SEMANA ECONÓMICA

Congreso derogaría norma que reduce costo de abrir empresas

Informe de la Comisión de Constitución recomienda derogar una norma que crea un régimen societario simplificado que permitiría reducir gastos notariales.

  • Fecha Martes 4 de Junio del 2019
  • Fecha 5:00 am



Un informe de la Comisión de Constitución del Congreso recomienda derogar el Decreto Legislativo (DL) 1409, que crea la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS), régimen societario para promover la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas. El DL aún no está vigente, pues todavía no hay reglamento.

La norma fue analizada por un grupo de trabajo de la Comisión de Constitución que evalúa los DL emitidos por el gobierno al amparo de las facultades legislativas que le delegó Congreso el año pasado. El informe concluye que el DL excedió las facultades. El informe será analizado por la Comisión para ir luego al Pleno.

La ley de la SACS permite a las personas naturales constituir una empresa mediante un documento privado suscrito con firmas digitales, generado a través del Sistema de Intermediación Digital (SID) de la Sunarp.

El gobierno tomó experiencias de los países de la Alianza del Pacífico que también disponen de sociedades simplificadas para reducir el tiempo que le toma a un emprendedor constituir legalmente una empresa. En el Perú, según el ranking Doing Businees 2019, abrir un negocio toma 24.5 días, cifra mucho más alta que Chile (6 días), México (8.5 días) y Colombia (11 días).

El estudio revela que solo en derechos notariales se genera un gasto de entre US$200 y US$300. Según estimados del MEF, en el 2017 los gastos por tarifas notariales oscilaron entre los US$14 millones y US$21 millones.

Desde 2013 existen en el Perú dos formas de constituir una empresa: de forma presencial frente a un notario y en línea a través del SID, cuyo objetivo era reducir a 24 horas la constitución de empresas. Este no ha mostrado resultados.

Cuando el Congreso delegó facultades al Ejecutivo, la ley de delegación remarcó que no se podría restringir las competencias notariales y registrales. Ese límite fue creado tomando como referencia la Ley del Notariado, que establece que parte del trabajo de los notarios es registrar las escrituras públicas para la constitución de empresas.

De igual modo, remarcó que la Ley General de Sociedades establece que las empresas deben ser constituidas mediante escritura pública. Para el grupo de trabajo de la Comisión de Constitución, el Ejecutivo no respetó ese límite.

“El Congreso de la República, atendiendo al principio de seguridad jurídica y la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos, ha decidido conservar para sí el debate de las iniciativas legislativas que tengan por objeto establecer regímenes societarios en los cuales no se requiera  la intervención (o se requiera en menor medida) de los notarios”, señala el informe.

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