¿Qué tipo de empresas nacionalizará Pedro Castillo?
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Una de las propuestas más resaltantes es la nacionalización o estatización de empresas en caso estas no acepten las nuevas condiciones. El capítulo 3 del plan de gobierno plantea que de “no aceptar las nuevas condiciones de negociación, el Estado peruano debe proceder a la nacionalización del yacimiento en cuestión de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros”.

Principalmente se plantea que el Estado debe tomar el control total de los tres importantes sectores que generan riqueza inmediata, es decir los sectores mineros, gasíferos y petroleros.

“Los principales yacimientos de la gran y mediana minería como Yanacocha, Antamina, Toromocho, Marcona, Cuajone, Quellaveco, Toquepala, etc., deben ser nacionalizados y pasar descentralizadamente a la administración de los gobiernos regionales, según su jurisdicción. El yacimiento gasífero de Camisea, los pozos petroleros, refinerías y centrales hidroeléctricas, también”, sostiene el partido Perú Libre.

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¿Qué implica este proceso? “De manera general una nacionalización implica que el Estado pasa a ser propietario de alguna empresa o actividad productiva”. Castillo también hace referencia a nacionalizar los recursos. Es decir, ya no se entregarán a los privados para que los exploten, sino que se va a ”controlar su explotación, de repente incluso a través de una empresa donde se va a tener participación como Estado”, dice el economista Marcel Ramírez.

Actualmente en la minería al entregarse en concesión el recurso a un privado se permite que el recurso sea de libre disposición de la empresa para su explotación y exportación, “y lo único que recibe el Estado es la tributación de la empresa, es decir los impuestos, y también las regalías”. “Esto no sería suficiente”, es criticado por el plan de gobierno de Castillo, pues “las ganancias que obtienen las transnacionales y algunas grandes nacionales no se invierten en el país, sino en el extranjero”.

Otro de los cambios es en la proporción de reparto de utilidades, donde el 20% iría a la empresa y el 80% al Estado.

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