El hazmerreír del impedimento de salida

¿Quién entiende las cantinfladas en las que incurren muchos fiscales y jueces con relación a los pedidos y trámites de los impedimentos de salida del país? Es más, esta figura jurídica no solo tiene que ver con el Ministerio Público y el Poder Judicial, sino que también mete su cuchara el Ministerio de Justicia a través de sus brillosos protocolos a seguir.

En otras palabras, la pelota también está en la cancha del Ejecutivo, pues dicho protocolo de actuación se concreta junto a la labor policial y esto tiene que ver en su ejecución con el Ministerio del Interior. Obviamente que el impedimento de salida del país es una medida de coerción que restringe el derecho a la libertad de tránsito y busca evitar la fuga de un imputado o de quien fuera testigo en un proceso penal.

Existe también el impedimento de salida del país por omisión de pensión alimenticia, pero son los sonados casos de corrupción los que más impacto tienen en la opinión pública, donde imputados como César Hinostroza o José Graña Miró Quesada, con o sin esa medida restrictiva en su haber, hacen de las suyas alegremente para burlarse de la autoridad.

Esto nos lleva a exigir a la administración de justicia que tenga más coherencia y sano criterio, pues al parecer quien debe tener un impedimento de salida no lo tiene, o hay casos similares donde el juez resuelve con ciento ochenta grados de distancia. La falta de esta ecuanimidad en los corrillos fiscales y judiciales respecto del impedimento de salida hace que el tema sea aprovechado por quienes buscan impunidad como José Graña, exdirectivo de la empresa GyM, socia hasta no hace mucho de Odebrecht.

No va haber una lucha eficaz contra la corrupción mientras no haya orden y cada fiscal o juez se dispare por su lado para pedir o no pedir el impedimento de salida del país de un investigado, imputado o procesado.

Es cierto que en el argot jurídico reza el dicho “lo que no está en el expediente no es de este mundo”, dando a entender con esto que, obviamente, cada caso es uno y original. Eso lo sabemos y está fuera de discusión, sin embargo el punto es adoptar las previsiones para que a partir de fugas como la de César Hinostroza, no terminen los poderes del Estado enfrentados, siendo el hazmerreír de propios y extraños.

Además, en el caso de José Graña, también con estancia en España, es cuestionable que esté exento de ese tipo de medidas restrictivas al libre tránsito, habida cuenta de que está implicado en presuntos sobornos, en su calidad de socio preferido de Odebrecht, entregados al expresidente Alejandro Toledo por la obra de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, y también tiene serias acusaciones por su pertenencia al denominado “Club de la Construcción”.

¿Qué queremos en nuestro país frente a los sonados casos de coimas y “propinas” cariocas? ¿Están las autoridades preparadas para evitar que nuestro Estado se convierta en una coladera en provecho de mafiosos y corruptos?

Puedes encontrar más contenido como este siguiéndonos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter.