DE CARETAS

Fin de los conflictos mineros (I)

Una solución para terminar con los conflictos mineros globales, capitalizando a los emergentes del mundo sin descapitalizar a las empresas.

Fin de los conflictos mineros (I)
  • Fecha Martes 9 de Abril del 2019
  • Fecha 5:10 am

Los dueños de la superficie de la tierra peruana -en centenares de lugares como Conga, Tía María y Las Bambas– están bloqueando la extracción de minerales, incluyendo petróleo y gas, por un valor que asciende a casi US$1 billón (one trillion dollars), es decir, cuatro veces el PBI anual del país. La causa fundamental de estos bloqueos es que los dueños de la superficie se indignan y se rebelan una vez que los dueños del mineral en el subsuelo han comenzado oi sus operaciones y su poder y prosperidad se evidencia in situ -instalaciones, camiones, maquinaria, campamentos-. Tanta desigualdad entre vecinos verticales en un mismo pedazo físico de tierra es chocante.

Así, lo que parecía potencialmente una convivencia entre empresarios emergentes –agrícolas y mineros- y empresas extractivas, se convierte en una lucha de clases. Los líderes comunales se transforman en jefes sindicales y los capataces de las minas, en la oligarquía explotadora. Y comienza el reclamo sin fin de beneficios físicos y corruptelas.

Esto se debe a que somos víctimas de un paradigma que sobrevive desde hace miles de años mediante el cual solamente vemos la tierra en su dimensión física. Es una pena, porque la fuente de la desigualdad no tiene orígenes en la tierra física sino en su expresión metafísica, es decir, los títulos que nos dan derechos sobre ésta. En ese sentido los títulos de los empresarios emergentes del Perú, los que llamamos informales, se diferencian de los títulos que dan derecho a los minerales porque les faltan 16 paquetes de acreditaciones (entitlements) tales como: credenciales confiables para operar, especializarse, escalar y aumentar su productividad en mercados expandidos; títulos valores (securities) para formar capital; garantías a cambio de crédito; acciones a cambio de articipación empresarial.

Ver la tierra solo en su dimensión física -lo que se puede fotografiar- no ayuda a encontrar soluciones porque reduce las opciones de lo que se puede hacer con la tierra a escoger entre alternativas excluyentes y no realistas: “mina o agro” o “bosques o petróleo” o como ofrecen algunas organizaciones terroristas “tierra o muerte”.

Además, solo diagnosticar en base a lo que se puede fotografiar en el lugar de los hechos — la carretera, el ruido, la contaminación o las manifestaciones de violencia en una pequeña comunidad — nos lleva a pensar que estamos enfrentados a un problema local, con una población reducida, que se resolverá con la presencia y acción directa del Estado soberano. Esto no es así.

El fenómeno no es una ola peruana, es un tsunami internacional: En todos los países en desarrollo que tienen recursos minerales los dueños de la superficie de la tierra están bloqueando la extracción y exportación de US$150 billones (trillions) en minerales, petróleo y gas, cinco veces el tamaño del PBI de EE. UU. y China combinados. Es útil saberlo para no perderse solo en búsquedas culturales y localistas.

El fenómeno no es una revolución contra la minería: hay dos veces más mineros informales que trabajan artesanalmente en la superficie que mineros formales trabajando industrialmente el subsuelo.

El fenómeno no puede ser resuelto solo con enviar más tropas al lugar de los hechos: El gobierno anterior envió 3,500 tropas a Conga, 5,000 a Tía María, 5,000 a Puno y 1,500 a Madre de Dios que al igual que los millones de tropas asignadas a proteger campamentos mineros, pozos petroleros y gasoductos en todo el resto del tercer mundo no logran disolver los bloqueos.

Para que el Estado peruano pueda ejercer el principio de autoridad requiere compatibilizar las acciones de sus equipos que siguen las políticas contrapuestas.

Tenemos, por un lado, el “Consenso de Washington”, que suscribió con la mano de derecha, y de otro lado, el “Consenso de Ginebra”, que firmó con la mano izquierda. Las primeras se dirigen a abrir mercados buscando prosperidad y las otras a bloquearlos buscando justicia.

Paso a explicar.

  • El “Consenso de Washington” es una construcción social que de conformidad con el régimen legal que protege las inversiones en el mundo –producto de 3,300 tratados internacionales aprobados e incorporados a las legislaciones nacionales por los poderes legislativos de 180 naciones, incluyendo el del Perú– tiene como objetivo conectar al país con la globalización económica.
  • El “Consenso de Ginebra”, tal y como lo hemos denominado, está constituido por 11 convenciones internacionales (1) y cientos de tratados bilaterales -también aprobados por el Perú- cuyo objetivo es luchar contra las “injusticias de la globalización”, las “desigualdades de la pobreza” y la “degradación del medio ambiente.” Estos – a través de vueltas y recovecos de las interpretaciones legislativas, judiciales y administrativas – han ido otorgando a las organizaciones informales peruanas (a las que el gobierno etiqueta alternativamente como ilegales o criminales) 1,400 mecanismos legales que los empoderan para autorizar o bloquear la extracción de minerales.

Para resolver las diferencias entre los dueños de la superficie y los dueños de los minerales del subsuelo es crucial saber que el derecho que gobierna los títulos de propiedad de los primeros es completamente distinto del que gobierna los títulos del segundo. Una buena parte de los títulos de la superficie comienzan a ser otorgados después (véanse La Dimensión Social de la Globalización y el Convenio 169-OIT) de la segunda guerra mundial cuando la administración de los gobiernos del tercer mundo —rebasada por procesos de descolonización masiva, guerras limítrofes, migración transfronteriza, reformas agrarias mal concebidas– optaron por delegar la tarea de asignar y registrar títulos a una compleja diversidad de organizaciones y comunidades locales dispersas, oficialmente reconocidas pero que hoy se encuentran desconectadas de la economía global donde los títulos pueden ser combinados, palanqueados para generar plusvalía y capital. A estos, por responder a contratos sociales locales y estar desconectados, los llamamos “títulos informales”.

Esto contrasta con aquellos que los mismos gobiernos -necesitados de inversiones, impuestos y regalías- vendieron: derechos de propiedad exclusiva sobre los minerales, petróleo y gas contenidos en el subsuelo a empresas extractivas, otorgándoles títulos conectados con la economía global donde estos pueden ser combinados y palanqueados globalmente. A estos les llamamos “títulos formales”. (Hernando de Soto)

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