Enagás fija en US$ 1,980 millones base de su demanda contra el Perú  
A+

Enagás ha elevado a 1,980 millones de dólares el valor del pleito que mantiene ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en el arbitraje que inició contra el Perú por el megaproyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Es una de las mayores demandas de una empresa española contra un Gobierno extranjero.

En documentos que ha presentado Enagás en sus resultados trimestrales, el grupo explica que, «al 30 de junio de 2019, la valoración realizada por una firma de peritos independientes contratada por Enagás determina un valor actualizado de VNC (Valor Neto Contable) de 1,980 millones de dólares» para el GSP. Es la primera vez que Enagás cifra el montante total del valor de GSP en su reclamación ante el Ciadi.

Enagás sólo controlaba una parte del gasoducto, pero la demanda tiene que reflejar el valor total de GSP para, a partir de ahí, deducir exactamente qué porción le corresponde a Enagás. Tal como explica Enagás en la documentación, de esa cuantía total hay que ir deduciendo pagos a proveedores, acreedores y otros hasta, finalmente, poder resarcir a los accionistas. Además de Enagás, que tenía el 25% de GSP, en este megaproyecto también participaban los gigantes de la construcción latinoamericanos Odebrecht y Graña y Montero.

De los socios de GSP, sólo Enagás inició una demanda en el Ciadi, acogiéndose a los tratados diplomáticos bilaterales de protección de inversiones entre España y el Perú. De ahí que haya sido la empresa española la que se ha encargado de calcular el valor total de ese proyecto, uno de los mayores problemas financieros, por no decir el mayor, del grupo español en estos momentos. A no ser que haya otros demandantes en el futuro, Enagás será el único grupo que, a priori, podría lograr una indemnización en el Ciadi.

Técnicamente, y tras infinitos trámites burocráticos previos, el proceso legal en este organismo acaba de arrancar. El pasado 18 de julio quedó constituido el Tribunal Arbitral que se encargará de tramitar el pleito. Es el pistoletazo de salida para un litigio en el que Enagás se juega parte de su futuro.

PLAZOS

Enagás cifra en 405 millones de euros (408 millones a 31 de diciembre de 2018) el importe exacto, a la fecha de hoy, que espera recuperar por su inversión. En todo caso, la «recuperabilidad de la inversión», si finalmente el asunto tiene un resultado favorable a Enagás en el Ciadi, se retrasará al menos dos años.

El grupo presidido por Antonio Llardén, que desde 2017 venía diciendo que esa cantidad se recuperaría en 2020, se ha visto obligado a admitir un retraso hasta al menos el 2022 para lograr recuperar la inversión, por la lentitud del proceso jurídico. «En lo que respecta a los plazos de recuperación, valorando los tiempos que se tarda en resolver una controversia de esta complejidad en un arbitraje internacional, así como la duración habida en la fase de designación del Tribunal Arbitral, se ha pasado a considerar el 31 de diciembre de 2022 como fecha estimada para la recuperación de la inversión», cree el grupo.

GSP era una de las grandes apuestas de internacionalización de Enagás. La compañía española tenía un 25% y otra serie de compromisos en el consorcio que se adjudicó la concesión para la puesta en marcha y posterior explotación del gasoducto. Pero en 2017 empezaron a saltar los problemas a raíz de la crisis que envolvió al gigante brasileño Odebrecht, envuelto en un escándalo de corrupción. El Estado peruano, con las obras ya en marcha, retiró la concesión tras los problemas para completar su financiación, por las sombras de corrupción que pesaban sobre Odebrecht, que lideraba el consorcio.

A finales de ese ejercicio, la española inició los trámites para abrir una reclamación contra el Estado peruano ante el Ciadi, tras confirmar que la Administración de aquel país no había avanzado «lo suficiente» para que Enagás pudiera recuperar su inversión.

Puedes encontrar más contenido como este siguiéndonos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter.