Miguel Pérez: “Hay que desaparecer la agencia de empleos que hay dentro de la Fiscalía”
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¿Cuáles serán los primeros proyectos de ley que presentará de llegar al Congreso?

La Ley Orgánica del Ministerio Público debe contemplar: a) La supresión de las fiscalías adjuntas. Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial deben tener estructuras similares, así como no hay “jueces adjuntos”, tampoco deben haber “fiscales adjuntos”. Dichos cargos se deben suplir con abogados contratados por el Estado, cuya permanencia en el cargo dependerá de su nivel de competencia. b) La desaparición de la estructura de gastos en el Ministerio Público de la Escuela del Ministerio Público -ya existe la AMAG que también forma a fiscales-, la desaparición de “cargos solapados de gerentes” cuando en realidad se esconde estatus laboral de auxiliares solo por favoritismo endogámico en la propia instrucción, y la desaparición de los “asistentes de gestión fiscal”, que en la práctica se ha vuelto una agencia de empleos dentro de la propia Fiscalía.

También tiene una propuesta sobre el Código Penal…

Modificación del Código Penal y Código de Ejecución Penal para crear la “pena privativa de la libertad en domicilio”, a diferencia de las cárceles. La razón: las cárceles están muy saturadas. Debemos deshacinarlas. Debemos mandar a sus casas a aquellos reos en condiciones de “supervivencia indigna”. Esto es, gente que haya cumplido al menos 2/3 partes de su pena efectiva.

¿Hay que expulsar a los reos extranjeros?

Debemos expulsar a los reos extranjeros, que también hayan cumplido al menos los 2/3 partes de su pena, con la obligación de no volver jamás al país bajo apremio de ejecutarse el íntegro de su pena que se le ha sido compurgada por motivos humanitarios. Cada reo le cuesta al Estado peruano más de 25 dólares diarios. No es posible que el Estado se gaste todo ese dinero solventando dichos reos en las cárceles.

¿Usted considera que la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional debe continuar siendo una elección política?

La elección de los magistrados del TC siempre ha sido política. La Constitución es la expresión política del Estado. Eso es imposible de ignorar. En el Perú nos hemos acostumbrado a la “dominación” de unos sectores que permanentemente nos dicen qué es correcto y qué no. Por ello pensamos, equivocadamente, que este Congreso no debe elegir al TC, cuando ello es un error. Si no, ¿para qué existe el Parlamento?

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