Justicia real y justicia mediática

No es normal que en una sociedad las noticias de comisaría, fiscalía o del fuero judicial conciten la masiva atención del ciudadano. En toda sociedad medianamente saludable y estable, la nota policial o penal guarda una proporción lógica frente al conjunto litigioso en una nación, pero no copa los mayores espacios del medio informativo, salvo que el medio se especialice en esos menesteres.

Entonces esa realidad descrita es anormal, si atendemos a los nuevos conceptos que con hartazgo se comienzan a repetir entre los analistas y la opinión pública como el de la judicialización de la política o la politización de la justicia.

De un tiempo a esta parte, los reflectores se ponen sobre determinados casos “emblemáticos” y la gran mayoría de peruanos asiste a ver cómo las personas influyentes logran que los plazos de sus audiencias resultan más cortos, comprueban cómo se agilizan las resoluciones, y confirman cómo el poder económico les facilita contratar largas filas de abogados que desfilan frente a los jueces unipersonales o los magistrados colegiados, incluso las plataformas digitales del Ministerio Público (MP) y Poder Judicial (PJ) encandilan a más de uno por su frenesí y pro actividad.

Sin embargo, hay millones de litigantes olvidados, los cuales tienen años con sus procesos paralizados, con sus expedientes arrumados en los anaqueles y escritorios de los juzgados de paz, civiles, administrativos, laborales, penales, etc. Ellos también son ciudadanos pero el sistema de justicia en muchos casos lo único que hace es ignorarlos, campeando la arbitrariedad o la corrupción a la vuelta de la esquina.

Este es el resultado de la ineficiencia de nuestros poderes públicos, que generan malos gobernantes e ineficientes magistrados, tema que a la larga agudiza la carga procesal, así como la falta de oralidad e inmediatez en los órganos jurisdiccionales. Por supuesto que los poderosos o los pillos metidos en las cuestiones de Estado son los que sacan ventaja, como el prófugo Alejandro Toledo.

Así, cosméticamente, el sistema parece funcionar, cuando vemos exjefes de Estado investigados o procesados, como Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala, o cuando los entornos palaciegos de otros políticos como los de Alan García y Keiko Fujimori son cercados por las pesquisas fiscales, empero el número de casos mediáticos por más despliegue que se haga, solo representa un ínfimo porcentaje de la enorme carga procesal en el PJ o de las carpetas, disposiciones e investigaciones del MP.

Por tanto hay una deuda impostergable del Estado peruano para con el justiciable, particularmente de parte de los jueces supremos que pese a ganar más de 35 mil soles al mes siguen demorando la resolución de expedientes de personas humildes, de trabajadores relegados, de adultos mayores que buscan justicia, de madres de familia abandonadas, etc.

Alguna fórmula tiene que inventarse para que esos jueces supremos trabajen más y den mejores resultados, pues sabemos que en el caso del PJ prácticamente todo se paraliza en los meses de febrero y marzo debido a las consabidas “vacaciones judiciales”.

En suma, muy bonito y aparentemente ordenado aparece el MP y el PJ cuando se transmite por televisión una audiencia como la de Keiko Fujimori; sin embargo, otra es la realidad de las audiencias y de los corrillos judiciales a lo largo y ancho del país, donde se encuentra el grueso de litigantes. Magistrados, hay mucho por hacer y no solo parecer.