Destino de Petroperú debe ser proceso concursal en Indecopi
El ingreso de un privado al control de la petrolera requiere un procedimiento competitivo y fondos mientras se selecciona a la empresa.

Destino de Petroperú debe ser proceso concursal en Indecopi.
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Anteayer, el menguado directorio de Petroperú publicó un comunicado (010-2024) donde se despojó de parte de la pesada carga que han heredado, anunciando varios lugares comunes: que requieren un apoyo de 2,200 millones de dólares, que la caja fiscal no debe hacerse cargo de ello, que su participación en el mercado de combustibles se ha reducido a 25%, que hay una estructura organizacional sobredimensionada y que se ha gestionado con nula transparencia.
El anuncio ha sido calificado de valiente, hay que ser objetivos para calificarlos, han cumplido su rol a medias, porque han dejado dos temas sin precisión: 1) lo que han llamado gestión privada con un pedido de autonomía, y 2) ¿cómo se gestionará la empresa que al cierre de marzo tenía US$ 1,987 millones de deuda con proveedores?
Tres lecturas sobre Petroperú
Es importante traducir lo que han querido decir con una gestión privada. Si nos referimos al directorio, todos los miembros vienen del sector privado. Cuando abundan mencionando: “hemos planteado nuestro pedido de autonomía en la gestión privada de Petroperú ante la Junta General de Accionistas (JGA)”, generan confusión. La autonomía la tienen por definición y no tienen por qué invocarla a nadie. Si se sienten intimidados, allá ellos por no hacerse respetar.
Una segunda forma de entender su alusión a gestión privada es que desean entregar el manejo administrativo a una empresa en un contrato de gerencia. Hay una tercera interpretación que es la de privatizar la empresa que ya ha generado desgarro de vestiduras de nostálgicos del estatismo setentero y amargados del privatismo noventero.
Al final de cuentas, todas las lecturas son válidas, es la santísima trinidad de las dudas, pero con una sola realidad verdadera: “ha fracasado estrepitosamente el manejo estatal” y no necesariamente con responsabilidad de estatistas de convicción, sino más bien por supuestos liberales de formación.
Si de entregar a los privados se trata, que se hagan cargo de la empresa, en lo que estoy de acuerdo, el tema de fondo es cómo se hace porque hay deudas vencidas y por vencer en el corto plazo.
Proceso competitivo y fondos
En este tema hay necesidad de financiamiento en cualesquiera de los escenarios del ingreso de un privado. Si el actual directorio tiene la vocación de seguir –no han expresado su voluntad de irse– tendrá que honrar deudas de corto plazo, que según los estados financieros al primer trimestre del 2024, el pasivo corriente asciende a US$ 4,468 millones.
Si se desea que ingrese una empresa en un contrato de gerencia, mientras se le selecciona puede demorar fácilmente hasta fines de este año, requerirá ingresos adicionales, y no solo que se haya pagado los US$ 4,468 millones citados, sino que se le proporcione recursos para estructurar la deuda de largo plazo que asciende a US$ 4,064 millones.
Si estamos hablando de una privatización, cuya estructuración y cierre requiere unos 24 meses, adicional al pasivo corriente, habrá que disponer de recursos para cubrir vencimientos hasta junio del 2026, que significan US$ 510 millones adicionales al pasivo corriente ya referido.
Se pueden hacer múltiples ejercicios de refinanciamiento, pero en cada uno de ellos se necesitará que alguien ponga recursos de la cuantía mencionada o menores. La pregunta es ¿quién los pondrá?
Vocación del endeudamiento
No veo al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, con la fortaleza necesaria para encaminar a Petroperú por el rumbo de un proceso concursal con los acreedores, con una inevitable turbulencia local e internacional en el sector financiero, pero dejando a buen recaudo las cuentas fiscales.
En el contexto descrito, la vía alterna que tiene Arista es ensayar un endeudamiento soberano para pagar los adeudos de las cuentas comerciales que a marzo de este año ascendieron a US$ 1,987 millones y una recompra de la deuda de Petroperú en bonos que asciende a US$ 3,000 millones, pero cuyo valor de mercado es del orden de US$ 1,700 millones.
Esto significaría una emisión de US$ 3,700 millones, es decir cerca de 1.4% del PBI, con el añadido que su realización implicaría modificar la ley de endeudamiento del 2024 y comprometer las metas del déficit fiscal de los próximos años. Expreso mi discrepancia absoluta con esta posición.
A Indecopi
Queda claro que la caja fiscal ya no puede aportar más, luego de haber contribuido entre préstamos, líneas de crédito y aumentos de capital, la astronómica cifra de US$ 4,008 millones. Las circunstancias actuales de crecimiento magro del PBI, déficit fiscal ampliado y pobreza del 29% de la población, complican más aún un posible apoyo estatal.
La única forma de mantener la empresa en marcha es negociando con los acreedores un programa creíble de pagos, eso se llama ir en un proceso de reestructuración en Indecopi, que puede derivar en una liquidación en marcha. De ser el caso la venta de activos, que prácticamente es la de transferir al capital privado la Nueva Refinería Talara, lo que significa es que los acreedores tomarán lo que se recaude de la venta que puede ser menor que las acreencias.
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