Sigrid Bazán insiste en estatizar ahorros para jubilación de los peruanos: congresista de izquierda recicla proyecto, lo maquilla y presenta como nuevo

Se obsesiona en crear Sistema Integrado Universal (SIUP) que formule política nacional de segu-ridad social, confiscar aportes de afiliados al Sistema Privado de Pensiones menores de 45 años y pasarlos automáticamente al sector público.

Diario expreso - Sigrid Bazán insiste en estatizar ahorros para jubilación de los peruanos: congresista de izquierda recicla proyecto, lo maquilla y presenta como nuevo

La congresista izquierdista Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) acaba de presentar, como nuevo proyecto de ley de reforma de pensiones, un dictamen que recicló del 2023, lo maquilló con pequeños cambios y que en esencia busca que el Estado tome el control de los ahorros para la jubilación de los peruanos mediante la confiscación de sus fondos privados. 

“#NuevoProyectoDeLey. Tal y como lo había adelantado, ya está listo el proyecto de ley con el que planteamos una verdadera Reforma del Sistema de Pensiones, que ponga en primer lugar a la ciudadanía y no los intereses de las AFP”, escribió el lunes 30 de setiembre en sus redes, sin dar ninguna precisión sobre el contenido de su iniciativa legislativa.

Al día siguiente, el martes 1 de octubre, Sigrid Bazán presentó oficialmente al Congreso el Proyecto de Ley N° 9061, que no es otro que el dictamen que ella misma elaboró y logró hacer aprobar cuando fue presidenta de la Comisión de Trabajo, en mayo de 2023.

En aquella ocasión, su dictamen lo denominó “Ley que optimiza el sistema de pensiones”, orientado a la nacionalización de las pensiones. Y ahora lo rotula como “Ley de reforma del sistema peruano de pensiones”, con el mismo objetivo de obligar a que los peruanos pasen sus ahorros para la jubilación al sector estatal.

Irregularidades

El 24 de marzo de 2023, Bazán sustentó su dictamen y fue rechazado en mayoría en la Comisión de Trabajo que ella misma presidía. Enseguida, los congresistas Segundo Montalvo y Elizabeth Taipe (ambos de izquierda) presentaron reconsideración a la votación. Después de casi dos meses, el 23 de mayo, ingresó al sistema documentario del Parlamento el dictamen en mayoría rechazado, y Sigrid Bazán, de inmediato, registró el mismo contenido, pero como dictamen aprobado en minoría, documento que acumuló proyectos de ley de las bancadas Podemos Perú, Perú Libre, Acción Popular y Perú Democrático.

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Al otro día, el 24 de mayo, el Oficial Mayor del Legislativo –mediante oficio N° 2055-2022-2023-ADP-D/CR– regresó ambos dictámenes a la comisión, de conformidad con el artículo 70 del Reglamento del Congreso, que precisa que, si el dictamen en minoría está firmado por un número igual o superior al de mayoría, ambos deben retornar a la comisión para dar claridad a las posiciones de sus miembros.

El 26 de mayo se votaron ambos dictámenes, iniciando con el de mayoría, el mismo que fue rechazado con el voto decisivo nada menos que de la propia presidenta de la Comisión de Trabajo. Ahí mismo se sometió a votación y se aprobó el dictamen en minoría, que durante la sesión estuvo sujeto a cuestionamientos como repetición de firmas en ambos dictámenes del congresista Raúl Doroteo, conducción no democrática de las intervenciones y pedidos de opinión sin consideración del legislador Carlos Anderson, quien finalizó manifestando su interés en censurar a la mesa directiva de la comisión.

Finalmente, el 26 de julio se oficializó la fórmula sustitutoria del dictamen aprobado en minoría, pasando a ser en mayoría. Pese a que todo lo que hizo Sigrid Bazán, su propuesta no logró ser incluida en agenda del Pleno.

Maquillaje

Ahora que el Ejecutivo promulgó la Ley N°32123 (Modernización del sistema previsional peruano), el último martes 24 de siembre, previamente aprobada en el Congreso y que recoge lo mejor de los sistemas público y privado, Bazán pretende derogarla sin siquiera esperar a que se reglamente.

La ley promulgada otorga pensión mínima a los trabajadores de los sectores público y privado, crea nuevas formas de financiamiento de ahorro para la vejez como la pensión por consumo, quita la exclusividad a la las AFP porque abre el mercado para que los afiliados puedan escoger entre bancos, empresas de seguros, cooperativas, cajas, etc., quién administra sus fondos, el cobro de comisión solo será cuando la rentabilidad que dan las gestoras sea positiva y cierra la posibilidad de nuevos retiros.

Además de cambiar el nombre a su dictamen de 2023, la legisladora solo maquilla su propuesta cambiando títulos de algunos artículos, reduce la edad de jubilación anticipada de 55 a 50 años (contrario a todo lo que opinan entidades técnicas nacionales e internacionales) y obliga al empleador de las microempresas a aportar por igual que las pequeñas, medianas y grandes empresas, pese a que primero solicita una moratoria.

Insiste

Lo que sí mantiene en el actual proyecto de ley presentado es su propuesta estatista de los fondos privados porque está obstinada en crear el Sistema Integrado Universal (SIUP), que se encargará de formular y aprobar toda la política nacional de seguridad social y dependerá del Ministerio de Trabajo.

Además, persiste en su planteamiento de fundar el viceministerio de Seguridad Social, adscrito al Ministerio de Trabajo, implantar un Gestor Autónomo Nacional de Pensiones (Ganapen), también dependiente del Ministerio de Trabajo, y que absorbe a la ONP, Pensión 65 y Contigo.

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Otro punto que va en contra de los trabajadores, es que Bazán mantiene su idea de que el Estado debe arrebatar los ahorros previsionales. Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) menores de 45 años pasan automáticamente al Estado, con todos sus aportes, más la rentabilidad que hayan ganado.

Si el trabajador afiliado al SPP tiene más de 45 años, por única vez, puede elegir si pasa al SIUP o se queda. Y si a esa edad opta por permanecer en el sector privado y gana más de 5 sueldos mínimos (actualmente 5,125 soles), solo podrá aportar en este sistema el excedente de ese monto, mientras que el resto de su dinero queda en manos del Estado.

En el tema de la recaudación de los ahorros de los trabajadores para su jubilación, persiste en que esté a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Respecto de la evaluación para el acceso a pensión de invalidez y sobrevivencia, porfía en que la haga una Comisión Médica del Estado. Y aquellos trabajadores que fallezcan sin haber aportado al menos 15 años, no tendrán la posibilidad de que sus sobrevivientes tengan derecho a una pensión.

Igualmente, deja de lado a los trabajadores informales, que no tendrán derecho a pensión, tampoco ofrece incentivos para que los peruanos ahorren para su vejez y en el pilar contributivo no admite traspasos entre sistemas porque tiene un solo administrador estatal. También impone al afiliado un solo tipo de comisión y desincentiva la competencia al poner tope de comisión a las gestoras.

En pared

El proyecto reciclado y maquillado, que además de Bazán lleva las firmas de los congresistas Isabel Cortez y Edgard Reymundo, ambos del Bloque Democrático Popular, ha sido derivado a la Comisión de Economía del Parlamento. Este último legislador, quizá en pared con Bazán, que en su iniciativa deroga el retiro del 95.5% a la edad de jubilación, ha presentado un proyecto para retornar este mecanismo que afecta a los trabajadores porque no les permite tener una pensión.

Luna también busca socavar la ley aprobada

Entidades técnicas nacionales e internacionales, como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP (SBS), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), están en contra de los dos proyectos de ley presentados por el congresista de Podemos Perú, José Luna, que pretenden socavar la reforma de pensiones recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo y así afectar a los trabajadores permitiéndoles retirar el 95.5% de sus fondos y jubilarse a los 50 años de edad.

La reforma de pensiones promulgada el martes 24 de setiembre por el Poder Ejecutivo, precisamente, busca ponerle fin a este tipo de medidas para que todos los peruanos tengan una pensión al jubilarse y así devolverle su objetivo primigenio al Sistema Privado de Pensiones (SPP), que precisamente es otorgar una pensión a los trabajadores para que puedan sustentar su vejez.

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