Plantean de urgencia revertir pobreza energética en Perú: es tarea prioritaria para el Gobierno, señala especialista

Mecanismo de compensación defendido por Dina Boluarte y concesionarios colombianos es contraproducente.


Expuestas las cifras oficiales de pobreza del 2023 que muestran el incremento de personas que se sumaron a este sector: 596 mil, de las cuales 249 mil no pueden cubrir siquiera la canasta alimentaria; corresponde hacer análisis sectoriales para tomar decisiones de políticas de Estado.

Me voy a referir al sector energético, en particular al combustible utilizado por los hogares para la cocción de alimentos, donde quedará de manifiesto que el Ejecutivo en una extraña coincidencia con los concesionarios de distribución de gas natural (GN), controlado casi en su totalidad por empresas colombianas, promueven una posición que va a contracorriente a las necesidades de los sectores pobres y de la disponibilidad de los escasos recursos fiscales y fondos de aporte ciudadano.

Hay 1.8 millones de hogares en pobreza que utilizan carbón y leña

La reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) denominada “Evolución de la Pobreza Monetaria 2014-2023”, analizada para el 2023, conjuntamente con las tasas de crecimiento de viviendas ocupadas, señaladas en el documento del INEI titulado “Característica de las Viviendas Particulares Censadas”, permite hacer afirmaciones sobre la cantidad de hogares que utilizan exclusivamente combustibles contaminantes  para cocinar.

Existe a nivel nacional un total de 10.75 millones de viviendas ocupadas (MMV), de las cuales usan exclusivamente carbón o leña o similares: 280 mil (MV) en el sector de extrema pobreza, 510 MV en sector pobre no extremo y un sorprendente 1.0 MMV en el ámbito no pobre. En total, 1.79 MMV que no tienen acceso ni al gas licuado de petróleo (GLP) ni al promocionado GN.

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Desde abril del 2012 se comienza a utilizar el concepto de inclusión social en energía, a raíz de la publicación de la ley 29852, conocida como la ley del FISE (Fondo de Inclusión Social Energética). Es clarísimo que se estaba buscando de incorporar a sectores pobres a utilizar un energético diferente a los contaminantes que utilizaban: carbón, leña u otros.

Una variable adicional para el análisis es la ubicación de los hogares en pobreza, según el INEI la pobreza en la zona urbana comprende al 26.4% de sus habitantes y el 39.8% de la zona rural.

Por lo mencionado, el uso de los recursos del FISE tiene que ser direccionado a sectores pobres de preferencia. Es obvio que, de ordenarse también el uso de fondos del tesoro público, tiene que ir en esa dirección, más aún cuando estamos lidiando con la meta del déficit fiscal recientemente ampliada de 2.0% a 2.5% del PBI, con pronósticos nada favorables a su cumplimiento.

La inclusión energética no pasa indispensablemente por tender redes de GN

Teniendo claro que las políticas sociales del Estado tienen que privilegiar a los sectores pobres y de pobreza extrema, con el menor impacto a la disponibilidad de los recursos del FISE y de la caja fiscal, cabe preguntarse ¿el tendido de redes de distribución está alineado con esos principios?

Analicemos la habilitación de viviendas con GN que comprende: tendido de redes, derecho de conexión, acometida e instalaciones internas.  En zona urbana el costo es del orden de US$ 3,000 por hogar. Siendo las cifras tan elocuentes para empezar en la zona rural, allí se presenta un incremento por la menor densidad de viviendas, con una disminución de la densidad en 17%, el costo total por vivienda se incrementa en 13%, llegando a US$ 3,390.

Para una meta de 100 mil viviendas anuales en zona rural se requerirían 339 millones de dólares (MMUS$), e inmediatamente hay que pensar cómo se financiaría.

El FISE es insuficiente para financiar la masificación del GN

La recaudación anual del FISE es del orden de 211 MMUS$, de los cuales ya se destina el 40% (84 MMUS$) para habilitar el servicio de GN por redes, el 60% restante (127 MMUS$) ya tiene cinco destinos diferentes: instalación de paneles solares en zonas rurales, nivelación de tarifas de electricidad, financiamiento de intereses de facturación eléctrica de la época del Covid e incluir al GLP a consumidores en zonas de bajos recursos.

Las fuentes de aporte al FISE dependen del consumo de electricidad de los 3,320 puntos de suministro eléctrico de los clientes libres de electricidad (consumidores de más de 200 KW), de las ventas de GLP y líquidos de GN y finalmente de un cargo en el transporte de GN desde los lotes productores (88,56 y 57), que al final lo pagamos todos ya sea en la factura de electricidad, en el balón de GLP o en los consumos de GN.

En este escenario de recaudación y uso del FISE, no habrá variaciones significativas y lo que se puede destinar al GN es los 84 MMUS$ actuales, que podrán habilitar 28,000 nuevas conexiones en zona urbana y no necesariamente en los sectores pobres.

El FISE no alcanzará para financiar compensación de consumos en regiones

Por lo explicado, el FISE no podrá aportar más allá de los destinos actuales, sin embargo, desde Palacio de Gobierno, tanto en el período de Pedro Castillo como en el de Dina Boluarte, persisten en que debe subsidiarse a empresas con consumos mensuales mayores de 50 mil metros cúbicos (Mm3) y  hasta 900 Mm3, lo que implica un costo anual del orden de 43.8 MMUS$, calculado sobre los clientes industriales de Gases del Pacífico SA (QUAVII), incluyendo a 5 consumidores de 900 Mm3 al mes que pudiese tener.

Como el FISE no puede hacer la cobertura del monto señalado, en el que no se incluye a los clientes de Petroperú en la concesión del Sur (Arequipa, Moquegua y Tacna), la única forma de lograrlo es con cargos adicionales a los usuarios, más la caja fiscal

La mendacidad que la compensación permitirá masificar

Se afirma que el mecanismo de compensación a los costos del GN de los clientes de las regiones permitirá la masificación, la pregunta es ¿los concesionarios de distribución pondrán los fondos?

Se supone que la compensación va directo al consumidor y no a la empresa concesionaria. Lo que nos estarían afirmando aquellos es que con las medidas que demandan tendrán más recursos para masificar, de ser así que nos digan ¿cuántas conexiones harán con sus fondos?

Los ministros Rómulo Mucho y José Arista han planteado la interrogante básica ¿cuánto aportarán los concesionarios?, y ¿cuánto quieren que pongamos los consumidores y la caja fiscal? Queda claro que ni lo han pensado. Es hora que lo hagan en lugar de estar cabildeando en el Congreso para boicotear la aprobación por insistencia de la ley de masificación en condiciones que no tienen los excesos y contradicciones que se pregonan.

Por César Gutiérrez

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