¿Contubernio de Concepción Carhuancho y fiscales?
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Por un lado fiscales como José Domingo Pérez sostienen que lo amenazan a él y a su familia, y denuncia –extrañamente– que han forcejeado las cerraduras de la puerta en el departamento miraflorino donde vive. De otro lado, Keiko Fujimori y su entorno aseguran a los cuatro vientos que la imputación de la Fiscalía acerca de que “Fuerza Popular es una organización criminal”, desde su denominación Fuerza 2011, es falsa y arbitraria.

Al medio, un magistrado del Poder Judicial (PJ), efectista o drástico como Richard Concepción Carhuancho, nuevamente se excede en sus resoluciones causando resquemor en los niveles superiores de la judicatura, como la Sala Penal Nacional de Apelaciones que preside el juez superior César Sahuanay; colegiado que no dudó en enmendarle la plana frente a la detención preliminar de 10 días de Keiko Fujimori y 19 miembros vinculados a Fuerza Popular.

Sin embargo, al término de ocho días de dictada la detención todos ellos recobraron su libertad aunque sin que sus problemas se resuelvan del todo, porque no solo han recusado al magistrado Concepción Carhuancho sino que este también los cita a nuevas audiencias con el objetivo de dejar, a pedido del fiscal Domingo Pérez, la fase de la investigación preliminar y pasar a la de investigación preparatoria en el tema de un supuesto lavado de activos por el caso Lava Jato.

En estas circunstancias, las de un abierto fuego cruzado entre esos intervinientes, aparece muy aparte la posición de la opinión pública y la academia que invocan al equilibrio y a la racionalidad; y son los que miran desde los ojos del ciudadano de a pie que se evidencia un abierto ‘show’ mediático en muchas decisiones fiscales o en las resoluciones del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria. Por tanto, sería mejor que se serenen los roles para no caer en el extremo de la persecución o en el del blindaje corrupto.

Pensamos que el trabajo profesional y especializado del Ministerio Público y la sabiduría jurídica, de la cual no debería apartarse ningún despacho judicial, deberían proceder a realizar una labor con mayor objetividad y proporcionalidad en todos sus ámbitos. No obstante, para empezar tiene que esclarecerse la posible existencia de un contubernio entre el juez Richard Concepción y dos o tres fiscales de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, sin olvidar obviamente al fiscal Domingo Pérez, del caso Lava Jato.

Esto sería terrible de comprobarse pues, por más que cooperen las instituciones de la Fiscalía y el PJ, en tanto organismos de la administración de Justicia, la práctica de una relación subjetiva o parcializada entre esas magistraturas rompería el Estado de Derecho en el país y se convertiría al foro en un campo minado donde se persigue a quien se les ocurra. En otras palabras, el PJ es independiente respecto de la Fiscalía y la parte civil. Esa equidistancia no puede sacrificarse nunca.

Señores, en un caso de lavado de activos o el que fuere, no se puede generalizar los elementos de convicción sin la respectiva individualización para cada imputado. Estemos atentos a la recta administración de justicia porque el caso “Cocteles” no es el único donde Concepción Carhuancho y algunos fiscales podrían estar procediendo con parcialización punible.