Maduro ante la CPI
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El Perú es solidario y está atento a la ayuda hunanitaria que necesita un sector de la población venezolana que llega a nuestro territorio a través de nuestras fronteras.

Sin embargo, por un sentido de responsabilidad y seriedad como nación se han adoptado oportunos filtros, como presentar el requisito del pasaporte para poder ingresar al país, en el marco de las normas legales migratorias como el Decreto Legislativo N° 1350 (Ley de Migraciones) y el Decreto Supremo N° 015-2017-RE, que contiene la Política Nacional Migratoria 2017 – 2025.

Albergar a cerca de cuatrocientos mil venezolanos en nuestras regiones y ciudades demuestra el compromiso del Estado peruano para con los derechos humanos y la defensa de la libertad del ser humano frente a cualquier gobierno opresor como el que encarna actualmente Nicolás Maduro. Pero ahora el Perú da un paso más adelante, al solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue por crímenes de lesa humanidad al referido autócrata venezolano.

Esta es una posición firme del Perú, consecuente con los valores democráticos y las convicciones libertarias, amén de tener una posición solidaria para con la población del país llanero. Este pedido ante la CPI, realizado por la Cancillería y tramitado por nuestros expertos diplomáticos, siendo que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, es quien dirige la política exterior de nuestro país, resulta justo y oportuno porque profundiza la presión contra la dictadura chavista.

En otros términos, Perú marca un liderazgo claro en este tema, decisión política que ya es respaldada por otras naciones de la región. Precisamente en 15 días la CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), recibirá el detalle del pedido para investigar por crímenes de lesa humanidad a Nicolás Maduro y sus adláteres más encumbrados.

Seamos conscientes de que, para situaciones graves como las que viven millones de venezolanos dentro y fuera de su país, existen instrumentos internacionales como el Estatuto de Roma, el que tienen que demostrar su efectividad y no solo quedarse como documentos muy bien escritos pero sin vigencia en la realidad.

Entonces, lo que queda es que, previa calificación de la denuncia, la CPI determine y encargue a los fiscales correspondientes que inicien las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos, asunto respecto del cual existe abundante información de la OEA y las Naciones Unidas que identifican numerosos casos tan graves como la persecución política permanente a los ciudadanos que se oponen al régimen dictatorial chavista.

Recordemos que a inicios de julio de este año, el Perú denunció ante la ONU la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, denuncia que contó con el apoyo de 53 países, incluyendo a las naciones que integran el Grupo de Lima y la Unión Europea.