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EDITORIAL

En las últimas semanas, tres alcaldes distritales han sido asesinados, los tres en el norte. Eran las autoridades locales en Paimas en Ayabaca, en Pión en Chota, y en Yaután en Casma.

Los tres burgomaestres han sido víctimas de sicarios. El primero de un tiro en la nuca, el segundo asesinado por la espalda, el tercero en un ómnibus interprovincial, al lado de su esposa.

Según la Asociación de Municipalidades, setenta alcaldes en todo el país han sido amenazados de muerte en lo que va del año. Claramente, esto está fuera de control.

Donde no se trata de inseguridad ciudadana, la corrupción –generalmente ligada a la construcción y la propiedad inmueble– es la causa de los asesinatos.

Visto el problema como un solo proceso, la inseguridad y la corrupción tienen una misma raíz en el narcotráfico.

Como el dinero es cada vez más difícil de mover por el sistema bancario y los volúmenes de efectivo complicados de trasladar, el abastecimiento de armas a cambio de droga alimenta la inseguridad ciudadana.

Y la corrupción se multiplica en el lavado de activos en la propiedad inmobiliaria, en la compra del funcionario y en los préstamos de dinero a tasas leoninas que luego no se pueden pagar, lo que origina el asesinato a lo que alguna prensa llama frívolamente “ajuste de cuentas”.

Atacar, en consecuencia, la corrupción y la inseguridad sin ir a su raíz común en el narcotráfico es un diagnóstico que conduce a un remedio disfuncional.

Actualmente, el norte –Piura, Cajamarca y Áncash, especialmente– está infiltrado por el narcotráfico.

Lo mismo que el sur, en las rutas desde el Valle de Apurímac (Vraem) por vía aérea hacia Bolivia y el Brasil y por vía terrestre hacia Huancayo y Lima.

No hace falta tener acceso privilegiado a fuentes de información. Eso es evidente para cualquier observador.

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski está viendo al Perú desangrarse y se agota en acciones erráticas que no apuntan al blanco correcto. Sigue agarrando el rábano por las hojas. No se atreve a actuar directa y abiertamente contra el narcotráfico, con interdicción aérea y acción unificada de la Policía y las Fuerzas Armadas.

No dispone de mucho tiempo más antes de que la ciudadanía le pierda el respeto.