Reinfo: Controversia y críticas en torno a la extensión del registro minero
El impacto económico de la minería ilegal es alarmante. Se estima que esta actividad ilícita produce más de 10 mil millones de dólares anuales.
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El Congreso de la República aprobó la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 30 de julio de 2025. La decisión se tomó con 87 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones, a pesar de las múltiples críticas que ocasionó este mecanismo desde su creación.
Aunque inicialmente se diseñó en 2012 como una herramienta para formalizar la extracción de oro en el Perú, las ampliaciones del Reinfo a lo largo de los años transformó este registro en un medio que, según especialistas, facilita la legalización de actividades mineras ilegales y el lavado de oro de origen ilícito.
El abogado y experto en temas ambientales, César Ipenza, considera que el Reinfo promovió la impunidad y la falta de control estatal sobre la minería. En sus declaraciones, Ipenza explicó:
"Este registro comenzó como un compromiso en 2012. En 2017 se transformó en el Registro Integral de Formalización Minera, pero incentivo la impunidad y el alquiler de inscripciones para comercializar oro, lo que evidenció la falta de fiscalización", dijo a Contracorriente.
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La situación, según el especialista, permitió la proliferación de actividades que no solo son ilegales, sino también peligrosas para las comunidades y el medio ambiente, ocasionando contaminación y tragedias humanas.
El impacto económico de la minería ilegal es alarmante. Se estima que esta actividad ilícita produce más de 10 mil millones de dólares anuales, superando incluso al narcotráfico y la trata de personas.
Según Erika Schaefer, directora de la ONG Tierra y Ser, la minería ilegal pone en peligro la salud de la población, especialmente en zonas como Tambogrande, donde los niños sufren enfermedades graves como parálisis cerebral debido al uso de químicos como el cianuro.
A pesar de las críticas, el Congreso aprobó la extensión del Reinfo, buscando, según el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, "resolver el problema sin imponer medidas drásticas".
Sin embargo, la decisión fue rechazada por diversas voces del Congreso, como la congresista Diana González (Avanza País), quien calificó la medida como un "aval a bandas criminales, narcotráfico y extorsionadores".
Por otro lado, algunos expertos y defensores del medio ambiente advierten que la extensión del Reinfo solo perpetuará la informalidad. Eduardo Herrera, de la Defensoría Nacional Anticorrupción, señaló que el Estado es ineficiente en la gestión del registro, lo que causó un alto grado de desconfianza en la herramienta.
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