Comuneros demandan al Estado ante la Corte IDH por La Oroya
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La comunidad de La Oroya demandó al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) debido a la contaminación causada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Según el caso presentado el 30 de septiembre a la CIDH, el Estado no cumplió con regular y fiscalizar a las empresas.

En 1922 se instaló en la comunidad el Complejo Metalúrgico de La Oroya. La demanda precisó que, mientras operó la empresa estatal Centromin (1974-1997), no existían responsabilidades ni obligaciones ambientales claras y que, con la privatización del Complejo, tampoco hubo una regulación del cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por el Estado. Entre 1999 y 2002 hubo cuatro modificaciones al PAMA original, aprobado en 1997, para postergar la ejecución de proyectos de protección ambiental. El Estado emitió tres normas que permitieron la prórrogas.

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