Empresa minera presenta denuncia que  es archivada por los mismos denunciados
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Los ejecutivos minera Laytaruma SAC insisten en que a partir del año 2012 son sometidos a acciones de fiscalización y sanciones que lindan con un acoso político desde que el ex ministro del Ambiente del anterior gobierno, Manuel Pulgar – Vidal, encabezó una campaña y estigmatizó a esta empresa al punto de decir públicamente que eran integrantes de una “mafia” y que jamás rectificaron esta versión pese a enviarles sendas cartas notariales.

El hecho es que desde el 2012 hasta la fecha, según los documentos llegados a esta redacción, la minera sigue en un espacio inacabable de fiscalización, pues siguen sometidos a siete investigaciones sin que ninguna haya concluido.

Con el agregado de acciones simultáneas a nivel de la Sunat, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), OSINERGMIN, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Minería, el Congreso de la República durante el periodo de Ollanta Humala, entre otras, como el reglaje de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que derivaron no solo en abuso de derecho sino en supuestas deudas tributarias por más de 75 millones de soles sustentadas en presuntas obligaciones que la ley no contempla, agrega Manuel Ramírez Ríos, representante legal de la minera.

No obstante, hay un hecho último que llama la atención. Se refieren a una carta-denuncia dirigida al Superintendente de Sunat, Víctor Shiguiyama Kobashigawa, que ha sido derivaba a la oficina de los denunciados, siendo obviamente archivada, según sus escritos.

Recuerdan desde la empresa que el pasado 24 de noviembre enviaron otra misiva a la alta dirección de la Sunat, para denunciar – ante el despacho de Shiguiyama Kobashigawa- el ocultamiento, derivación indebida y el direccionamiento irregular de la petición de investigación, además  de apartar a los funcionarios de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales que fueron denunciados por abuso de autoridad ante la 11va. Fiscalía Penal.

Sus averiguaciones administrativas determinaron que la denuncia tampoco llegó a su despacho y que más bien esta fue remitida a la gerencia de Fiscalización de la Sunat, justamente la misma oficina que es donde trabajan los funcionarios denunciados.

“Somos una empresa legal”

En una de las cartas dirigidas al superintendente Shiguiyama Kobashigawa le exponen que son una empresa de capitales peruanos y con 26 años de experiencia en el ramo de la minería que cuentan con todas las autorizaciones sectoriales y representan una fuente de trabajo de 670 trabajadores y que nunca han registrado atrasos en el pago de nuestros impuestos.