Censurable ley con nombre propio


Esta casa periodística no se casa con nadie. Aquí las cosas se llaman por su nombre sin subterfugios ni ambages. Al pan, pan; y al vino, vino. Esa es nuestra convicción fiscalizadora y nuestra defensa de la sana crítica periodística

Por eso llama poderosamente la atención la forma cómo la mayoría fujimorista tramitó y aprobó el proyecto de ley que permitirá que los adultos mayores de 65 años accedan al arresto domiciliario. No se necesita tener dos dedos de frente para darse cuenta que esa norma legal tiene nombre propio y ese no es otro que “Alberto Fujimori”.

La malhadada jornada parlamentaria del jueves pasado representa un nuevo retroceso en la labor de la mayoría fujimorista y salpica negativamente la gestión de Daniel Salaverry al frente de la presidencia del Congreso de la República. La situación del país y la baja aprobación del Poder Legislativo no están para este tipo de escenas y para el nacimiento de leyes por consigna.

Obviamente que no hubo mayor fundamento criminológico, sociológico, ni sustento técnico penitenciario que justifiquen el debate y la aprobación, prácticamente al caballazo, de una ley con tal contenido y características que sólo la convertirán en una caja de Pandora a favor de corruptelas donde habilidosos reos solo querrán burlarse de las penas carcelarias recibidas.

El arresto domiciliario ya es un problema en sí, sin contar la desorganización del Inpe, de la Policía Nacional y la falta de agentes para salvaguardar que un reo esté en su casa y no salga de ella para nada. Igual de problemático es el tema de los grilletes electrónicos sobre el cual más de un ministro de Justicia fracasó o fue el hazmerreír de todos.

Además, en un contexto de elevada criminalidad callejera y violencia en los más diversos ámbitos de la sociedad, una ley que supuestamente busca beneficiar al adulto mayor a partir de los 65 años de edad, para que termine de cumplir su condena en su domicilio, sólo va a ser música celestial para los oídos de los incorregibles y hasta será en la práctica un manto de protección para la impunidad.

En muchos casos podría ser, incluso, una afrenta para las víctimas de la delincuencia. Miles de peruanos ya elevan su crítica frente a la ley aprobada en un santiamén, gracias a la prepotencia y la arbitrariedad de la bancada de Fuerza Popular. Sencillamente otra vez se lanza una norma en favor de quien comete delitos y no de las víctimas. El mundo al revés.

En consecuencia, es un insulto a la inteligencia de millones de peruanos el haber aprobado una ley que lo que más busca es beneficiar al expresidente Alberto Fujimori. De modo que no queda más remedio que el jefe de Estado proceda a observarla, en uso de la facultad constitucional de veto que le asiste, máxime cuando en el trámite parlamentario ese proyecto de ley pasó por encima una cuestión previa que pedía que pase primero a la Comisión de Justicia del Congreso.

Por tanto, resulta pertinente la presentación de una moción de censura contra el titular del Parlamento, Daniel Salaverry, dadas las prácticas autoritarias que se evidenciaron anteayer en el hemiciclo parlamentario.

 

Si Fuerza Popular quiere ayudar a Alberto Fujimori frente a su indulto humanitario anulado, hay otros caminos porque en este se equivocaron escandalosamente.