Plan nacional de cierre de brechas de infraestructura

Hace unos meses, la presidenta Boluarte dijo una frase realmente buena: “El hambre no tiene ideología”. Y tenía toda la razón.

En general, la gerencia del sector público no debe tener ideología, debe ser lo más competitiva, eficiente, transparente y meritocrática para así darles los mejores servicios a los peruanos.

Panorama general

En los años 90 se hicieron las reformas de primera generación. A partir de ello hemos crecido a tasas altas, y los fundamentos macroeconómicos se siguen sosteniendo sólidamente sobre las premisas originales de esas reformas, sustentadas en el Consenso de Washington.

El problema del Perú no es ni el modelo económico ni la Constitución del 93 porque recursos hay, no tenemos mayor déficit fiscal ni crecimiento de la deuda soberana.

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El problema del Perú es la mala gerencia del sector público, que es el puente entre la política y la economía. A mejor gerencia pública experta, mejor nos va a la economía transversalmente en todos los sectores y a los peruanos de a pie creando confianza, prosperidad y reduciendo pobreza, creciendo a 7.2% promedio anual los 5 años en el segundo gobierno de AGP.

Contrariamente, con Vizcarra, Sagasti y Castillo, todo fue cuesta abajo, con una alta rotación ministerial, sin criterios de gestión gubernamental, cayeron la inversión privada y el PBI, aumentado la pobreza, hasta llegar al 2.7% de crecimiento con Castillo en el 2022.

A. ¿Cuál es la situación actual?

1. Según informes de Contraloría, el costo de la corrupción en el 2021 fue de aproximadamente US$6,300MM, el 2.9% del PBI, a partir de ello se puede estimar conservadoramente que el costo de la corrupción sistémica en los 3 niveles de gobierno habría sido US$50,000MM por los últimos 10 años.

2. En términos de proyectos de inversión pública, haciendo un cálculo conservador, en obras que ueron pérdida o sobrevaluaciones identificables contra estándares internacionales, tenemos otros US$16,700MM, que son básicamente Petroperú/Ref. Talara, la Línea 2 del Metro y la IIRSA Sur. En resumen, el costo de la corrupción ascendió a US$66,700MM en los últimos 10 años, equivalente al 53% de la brecha total de infraestructura.

3. En vista de que en los últimos 5 años hemos tenido 6 presidentes, 3 congresos, ha habido una excesiva rotación de altos cargos en el Ejecutivo, siendo Castillo el peor de todos. Aquí cabe mencionar que la institucionalidad, el populismo irresponsable y antidemocrático entran en fase crítica con Vizcarra y su “disolución fáctica”, en que mintió en todo lo referente a la crisis covid y fuimos el peor país a nivel mundial, con la mayor tasa de fallecimientos por millón y caída del PBI del mundo.

4. Debido al populismo irresponsable en Congresos y Poder Ejecutivo anteriores, se derogó el régimen de promoción a la agroexportación, un sector que creció 16 veces en los 20 años de vigencia que tuvo, también se desprotegió a la gran minería formal que es la que más protege el medio ambiente, aporta en impuestos y en montos de inversión, justo ahora en que el cobre está en casi US$8,150/Tn y el oro en US$2,020/oz.

5. Si bien la pobreza monetaria es un indicador útil, lo mismo el índice de Gini para medir la desigualdad, lo cierto es que por mala gerencia pública hay zonas y sectores del país que se han quedado muy rezagados en términos de nutrición, anemia, infraestructura hospitalaria, educativa y de conectividad.

Según informes de Contraloría de agosto de 2022, existen 2,346 obras públicas paralizadas por más de US$7,600MM.

Al 2021 según la FAO, 16.6 millones de peruanos están en condición de vulnerabilidad por inseguridad alimentaria, esto es el 50% de la población del Perú.

Además, el porcentaje de ejecución de la inversión pública es muy bajo: 70% en promedio, pero es mucho peor en las zonas de pobreza altoandina, liderados por Cajamarca con 45% y Puno con 45.1%, en donde gran parte de la población, una cifra cercana al 50%, no tienen agua, desagüe o electricidad. Eso es inaceptable.

6. La informalidad ha aumentado hasta el 80% debido a la crisis sanitaria.

7. La pobreza según INEI ha aumentado hasta el 27.5% en 2022.

8. Estamos ad portas de ingresar a la OCDE, un proceso que ya lleva varios gobiernos sucesivamente y tenemos que implemen ar reformas para poder ingresar a dicha organización.

B. Objetivos principales:

1. Cerrar brechas nacionales de infraestructura hospitalaria, educativa, de conectividad, energía, agua y desagüe en 1 a 2 periodos de gobierno.

2. Eliminar la anemia en un plazo de 3 a 5 años.

3. Solucionar de manera permanente los riesgos y destrucción por fenómenos climáticos en el norte creando una red de reservorios, canalizaciones y drenajes, transformando desiertos en zonas de agroexportación, replicando el exitoso modelo de Ica.

4. Aplicar reformas de segunda y tercera generación vía ARCAT, modernizando la gerencia del sector público, aplicando herramientas de gestión como la Reingeniería de Procesos, eliminando actividades que no agreguen valor, inclusive fusionando ministerios, homologando procesos en 3 niveles de gobierno y digitalizándolos, lo que aumentará nuestra competitividad como país, eliminando tramitología/permisología y barreras de entrada a la formalidad también.

5. Utilizar las Asociaciones Público-Privadas/APP, como vehículo principal para todas las obras, las que por montos y masiva cantidad de usuarios requieren de operadores especializados, de clase mundial, mucho más eficientes que nuestro sector publico.

C. Plan de Acción / Recomendaciones:

1. Crear la ARCAT, la Autoridad de Reingeniería de Procesos, Contraloría y Apoyo Técnico adscrita a la PCM para la asesoría, auditoría y evaluación a todos los gobiernos regionales en sus procesos de presentación de expedientes técnicos, administración local, automatización, haciéndolas más eficientes y evaluando al personal si cumple con los estándares de idoneidad establecidos en la Ley 31419. Quienes no cumplan los criterios de idoneidad serán reemplazados por los gerentes públicos de Servir.

De acuerdo a este nuevo diseño de supervisión de la gerencia pública nacional/regional, se crearán 5 unidades administrativas ARCAT macrorregionales, descritas párrafos más arriba eliminando permisología y tramitología, haciéndolos más rápidos, automatizados y menos onerosos, lo que redundará en una mayor competitividad a todo nivel.

¿Para qué tener 24 administraciones regionales cuando se pueden unificar en solo 5, más eficientes y menos onerosas? El Perú no necesita más Estado, sino mejor Estado.

2. Crear una Autoridad Autónoma Nacional de Infraestructura, de perfil técnico, priorizando experiencia sobre diplomas, del perfil del BCR que consolide y supervise la construcción, concesión, mantenimiento de todas las obras publicas nuevas vía APP u otra forma en los tres niveles de gobierno exceptuando proyectos menores de US$100,000.

De esa forma habrá continuidad de programas y planes, racionalidad y sensatez en la construcción de obras, profesionalismo y estará blindado de presiones o rotación de autoridades por cambios de gobierno. Todo ello se hará a través de un fideicomiso nacional destinado a la construcción de infraestructura pública.

Los aportes al fideicomiso serán de aproximadamente US$3,000MM anuales mínimo, lo que nos permitirá construir infraestructura pública vía APP, que son mucho más eficientes que el sector público local desde cualquier punto de vista de costo de construcción, tarifas y calidad del servicio en muchos sectores, que dependiendo del grado de cofinanciamiento, podría alcanzar un monto total de entre US$75,000MM a US$150,000MM en un periodo de 5 años.

Así se impulsaría la construcción de carreteras, colegios, una cadena de reservorios, drenajes y canalizaciones en el norte para evitar los daños por las lluvias o “El Niño”, convirtiendo desiertos en campos fértiles para replicar el éxito de la agroexportación en Ica, además de la tan necesaria renovación y construcción hospitalaria, con un mix de postas/clínicas/hospitales locales, regionales y macrorregionales, cada uno con la capacidad necesaria para absorber las necesidades de la población en donde se construyen para alcanzar el objetivo de ser el No.1 en Latinoamérica en camas UCI/Hosp. por 100 mil habitantes y lo mismo en el indicador de carpetas de colegio.

Se solicitará también la cooperación técnica alemana, holandesa y china, países especializados en infraestructura para diseñar hospitales y colegios estandarizados por categoría, también efectuarán la precertificación de los contratistas, nacionales o del exterior, de modo tal que la infraestructura hospitalaria y educativa sea estandarizada en términos de diseño, costos y tarifas, se construirán en periodos mucho más cortos y no habrá sobrevaluaciones ni adendas sorpresa como en la IIRSA Sur.

A la cifra de construcción de infraestructura pública vía APP, habría que añadirle la de inversión privada empresarial no vinculada al sector público, gran minería formal y otros sectores, que podrían añadir otros US$50,000MM. Con estas partidas estimamos una inversión privada total por aproximadamente US$150,000MM para los próximos 5 años.

3. Reformar el sistema de toma de decisiones de inversión pública, usando estándares de rentabilidad, tarifas o costos/km comparables a nivel internacional para obras según sector.
Nunca más queremos casos como la Refinería de Talara/Petroperú que ha ocasionado cuantiosas pérdidas o casos de sobre valuaciones como la IIRSA Sur en que pagamos 5.6 veces el valor presupuestado.

4. Impulsar la gran minería formal declarando los proyectos como zonas críticas de protección nacional, tal como lo son los aeropuertos, puertos y otros activos estratégicos a nivel nacional. En el sector minero, se debe construir el tren minero, que sirva de transporte de productos mineros desde el corredor minero al puerto de Matarani, reduciendo la conflictividad social por el uso de camiones.

En cuanto a la licencia social, se obtendría más fácilmente a través de la ejecución de obras por parte de la empresa minera al inicio de operaciones vía un nuevo mecanismo “Fast Track” de Obras por Impuestos que se aplicará en todos los sectores.

5. Con respecto al sector agrario, se debe restaurar y mejorar el régimen de promoción a este sector que ha traído bienestar, creando empleo y bienestar a millones de peruanos, con estándares de innovación y sostenibilidad de primer nivel.

Incluso, este régimen debe ampliarse al sector turismo, la pesca artesanal y a la industria forestal, porque son sectores intensivos en mano de obra, formales e inclusivos.

6. Creación de cuentas DNI a nivel nacional: para que por cada compra que haga una persona natural reciba el 2% del IGV en su cuenta DNI cada fin de mes, esto es un incentivo directo orientado a la formalización y digitalización de la relación ciudadano/Estado, ampliando base tributaria a través del vendedor e incentivando a todos los peruanos a integrarse a la modernidad, uso de servicios públicos e inclusión transversal a nivel nacional.

Del mismo modo, recibirá el 3% del IGV por todas sus compras, cifra que se abonará a su cuenta previsional individual como parte del nuevo sistema previsional.

El objetivo es que cada peruano con su DNI pueda hacer uso de la plataforma digital del sector público, accediendo a todos los servicios o trámites personales tales como salud, brevetes, DNI y otros.

7. Evaluar la viabilidad financiera de Petroperú de manera transparente y pública, a fin de que un comité técnico decida el rumbo a seguir.

8. Reducir de 8 UIT a 0.5 UIT las microconsultorías a sola firma por las que se gastaron US$3,800MM en 2021 sin concurso público, a través de 3.5 millones de órdenes de servicio en los 3 niveles de gobierno.

9. Iniciar los Planes Puno y Cajamarca, con intervención directa en soporte administrativo, ayuda social, capacitación e inversión pública. En Puno, 5 de los 7 últimos gobernadores están presos o en investigación por corrupción.

10. Eliminación de la anemia en un proyecto conjunto de empresas privadas que tienen redes logísticas/distribución de cobertura nacional a través de OxI, en su nueva modalidad Fast Track.

Solo decir que toda crisis es una oportunidad para hacer reformas, hacer las cosas bien, crecer, aumentar los niveles de empleo y bienestar en todo el país, pero especialmente en aquellas zonas y sectores más vulnerables de la economía.

Finalmente quiero comentarles que cada dos meses, estaremos publicando una versión mejorada de este plan general de reformas y construcción de infraestructura.

Por José Quesada Seminario

(*) CEO de Quesada & Asociados y Director Ejecutivo de la Asociación Civil Perú 2.0

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