DISFRAZANDO EL COSTO REAL

El Estado distorsiona el mercado eléctrico

Como consecuencia, mil grandes empresas vieron su costo de electricidad reducirse a la mitad. Parece un escenario ideal, pero no es real, porque no es sostenible. Estarían comprando energía a precios por debajo de los costos reales. 

  • Fecha Miércoles 22 de Mayo del 2019
  • Fecha 5:10 am



Algunas empresas privadas generadoras de electricidad se benefician de una situación absurda que el Estado ha creado y otras se perjudican. Ni unas ni otras son responsables. Su negocio es generar utilidades. Es el Estado el que ha inetrferido el libre mercado hasta crear una distorsión de la que ahora ya no sabe cómo escapar. El Estado es el responsable.

La distorsión que el Estado ha creado permite controlar el precio en el mercado Spot. Por debajo de 10 dólares por megawatt-hora (MWh), algunas empresas compran para luego vender energía generada por otras empresas -las hidroeléctricas-, y se hacen de un beneficio de 15 dólares por MWh. Si el precio en el mercado Spot reflejase los costos reales de producción, las hidroeléctricas cobrarían 24 dólares por MWh y no 10.

Como siempre, he ahí la consecuencia de la interferencia del Estado en el mercado: una pérdida de decenas de millones de dólares cada año.

Incíblemente, la mayoría de las hidroeléctricas perjudicadas pertenecen al Estado, que posee cinco empresas de generación –Electroperú, Egasa, Egemsa, San Gabán y Egesur-, que representan el 25% de la potencia instalada nacional. Todas ellas son hidroeléctricas.

El caso de Electroperú es el más grave. Compra cientos de MW a 60 dólares y los vende en el mercado Spot a menos de 10 dólares el MWh. El perjuicio para Electroperú, según Estados Financieros Auditados del 2017, fue de 290 millones de soles.

Por ley, las utilidades de Electroperú pagan directamente las pensiones de la ONP. La pérdida señalada afecta directamente a los pensionistas. En otras palabras, los más perjudicados por la distorsión del mercado que el Estado ha creado son los pensionistas del Perú.

Las empresas beneficiadas por este estado de cosas son extranjeras. No es importante que lo sean. Lo importante es que tienen más del 75% de la potencia instalada de generación térmica con gas natural. El mecanismo que las beneficia en perjuicio de las otras empresas es la declaración de costos a voluntad. Es el Estado peruano el que ha creado el mecanismo.

Como consecuencia, alrededor de mil grandes empresas del país vieron sus costos de electricidad reducirse a la mitad. Obviamente, no tienen ninguna queja. Para ellos es el escenario ideal. Pero no es real, porque no es sostenible. Están comprando energía a precios por debajo de los costos reales.

Evidentemente, regresar a los costos reales es inevitable. Y todas las empresas lo saben. Incluso han llegado a un acuerdo plasmado en un proyecto de decreto supremo entregado al Ministerio de Energía y Minas en marzo pasado.

Este obliga a las termoeléctricas a gas a declarar los costos reales de producción a partir del 1 de enero de 2020. Las empresas saben que es inevitable. Solo piden que no sea inmediato, puesto que han firmado contratos que necesitan cumplir. Una vez más, el responsable de este perjuicio es el Estado.

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