enfático para que los recursos vayan a contrarrestar los efectos de El Niño, Contreras fue ambivalente sobre la posibilidad de que en algunos lotes puedan ser asumidos por Petroperú y otros no, por obvias limitaciones financieras.

Posición crítica

En tanto para críticos como César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, lo mejor sería que la empresa se declare en insolvencia. “Si tomamos como referencia la perforación de solo 30 pozos de desarrollo anuales en 10 años en el lote VI, donde se produce actualmente 2,000 barriles diarios, la inversión ascendería a US$ 180 millones; y si en el lote Z-69 (off shore) se tuvieran que trabajar solo 10 pozos anuales en 10 años, la inversión sería de US$ 300 millones. (En el lote IV hay el compromiso de perforar 33 pozos anuales durante 11 años)”.

¿De dónde va a sacar ese dinero Petroperú?

En ese orden de ideas, “la pregunta al ministro Alex Contreras es ¿quién le daría los fondos a Petroperú para pagar US$ 369 millones anuales hasta 2032 y este último año desembolsar el principal de la primera serie de los bonos que asciende a US$ 1,000 millones?

Sería bueno que nos expliquen, agrega el experto, “cómo harán para obtener recursos, y no vengan a decirnos, como el presidente de Petroperú, que lo harán con un margen de refinación de 20 dólares barril, que es una singularidad y consecuencia del conflicto Rusia-Ucrania, donde en abril del año pasado se llegó hasta 50 dólares barril; pero el valor de largo plazo es de 10 a 12 dólares barril. Ya a principios de diciembre pasado se tuvo esos valores”, recuerda.

Ministro dubitativo

Respecto de las ambivalencias de Contreras sobre los lotes petroleros, César Gutiérrez señala que en economía es fundamental generar confianza a los inversionistas privados. Esto porque “justamente la caída de la misma está afectando el crecimiento de este año, por tener un ministro dubitativo, sometido al poder político de Palacio de Gobierno”.

Sobre la controversia de los lotes de Talara con el sector privado, el especialista insistió en un tema previo: ante la concurrencia de interesados en operarlos, lo que corresponde es someterlos a un proceso de competencia, donde las variables para la selección tienen que tener incentivos para la inversión y maximizar los beneficios para el Estado, los mismos que tienen que reflejarse en atenuar la producción declinante, incrementarla y en recaudar regalías.

Pero eso no está en la agenda del Ejecutivo que viene difundiendo el sofisma de que el otorgamiento por negociación directa está alineado con la legalidad. La Ley Orgánica de Hidrocarburos da margen a la negociación directa y al concurso. Pero “cuando hay varios interesados es obvio que la transparencia obliga a concursar; la decisión no puede ser una discrecionalidad de los burócratas”.

Y en cuanto a los lotes por otorgarse, “lo mínimo que se espera de un operador es inversiones en adecuar los pozos (rehabilitar pozos parados), perforar pozos de desarrollo en lugares donde hay reservas probadas y perforar pozos exploratorios. Esa es la manera de maximizar la producción, no hay otra”, finaliza.

Por Plinio Esquinarila 

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