Fallo del TC a favor de la Sunat no garantiza el cobro de S/ 10 mil millones de deudas tributarias
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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró este martes infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta en contra de la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1421, con lo que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) queda habilitada a cobrar deudas tributarias por unos 10 mil millones de soles a más de un centenar de empresas. Sin embargo, nada garantiza que este cobro se concrete. Veamos. 

Si bien con el fallo favorable a la Sunat, la empresas no podrán la prescripción de sus deudas, la entidad tributaria tendrá que esperar a que el Tribunal Fiscal (TF) del Ministerio de Economía o el Poder Judicial determine si estas son correctas. «Tienen que entrar al tea de fondo y ver si el Estado tiene la razón al poner en cobranza esas deudas», manifestó Walker Villanueva, socio del estudio PPU, a Semana Económica.

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«La Sunat debe esperar a que las instancias respectivas resuelvan los temas discutidos en los procedimientos contenciosos y judiciales en trámite», explicó, en el mismo sentido, la Sunat.

Cabe remarcar que el Decreto Legislativo 1421, emitido en el 2018 -durante el gobierno de Martín Vizcarra-, establece la manera de calcular el plazo de cuatro años que tiene la Sunat para cobrar las deudas tributarias antes de su prescripción, precisando que el tiempo inicia a correr recién con la notificación de cobro.

No obstante, antes el TF había ordenado que la prescripción de todas las deudas anteriores al año 2012 corrían a partir del año siguiente de declarado el tributo. Ello, debido a que recién en el 2012 -en el gobierno de Ollanta Humala- se emitió el Decreto Legislativo 1113, el cual detallaba la forma de calcular el plazo de prescripción y que es replicado en el Decreto Legislativo 1421.

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DATO

La Sunat ha informado que 26 de los 158 principales contribuyentes han invocado a la prescripción de sus deudas. Entre estos se encuentra la Compañía de Minas Buenaventura, Scotiabank Perú, Telefónica, Latam, Odebrecht y otros.

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