¿Cuál es la propuesta del Ejecutivo para la ley agraria?
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El Ejecutivo presentó el miércoles su propuesta para la ley agraria que prepara el Congreso. Busca un equilibrio o al menos un punto medio que permita satisfacer, de un lado, las demandas de los trabajadores y, de otro, evitar que las empresas quiebren y se pierdan todos los puestos de trabajo.

Como parte del diálogo con el Congreso, los ministros de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y de Economía y Finanzas (MEF) asistieron a la Comisión de Economía a presentar los lineamientos de la propuesta del Ejecutivo para la norma que debe equilibrar el beneficio de los trabajadores con la continuidad de laa empresas.

“El Ejecutivo está participando activamente, procurando ayudar a resolver el problema que el país está enfrentando. Hemos hecho todos los esfuerzos en esa dirección, hemos venido las veces que hemos sido convocados”, señaló el ministro de Economía, Waldo Mendoza.

“Ahora tenemos una propuesta conjunta de los tres ministerios del poder Ejecutivo, que hemos trasladado al presidente de la Comisión de Economía para que pueda ser considerada y contribuya a que pronto termine aprobando el Congreso una ley que satisfaga a los trabajadores, que tienen justas demandas, y a las empresas que necesitan subsistir para seguir dando trabajo“, indicó Waldo Mendoza.

EQUILIBRIO

“Lo he repetido varias veces, tenemos que encontrar un punto medio que permita atender parcialmente la demanda de los trabajadores sin poner en riesgo al sector que ha liderado el crecimiento de las exportaciones”, dijo el ministro Mendoza.

“Es de interés de los trabajadores que este dinamismo no se interrumpa. Si se interrumpe, las demandas laborales no podrán ser satisfechas”, agregó.

DIVERSIDAD

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio, señaló que la actividad agropecuaria y agroindustrial es extremadamente diversa y que, por lo tanto, el requerimiento de la mano de obra también es diverso en estacionalidad por producto y por valle.

Luego, el tamaño de las empresas también es diverso.  Más de 3 mil empresas se acogieron a la derogada Ley Promoción Agraria. De este número, más del 50% son pequeñas empresas y un 20% medianas.

Entonces, las medidas que se adopten serían diferenciadas por el tamaño de las empresas, sostuvo.

Explicó que el modelo empresarial también es diverso. Hay muchas empresas asociativas, bajo el modelo cooperativo, que han comenzado a incursionar en mercados internacionales con banano inorgánico, cacao, café y mando. Esos productos están principalmente concentrados en la pequeña agricultura familiar, que con asociatividad han logrado llegar a mercados internacionales.

Refirió que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) está iniciando un proceso de reestructuración para atender, principalmente, a la pequeña agricultura familiar, y con la idea de fortalecer al sector se lanzará un diálogo sobre la pequeña agricultura familiar y la agricultura comercial que está llegando a mercados nacionales e internacionales. “En los próximos días esperamos iniciar este diálogo”, dijo.

“Nos acercaremos al Parlamento para trabajar con la Comisión Agraria esta propuesta de normas que permita iniciar el diálogo con los productores”, añadió. También quiere dialogar con los gremios y el propio Ejecutivo y incluyendo a los gobiernos regionales y locales.

BONOS NO REMUNERATIVOS

En materia remunerativa, el Ejecutivo considera que incrementos (no remunerativos) por encima de 20% podrían afectar severamente la situación económica de las empresas. “Hemos trabajado con la información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), hemos hecho algunas corridas y hemos encontrado que actualmente, desde el punto de vista tributario, los beneficios de las empresas oscilan entre 10% y 12%, aproximadamente”, dijo el ministro Mendoza. “Si se aplicara un bono no remunerativo de 20%, esos beneficios caerían a aproximadamente 5.4% o 6%. Incrementos no remunerativos mayores pueden poner en riesgo a las empresas y su sostenibilidad”, agregó.

MARCO TRIBUTARIO

Asimismo, el titular de Economía y Finanzas destacó que al Ejecutivo le preocupa la situación de las empresas pequeñas. “Porque estamos dando una legislación que reduce gradualmente beneficios tributarios, por ello se propone una reducción gradual del retorno a la tasa general del Impuesto a la Renta y un tratamiento preferencial para las pequeñas empresas, con una reducción de beneficios mucho más gradual”, indicó.

En este sentido, el Ejecutivo propone que las empresas con ingresos anuales menores a 1,700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) (7.3 millones de soles) mantengan la tasa de 15% hasta el 2024 para llegar a converger a la tasa general de 29.5% recién en el 2031, de la siguiente manera.

En tanto que para las empresas con ingresos mayores a 1,700 UIT (7.3 millones de soles) se incrementa la tasa a 20% a partir del 2022 y alcanza la tasa del 29.5 % en el año 2028, de la siguiente manera.

MEDIACION

Finalmente, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, refirió que se continuará apoyando el diálogo. “Nos ponemos a vuestra disposición para resolver rápidamente el problema. Hay que resolverlo rápidamente”, aseguró.

El titular de Trabajo, dijo por su patre que desde el primer momento los ministros estuvieron en la zona del conflicto en tanto sus equipos trabajaban el diálogo.

EL CONGRESO HA PUESTO UNA TRAMPA

una nueva propuesta de consenso. El miércoles estuvieron en la comisión los ministros de Economía, de Trabajo, y de Desarrollo Agrario.

De fuentes informadas se ha sabido que los empresarios tratan de evitar que se apruebe de cualquier manera una ley exprés que genera, como se teme, la ruina de la agroindustria del Perú, ya que numerosos análisis han demostrado que todas las opciones en debate llevarían con seguridad a las empresas a generar pérdidas y, eventualmente, a la quiebra y al cierre y la pérdida de los empleos.

En este sentido, prefieren ganar tiempo para un debate serio que resuelva este problema.

Por la misma razón, la dirigencia politizada e incluso, la propia presidenta del Congreso, de las filas de la izquierda radical, procuran que la ley se apruebe hoy mismo de ser posible, para que el resultado ocurra bajo la presión del bloqueo de las carreteras y la violencia que a diario se viene llevando a cabo, hasta el extremo de la destrucción en Ica de una ambulancia de servicio público.

No obstante, como el régimen de la Ley de Promoción Agraria fue derogado por el Congreso, acaso precisamente para producir este escenario de falsa premura, esa ley ya no se halla vigente y por lo tanto todo el sector está operando técnicamente dentro de un vacío legal en el que no puede saberse a ciencia cierta cuáles son los derechos y deberes de los trabajadores y las empresas.

Aprobar entre gallos y medianoche un nuevo régimen que puede llevar a la quiebra a una de las columnas de la economía del Perú y hacerlo bajo presión, a causa de la decisión política del Congreso de derogar la ley anterior, sería caer precisamente en la trampa montada por el extremismo.

Lo que es posible y necesario es que trabajadores y empresarios acuerden libremente un contrato provisional por decisión de las partes de continuar operando provisionalmente bajo las reglas del régimen de la ley anterior, de todos perfectamente conocido, hasta que el Congreso dé una nueva ley de consenso.

El Congreso debería, en realidad, anular la derogación de la ley anterior y restablecerla provisionalmente hasta que exista una nueva. Pero ya sabemos, el Congreso ha puesto una trampa. El Perú no debe caer en ella.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Por su parte, el ministro de Trabajo añadió que es necesario fortalecer el derecho a la negociación colectiva y promover la libertad sindical particularmente en el agro, donde la estacionalidad impide negociar con un solo empleador.

“Estamos planteando algunas modificaciones en la Ley de Negociaciones Colectivas que permitan, en el caso de la temporalidad y estacionalidad, incorporar el arbitraje para definir el nivel de la negociación”, señaló.

FISCALIZACIÓN

Respecto a la fiscalización, Palacios propuso el fortalecimiento de Sunafil con la incorporación de 200 inspectores y 300 empleados que atiendan los procedimientos por el crecimiento de las órdenes de inspección.

“Estamos planteando además la incorporación de 12 nuevas plataformas de atención a lo largo del país en por lo menos 10 regiones adicionales con equipamiento tecnológico. Esto, además de medidas como un reporte anual de Sunafil al Congreso sobre sus acciones de fiscalización.

Al respecto el ministro Mendoza refirió que el Ejecutivo debe tener un rol regulador a través de Sunafil. En tal sentido, comentó que los presupuestos que Sunafil ha tenido tradicionalmente han sido insuficientes y que “el Ejecutivo se compromete a dotar (a la Sunafil) del presupuesto que sea necesario para la supervisión”.

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