Minería ilegal opera en 12 regiones del Perú y en 18 áreas nacionales protegidas
Fernando Castillo, miembro del Comité Organizador de Perumin, resaltó que los mineros ilegales vienen operando gracias al Reinfo.

Minería ilegal opera en 12 regiones del Perú y en 18 áreas nacionales protegidas.
La minería ilegal continúa expandiéndose en nuestro país y, por ahora, no hay impedimento para que deje de hacerlo. Además, de afectar la industria minera formal en La Libertad, Puno, Apurímac y Cajamarca; aumentar los indicadores de inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada, viene depredando nuestra flora y fauna.
Un estudio de la Universidad del Pacífico, al que accedió el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), reveló que esta economía ilegal opera hoy, de manera impune desde el 2015, en 18 áreas nacionales protegidas de 12 regiones del país.
Se trata del Parque Nacional Huascarán (Áncash), Parque Nacional Río Abiseo (La Libertad), Parque Nacional Bahuaja Sonene (Madre de Dios), Parque Nacional Cerros de Amotape (Tumbes), Parque Nacional Tingo María (Huánuco), Santuario Nacional Pampa Hermosa (Madre Dios), Reserva Nacional Tambopata (Puno), Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (Loreto), Reserva Nacional San Fernando (Ayacucho) y Reserva Nacional de Tumbes.
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Al respecto, Fernando Castillo, miembro del Comité Organizador de Perumin 37, comentó, que, en efecto, la minería ilegal opera en el país principalmente en áreas o zonas protegidas, donde no se puede realizar minería formal.
Asimismo, destacó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) viene siendo usado como herramienta legal por los mineros ilegales para delinquir, debido al Decreto Legislativo N° 1351 que exime de responsabilidad penal con tan solo el hecho de aspirar a ser un minero formal.
En contra
Roberto de la Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, dijo que es importante que se publique una norma para evitar la ampliación del Reinfo, pues “se está demostrado que la minería ilegal se vale de esta ley para cubrirse”. Mientras que Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo, y Energía, resaltó que este registro “lo único que ha llevado es a la impunidad”.
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