El derecho a la insurgencia
“Donde termina la ley, comienza la tiranía y nace la dictadura”, advirtió en el siglo XVII el filósofo John Locke, uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés.
POR LUIS LAMAS PUCCIO
En cualquier democracia por rudimentario que sea su estado de desarrollo o evolución, lo más preeminente y que puede definir su progreso y alcance mayoritario, es el respeto irrestricto a lo que se denomina “el estado de derecho”.
Hablamos de una constante que marca diferencias consustanciales entre los distintos gobiernos: los que por encima de todo respetan los derechos de los ciudadanos, y aquellos otros que se aprovechan del poder para abusar a favor de sus intereses particulares, en desmedro o menosprecio de los derechos de las grandes mayorías.
Todas las personas sin excepciones, instituciones, entidades públicas o privadas, incluido el propio presidente de la nación, no solo son iguales frente a las normas y el derecho sino que se encuentran sometidos por igual a los mandatos imperativos que provienen de las leyes. Si ello no sucede, es porque existen gobernantes, tiranos, dictadores o malas autoridades que desacatan e infringen los mandatos por los que ejercen la representación del pueblo.
PRINCIPIOS
Las normas constitucionales también han establecido principios por los que la ciudadanía puede recurrir a los mecanismos establecidos justamente para materializar su derecho a la protesta, a la censura, al desacuerdo, y en última instancia, para manifestar abiertamente lo que nuestra propia Constitución Política define como “el derecho a la insurgencia”, contra quienes con agravantes, premeditación y total indiferencia a lo que señalan y establecen las leyes, soslayan, menosprecian y se rehúsan a cumplir con los mandatos absolutos que provienen de la propia Carta Magna.
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