Vizcarra-Sánchez-Barreto-Arana

Este domingo debería servir para que desde la ciudadanía y las autoridades del Estado se reflexione sobre una preocupante evidencia –o coincidencia de mal gusto– que complota contra la democracia y la estabilidad de las instituciones.

Tiene que esclarecerse hasta qué punto el jefe de Estado, Martín Vizcarra, estaría supuestamente involucrado en el caso Chinchero o en otros temas como la posible relación con una de las socias de Odebrecht –nos referimos a Graña y Montero–, y esas pesquisas las realiza el Ministerio Público (MP) con un fiscal de la Nación, doctor Pedro Chávarry, que viene demostrando ser el artífice de un cambio positivo en dicha institución.

Con gran anticipación nuestra edición y portada del 11 de marzo de 2017, hace más de año y siete meses, cuando el actual presidente Vizcarra era ministro de Transportes y Comunicaciones, informaba acerca de la coyuntura política en los siguientes términos:

“Peligrosa Sociedad. Revelan vínculo de Vizcarra con Graña y Montero. El ministro de Transportes, firmante de la adenda de Chinchero, fue socio de la constructora. José Graña Miró Quesada fue denunciado ayer por la Procuraduría como supuesto cómplice primario en presunto delito de colusión agravada”.

Nos preguntamos, ¿una noticia como la señalada es la que gatilla ahora una tendenciosa voluntad por remover de su cargo de fiscal de la Nación al doctor Chávarry? El país merece explicaciones de las autoridades cuando aparecen extrañas coincidencias, sobre todo cuando sabemos que en política ellas no existen o cuando se usa como supuestos cómplices a personas que pertenecen a la función pública, quienes deberían guardar la ética para con sus instituciones.

Ahora bien, como lo planteaba el comentario editorial del viernes 12 de octubre último y la muy leída  columna “El Mundo al Revés”, de Luis García Miró Elguera, está en marcha un golpe de Estado, perpetrado paradójicamente por “fuerzas democráticas”, y el ensayo pasaría primero por remover de su cargo al fiscal de la Nación a cualquier costo. Por tanto tiene que investigarse si existe ya una cadena de transmisión golpista.

Urge conocer, entonces, esos supuestos eslabones de dicha cadena que estarían conformados por el propio primer mandatario; seguido por el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, con operadores de la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, conformada por Marita Barreto Rivera, Meza Trujillo, César Antonio Delgado Castro; instancia desde donde el 5 de septiembre se planteó a través de un “pronunciamiento” la suspensión del doctor Pedro Chávarry.

Esa acción desestabilizadora dentro del Ministerio Público hoy cuenta con otros protagonistas como el congresista Marco Arana, del Frente Amplio, desde donde se promueve un proyecto de ley con el fin de declarar en emergencia al ente fiscal del Perú. Amables lectores, ¿estamos ante un “coupe d’État” institucional o ante el primer paso de un golpe de Estado mayor? Los involucrados deberían ser investigados. A la democracia se la defiende.