Colegios de abogados y lucha anticorrupción

No es la primera vez que los colegios de abogados son desbordados por algunas ONG dedicadas a los derechos humanos y dizque al estudio de la administración justicia. Esas ONG hace tiempo que, debido a sus millonarias donaciones, organizan cursos, seminarios y talleres, además de la edición y publicación de libros de jueces y fiscales, con el objetivo de “fichar” amigos y comprometer voluntades en su línea política e ideológica.

No cabe duda que su poder ha crecido y no les resulta difícil infiltrar a las instituciones del Estado (Poder Judicial, Ministerio Público y Consejo Nacional de la Magistratura) con sus “cuadros” formados o promocionados gracias a sus aparatos mediáticos.

Lamentablemente los colegios de abogados de Lima, Callao y de todo el país, quizás preocupados por sus acciones inmediatas y la individualización de casos éticos o deontológicos, no ve el problema macro de la lucha contra la corrupción donde cada abogado puede hacer mucho para mejorar su rol en la sociedad.

En esencia falta mejorar los criterios, los planteamientos y la mirada totalizadora de los colegios de abogados y sus medidas de fiscalización a los estudios de abogados ligados a esas ONG politizadas y a los abogados que han venido prestando servicios a Odebrecht, entre otras empresas del “Club de la Construcción”.

Lo grave es que esas ONG, cuyo número se puede contar con los dedos de una mano, no solo están rebasando a los colegios de abogados sino que ahora se prestan al juego político con el objetivo de violar la ley al pedir la expulsión −ipso facto− de uno de los integrantes de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), como ha sido el caso del doctor Pedro Chávarry, fiscal de la Nación.

Sobre el particular no le falta razón a diversos especialistas, por ejemplo a la exprocuradora Katherine Ampuero, quien ha cuestionado ese pedido contra el fiscal de la Nación formulado por un abogado vinculado a una de esas ONG y quien incluso prestó servicios profesionales a la corrupta Odebrecht.

Ese tipo de intromisiones de organismos no gubernamentales como ProÉtica sobre la CAN debe ser rechazado de plano y estudios de abogados vinculados a las ONG también deben mantenerse al margen de la discusión sobre la pertenencia o no de Pedro Chávarry a dicha entidad del Estado que trabaja contra la corrupción y que está dirigida por el Poder Judicial.

Por tanto, se requiere más atención y mejores acciones correctivas frente a las presiones que grandes estudios de abogados ejercen, a veces junto a ONG ideologizadas, para levantarse en peso a las instituciones de la administración de justicia y a la ley haciendo una especie de cortina de humo o labor de zapa en favor de las firmas del “Club de la Construcción”, desde donde se corrompió al sistema político.

Finalmente, los colegios de abogados pueden aportar mucho a fin de reconocer y promover a aquellos agremiados que defienden cabalmente la lucha contra la corrupción y la libertad de prensa en nuestra sociedad.