A+

EDITORIAL

Todavía no está claro en materia de utilidad, eficacia y lucha contra la corrupción el papel del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), pues las compras que hacen las entidades estatales continúan mostrando irregularidades, cuando no delitos y coimas.

Ha llegado el momento de implementar una serie de dispositivos legales o reajustar los existentes con el objetivo de que el OSCE cumpla el rol para el cual fue creado y supervise efectivamente las adquisiciones que hacen las instituciones públicas, entre ellas los ministerios por citar uno de los casos más importantes donde los montos que se manejan son millonarios.

Las cosas no están ordenadas al interior del OSCE para el propio Congreso de la República, en concreto para la Comisión de Economía, pues así lo ha corroborado cuando el último miércoles 23 de noviembre recibió a su nueva presidenta ejecutiva, Ana Teresa Revilla Vergara. Por eso los legisladores de este grupo de trabajo coincidieron en su pedido al Ejecutivo para que presente propuestas concretas a fin de poner freno a recurrentes hechos irregulares e ilegales en las compras estatales y que en muchos casos derivan en graves actos de corrupción.

En este tema no hay justificación que valga, como lo quiere hacer notar la bancada oficialista, en el sentido de que es poco el tiempo que llevan en la gestión del Estado como para mejorar el OSCE, dado que su titular –Ana Revilla- recién tiene unas semanas en el cargo. Al contrario, señores del gobierno nacional, estamos ante una administración, la de Peruanos por el Kambio (PpK,), que ya tiene cinco meses al frente del Estado, lapso de tiempo suficiente para dar muestras concretas de un cambio sustantivo en el OSCE.

Ahora bien, al margen de los proyectos para modificar la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley de Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, en realidad la pregunta es cuánto puede hacer el Ejecutivo y qué puede hacer para modernizar el OSCE desde sus fueros y sobre todo para poner en cada puesto de este organigrama a gente idónea para no mantener a funcionarios cuestionados que vienen de la gestión humalista anterior.

No obstante, reiteramos -y coincidimos con algunos congresistas de la Comisión de Economía- el tema no pasa solo y exclusivamente por el ámbito legal o normativo, sino en primera instancia pasa por la aplicación de medidas concretas que hagan que el trabajo -desde el primer funcionario hasta el último en el OSCE- sea eficiente y dé resultados palpables, siendo el más importante de ellos evitar que se realicen compras irregulares con testaferros y empresas que saltan como hongos de la noche a la mañana.

Instamos a la Comisión de Economía del Congreso de la República a no perder de vista la fiscalización al OSCE y de este modo realice el seguimiento correspondiente a esta entidad pues no puede ser que haya funcionarios del gobierno anterior, como tampoco no puede ser que no se tenga un informe y diagnóstico claro de la situación en la que el actual gobierno ha encontrado esta institución, y sobre todo cuando se necesita conocer cómo realmente el OSCE ha intervenido o actuado frente a sonados casos de corrupción.