¿Queremos a los peruanos sin techo?

¿Queremos a los peruanos sin techo?
  • Fecha Viernes 12 de Julio del 2019
  • Fecha 5:10 am

El proyecto de ley 1112 – 2016, “Ley que establece medidas para la generación de suelo urbano a fin de reubicar o reasentar a la población afectada por desastres naturales”, promovido por la congresista Marisa Glave y la Comisión de Vivienda liderada por la izquierda, pretende a través del artículo del citado proyecto obligar a los constructores de viviendas multifamiliares en el Perú a reservar no menos de 8% del proyecto para personas afectadas por desastres naturales.

Es decir, de un edificio de 120 departamentos, diez departamentos tendrían que reservarse para ser ocupados en un eventual desastre natural (¿?) en cualquier parte del Perú, sin que el constructor pueda vender dichos departamentos. El colmo de los absurdos, que solo paralizaría la actividad de construcción de viviendas multifamiliares que en los últimos años ha permitido que cientos de miles de peruanos tengan una vivienda digna.

Desde los albores de la humanidad, el ser humano  ha buscado un techo para cobijarse, en la Edad Media los que no moraban dentro de las fortalezas, de ley lo hacían en poblados (serfdoms) del rey y, en el siglo 19, con la revolución industrial los gobiernos empezaron a construir complejos habitacionales, preocupados por dotar de un techo a los obreros de la manera más económica posible.

El Perú no fue ajeno a ello con los grandes complejos habitacionales y unidades vecinales de los presidentes Benavides, Odría y Belaunde. A partir de 1980 y con más intensidad en los 90, el sector privado de desarrollo inmobiliario empezó a incursionar en viviendas multifamiliares en Lima y las principales ciudades del país, pasando de construir unas 6,000 viviendas al año en 1996 a 50,000 viviendas en edificios o complejos multifamiliares el año 2013, principalmente para los segmentos de ingresos medios y bajos de la población.

PROGRAMAS ESTATALES

Entre 2014 y 2016, decisiones políticas y administrativas erradas redujeron la producción formal en proyectos de vivienda a casi la mitad, habiendo ésta repuntado hasta llegar a 38 mil unidades de vivienda el 2018. En todo esto el Estado ha participado principalmente a través del Fondo Mivivienda, creado en el año 2000, y posteriormente promoviendo programas como “Techo Propio” para personas de bajos ingresos.

Como consecuencia de ello, hoy más de la mitad de la producción formal de vivienda en el país corresponde a estos programas estatales. Sin embargo, el Estado no ha sido proactivo disponiendo el uso o venta de terrenos de su propiedad para proyectos masivos de vivienda. A pesar de ello, el sector privado, y muchas veces de la mano del Estado, ha venido desarrollando miles de viviendas en Lima, Trujillo, Arequipa, Ica y todas las ciudades permitiendo a millones de peruanos, como nunca en nuestra historia, tener una vivienda digna y formal.

La construcción significa un (5.8%) del PBI y emplea a un millón de personas directamente y a  tres millones indirectamente. Es una típica actividad de gran impacto socio–laboral y de gran efecto reactivador en las economías de los países. Gran parte del impulso reactivador de las políticas de Franklin D. Roosevelt después de la crisis norteamericana de 1929 fue con gasto masivo en viviendas, lo que movió muchos otros sectores de la economía, desde hierro y cemento hasta cables, vidrios, carpintería y muchos otros sectores. Lo inverso ocurre cuando la construcción de viviendas decae, como estoy seguro ocurrirá si se paraliza la construcción de viviendas multifamiliares en el Perú.

EL PROYECTO

El proyecto de ley aparenta preocuparse por las personas afectadas por desastres naturales acudiendo a figuras de falso asistencialismo que no resuelven el problema de fondo que corresponde al Estado, y pretende responsabilizar al sector privado con una norma evidentemente destructiva económicamente e ilegal y anticonstitucional por diversos ángulos.

Corresponde al Estado velar por los afectados por desastres naturales, tanto en prevención como en remediación de desastres, y para ello cuenta con fondos de contingencia, el Fondo de Estabilización Fiscal, y líneas de crédito de contingencia del BID, la CAF y el Banco Mundial por más de 1,200 millones de dólares. Si vemos las experiencias de los huracanes Katrina, Andrew y otros en EEUU, el gobierno asumió la protección de los afectados; también, más cercanamente, en Chile, en los terremotos de Concepción y otras ciudades, el Estado chileno asumió las responsabilidades.

Pretender transferir la responsabilidad de los damnificados por desastres naturales al sector privado es antitécnico, confiscatorio y atentatorio contra el empleo, la paz social y la estabilidad de la economía.

IMPACTOS

Finalmente, para ilustrar algunos de los impactos del malhadado proyecto de ley: habría una parálisis de la industria de la construcción de viviendas multifamiliares en el Perú, similar o peor a la ocurrida en los años posteriores al 2013, que sumó casi 33 mil millones de soles; habría una pérdida de al menos 160 mil empleos directos y efectos negativos sobre 480 mil empleos indirectos cada año; en el supuesto de que se construyan 28,000 viviendas privadas en Lima al año, 2,200 viviendas estarían paralizadas con un valor de 770 millones de soles anualmente inmovilizados, lo cual originaria un evidente impacto negativo a la economía; el costo de las viviendas subiría en no menos de 9%, dependiendo del tipo de vivienda y las características del proyecto.

En el ejemplo inicial de un edificio de 120 departamentos económicos, el valor de un departamento subiría de S/180,000 a S/197,000, lo que implicaría para el comprador una mayor cuota inicial y un mayor pago de su préstamo hipotecario. El impacto es proporcionalmente mayor aún en los proyectos de Techo Propio, donde el comprador tendría que poner de su bolsillo la diferencia entre el bono del Estado y el valor de la vivienda aumentada por el impacto que tendría esta ley. Para concluir, el impacto para el Estado de una paralización de construcción de viviendas multifamiliares sería enorme en recaudación de impuesto a la renta e IGV, y para los municipios impuestos prediales y alcabalas.

En suma, es una ley donde nadie gana, ni el comprador de viviendas, ni el constructor inmobiliario, ni los trabajadores del sector e industrias conexas, ni los damnificados, y mucho menos el Estado. Corresponde al Congreso poner fin a esta desdichada iniciativa por el bien del Perú.

(Por Ismael Benavides)

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