Justicia itinerante y reto mayor

Transcurrirá todavía mucho tiempo para que la Corte Suprema de Justicia de la República pase el trago amargo que ahora la agobia, con el riesgo de que quizás transcurran los años y sigamos con la misma vulnerabilidad corruptora dentro de un poder tan importante del Estado como el Judicial.

Hay –y habrá– unas de cal y otras de arena. Por ejemplo ayer la Corte Suprema saludó que la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso haya aprobado por unanimidad el dictamen del Proyecto de Ley 1861/2017-PJ (“Ley que regula la implementación de la Justicia Itinerante para el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad”), con el objetivo de brindar un mejor servicio a las personas de zonas alejadas y que viven en situación de pobreza.

Esto es bueno pero no borra ni reduce la gran deuda que el Poder Judicial tiene con 31 millones de peruanos, a la luz de la inmoralidad descubierta a través de los “CNMaudios”, entre otros sancochados que deberían hacer ruborizar a más de un magistrado.

De manera que es alentador que jueces supremos como la doctora Janet Tello Gilardi, quien preside la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, impulsen este tipo de iniciativas legislativas. Sin embargo, hay más acciones que los demás magistrados de la Corte Suprema deben realizar con el objetivo de sentar las bases duraderas de un Poder Judicial más acertado, exento de argollas o de una suerte de clubes privados usados para beneficiarse con antojadizos, millonarios e inmorales devengados.

Ese tipo de malas acciones son dañinas e indignan a los ciudadanos decentes del país. Por eso es la hora de los buenos jueces, que los hay, y a ellos hay que empoderarlos mucho más para que le digan a la población y en particular a los litigantes –con hechos palpables– que sí vendrán buenas decisiones a fin de cumplir con lo que la ley manda.

En ese sentido, el día a día de la Suprema debería ser ejemplar, contribuyendo a limpiar la institución, a quitarle toda sombra de duda a sus resoluciones y eliminar la sempiterna carga procesal que se genera por operadores del derecho mañosos y en medio de leguleyadas.

Nada de esto se consigue con medias tintas, con debilidad o con la complicidad de malos abogados que a sabiendas, por ejemplo, de que no tienen argumentos jurídicos ni fundamento alguno presentan “casaciones” bajo el nocivo objetivo de demorar los procesos o esperando un resquicio de corrupción por donde sacarle la vuelta a la justicia.

Esa mala costumbre tiene que terminar porque de lo contrario la judicatura no podrá nunca levantar cabeza para mirar al país con la frente limpia y en alto. Este es el reto mayor.